Por Josefina Herrera
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La prolongación de los trabajos sobre la carretera Federal 57 ha comenzado a generar consecuencias que trascienden los problemas de circulación, al repercutir en la actividad productiva, el transporte público y la movilidad cotidiana de miles de habitantes de San Juan del Río.
Empresarios y representantes del transporte urbano expusieron que la falta de certeza sobre los tiempos de traslado, los constantes congestionamientos y la utilización de vialidades alternas han elevado los costos de operación, provocado incumplimientos logísticos y generado condiciones de riesgo para automovilistas, pasajeros y peatones.
Prócoro Martínez, secretario general del Sindicato Unión de Taxibuses CTM en San Juan del Río, señaló que su organización concentra aproximadamente 50 por ciento de las unidades del transporte público urbano, con 113 vehículos.
Entre las rutas afectadas mencionó la 43, 38, 17 y 2, cuyos recorridos atraviesan vialidades como Juárez, Luis Romero Soto e Hidalgo, además de los puntos de conexión con la Federal 57.
La zona de avenida Hidalgo y la autopista constituye uno de los principales conflictos, debido a que varias rutas tienen que ingresar a la Central de Autobuses.
Ante los prolongados tiempos de espera, algunas unidades han dejado de entrar a la terminal y optan por retornar a la altura de la concesionaria Volkswagen, y de acuerdo con el apoderado legal, intentar completar el recorrido hasta la Central puede representar aproximadamente 30 minutos adicionales.
La consecuencia es una disminución en la frecuencia de los recorridos y pérdidas económicas para los concesionarios.
El dirigente calculó que cada unidad absorbe alrededor de 400 pesos diarios por estas condiciones; considerando 111 vehículos, estimó que el impacto mensual en combustible se aproxima a un millón de pesos.
“Son pérdidas que directamente los concesionarios se están absorbiendo directamente de sus bolsillos”, manifestó.
A ello se agrega el aumento que registró el diésel en marzo de 2026, situación que ha complicado todavía más los costos de operación.
Puntualizó que los efectos económicos no recaen únicamente en los propietarios de las unidades, ya que los usuarios también deben enfrentar recorridos más prolongados y gastos que originalmente no contemplaban.
En algunos casos, quienes llegan a la Central de Autobuses deben recurrir a otros medios de transporte o caminar para llegar a sus destinos, exponiéndose además a riesgos al cruzar zonas de la autopista.
El dirigente reconoció que no existe una ruta alterna permanente que permita garantizar tiempos de traslado, debido a que las condiciones del tránsito cambian constantemente.
“Como puede estar abierto o cerrado en un lado o en otro, entonces no hay tiempos definidos y eso fuera yo creo que ya habíamos encontrado una solución de mediano plazo”, explicó.
Ante el regreso a clases y el incremento esperado en el número de desplazamientos, recomendó a estudiantes, trabajadores y usuarios en general anticipar sus salidas para reducir el impacto de los retrasos.
Los problemas de circulación han alcanzado a colonias y comunidades que funcionan como vías de desahogo vehicular, y en este sentido el empresario señaló que atravesar el puente ubicado en las inmediaciones de McDonald’s puede tomar hasta 40 minutos, al grado de que para algunos habitantes resulta más sencillo realizar determinados desplazamientos a pie.
El presidente de Canacintra San Juan del Río, Víctor Hugo Rodríguez López, sostuvo que la problemática ya no puede considerarse exclusiva del sector industrial, pues sus efectos alcanzan prácticamente a toda la población, “la carretera 57 se ha convertido en un caos vial”, afirmó, al señalar que actualmente las empresas desconocen cuánto tiempo permanecerán detenidos sus vehículos, si las rutas alternas estarán despejadas o si se presentarán nuevos bloqueos.
El dirigente empresarial informó que de las aproximadamente 400 compañías que integran la organización, cerca de 80 por ciento ha reportado algún tipo de afectación relacionada con las condiciones de la carretera.
Aunque no existe un cálculo general de las pérdidas, explicó que en determinados casos una hora de retraso puede representar alrededor de 2 millones de pesos, además de costos que no siempre pueden registrarse de manera directa.
La incertidumbre también ha obligado a modificar la planeación empresarial, pues explicó que algunas compañías programan con hasta dos semanas de anticipación sus operaciones de compra, producción y entrega, mientras que otras han optado por trasladar vehículos un día antes para reducir el riesgo de incumplir con sus clientes.
El representante de Canacintra advirtió que las dificultades para cumplir con los tiempos de entrega pueden tener consecuencias importantes para las empresas proveedoras del sector automotriz.
Explicó que el incumplimiento de una entrega puede derivar en sanciones económicas de entre 10 mil y 200 mil pesos, además de poner en riesgo la continuidad de determinados contratos.
“Si yo como empresario fallo en entregar un material o en entregar una pieza, pues seguramente me van a cambiar, no porque sea malo, simplemente es porque estoy fallando en mis tiempos en este momento”, expuso.
A consecuencia de estas condiciones, agregó, algunas operaciones han sido llevadas a otras ciudades, entre ellas San Luis Potosí, Querétaro y Guadalajara, lo que representa para San Juan del Río una pérdida de actividad económica y oportunidades de crecimiento.
Rodríguez López consideró que la situación también dificulta atraer nuevas inversiones al municipio, pues los problemas para desplazarse hacia las plantas industriales representan un obstáculo para empresarios, trabajadores y visitantes.
Los representantes de estos sectores coincidieron en que la Federación debe establecer una estrategia concreta para reducir las afectaciones mientras continúan los trabajos y, además, definir a un responsable que dé seguimiento permanente a la problemática.
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