Las críticas a la gestión del Gobierno de la crisis migratoria de Ceuta han encontrado este miércoles un nuevo eco dentro del propio PSOE. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha cuestionado la respuesta del Ejecutivo ante la entrada masiva de migrantes registrada a finales de julio y ha reclamado que se cumpla la promesa de devolver “a todos” aquellos que hayan entrado ilegalmente, siempre dentro del marco del Estado de derecho.
El presidente socialista ha puesto el foco, además, en el tiempo transcurrido hasta la activación formal del mando único encargado de coordinar la respuesta a la emergencia. El Ejecutivo aprobó el martes el mecanismo, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, como responsable de esa coordinación, prácticamente un mes después de los acontecimientos.
“A lo mejor ese mando único hubiera estado mucho antes de haber sido a final de las vacaciones”, ha lamentado Page durante la inauguración de un centro polideportivo en Navalcán (Toledo). “Es triste llegar a esta conclusión”, ha añadido.
El presidente castellanomanchego ha endurecido su discurso al calificar lo sucedido en la ciudad autónoma como “una vulneración de la integridad territorial de España”. Su planteamiento coincide en este punto con una de las principales líneas argumentales que ha utilizado el PP durante la crisis. Page ha reclamado que se cumpla la promesa de devolver a quienes hayan entrado ilegalmente, aunque ha reconocido implícitamente que los expedientes deben tramitarse conforme a la legislación vigente y teniendo en cuenta las solicitudes de asilo y las circunstancias específicas de los menores.
A juicio del barón socialista, la respuesta institucional debe evitar que se genere entre quienes intentan acceder irregularmente a España la expectativa de que la llegada a Ceuta constituye un camino hacia la Península. “No debe haber esperanza de llegar a la Península”, ha sostenido, porque, en caso contrario, se podrían incentivar “nuevas invasiones”. El dirigente socialista ha reclamado que el control fronterizo forme parte de una respuesta más amplia y estable.
Page critica la gestión en Ceuta: "El mando único estaría antes si no hubieran sido vacaciones" pic.twitter.com/vNxjMn7QBM
— EL MUNDO (@elmundoes) August 26, 2026
Las contradicciones sobre el CNI inquietan a Page
El debate entre las comunidades autónomas se está convirtiendo en una patata caliente, ante la intención del Gobierno de trasladar a la Península a alrededor de 500 menores migrantes que permanecen en Ceuta. Page ha advertido de que las comunidades autónomas ya soportan una presión elevada.
“Castilla-La Mancha acoge desde hace años más menores de los que le corresponden por nuestra propia población”, ha afirmado. La comunidad, ha agregado, seguirá prestando los servicios que sean necesarios dentro de la ley, pero considera imprescindible combinar esa solidaridad con un mayor control de las fronteras. Para Page, de lo contrario, la situación puede convertirse en “el cuento de nunca acabar”.
El presidente castellanomanchego también ha entrado en otro de los puntos más delicados de la crisis, en concreto sobre las versiones enfrentadas sobre la información que manejaban los servicios de inteligencia antes de la entrada masiva. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró ante el Congreso que los servicios militares de información y el Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) habían realizado su trabajo y trasladado información a las Fuerzas de Seguridad y a la Delegación del Gobierno en Ceuta. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sostuvo posteriormente que no existió ningún informe que anticipara una entrada de dimensiones extraordinarias.
Un pacto de Estado frente al “frentismo”
Para Page, la discrepancia es especialmente preocupante. “Quizá esto es lo más grave de todo: si a lo que ya hemos podido ver, la impotencia en el control de fronteras, se suman discrepancias y contradicciones en las distintas versiones, pues hombre, sinceramente lo único que cabe esperar es mucha zozobra, desasosiego e incertidumbre”, ha señalado.
La polémica ha alimentado precisamente la petición del PP para que se reúna la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso y se esclarezca qué información existía antes de los acontecimientos y cómo circuló entre los distintos organismos del Estado.
Page ha aprovechado además la crisis para reclamar un pacto de Estado sobre inmigración que permita establecer una política sostenida más allá de las disputas entre Gobierno y oposición. Ese diagnóstico se distancia tanto del discurso más restrictivo de algunas formaciones conservadoras como de las posiciones de los socios parlamentarios del Ejecutivo. Ha pedido abandonar “el frentismo barato y el populismo barato” y combinar el tratamiento “humano y legal” de las personas migrantes con límites claros.
“Todo tiene que tener un límite y todo tiene que tener un perímetro”, ha defendido. En ese contexto ha cuestionado también el nuevo intento de Junts de transferir a la Generalitat las competencias en materia de inmigración. Page lo ha calificado de medida de “puro racismo” y ha considerado que constituye otro coste político derivado de los acuerdos del Gobierno con sus socios independentistas. La alternativa pasa, según el barón socialista, por sentar a Gobierno y oposición a negociar un acuerdo nacional. “Un buen pacto no le tendría que terminar de gustar a ninguno de los radicales en unos extremos y en otros”, ha resumido. @mundiario