La crisis migratoria de Ceuta ha devuelto al primer plano una de las reivindicaciones más sensibles de Junts y uno de los acuerdos pendientes con el Gobierno de Pedro Sánchez. El partido de Carles Puigdemont ha registrado nuevamente en el Congreso su proposición de ley para delegar en Cataluña competencias en materia de inmigración, una iniciativa que pretende convertir en una de las condiciones para recomponer sus relaciones parlamentarias con el Ejecutivo.
El movimiento llega después de que Junts reclamara que Cataluña quedase fuera del reparto de menores migrantes llegados a España tras la entrada masiva registrada en Ceuta el pasado 30 de julio. Ahora, la portavoz de los posconvergentes en el Congreso, Míriam Nogueras, vincula directamente la transferencia de competencias con la capacidad de la Generalitat para decidir sobre los flujos migratorios.
Pero la operación vuelve a tropezar con Podemos. Los de Ione Belarra ya tumbaron la iniciativa en septiembre de 2025 junto al PP, Vox y dos diputados de Sumar. Y aunque Junts ha modificado el preámbulo del texto para intentar eliminar los argumentos que entonces utilizaron los morados para rechazarlo, los morados consideran insuficiente el cambio y reclama una reforma mucho más profunda de la legislación migratoria.
La nueva proposición conserva el articulado esencial del acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, como una de las carpetas pendientes para retomar las relaciones, pero incorpora una modificación destinada específicamente a facilitar su tramitación. Los independentistas han eliminado del preámbulo una referencia que justificaba la delegación de competencias para “evitar posibles efectos que puedan representar un riesgo para la convivencia y la cohesión social”.
Aquella formulación fue una de las razones esgrimidas por Podemos para considerar que la iniciativa tenía un enfoque discriminatorio. Los independentistas han optado ahora por retirar ese pasaje. Nogueras ha defendido que el objetivo es precisamente “no darles ninguna excusa” para volver a votar en contra. El problema es que Podemos ha cambiado el terreno de juego.
@miriamnoguerasM, vicepresidenta i portaveu al congrés:
— Junts per Catalunya? (@JuntsXCat) August 26, 2026
??"Catalunya no té capacitat d’acollida infinita, i cal dir-ho. Ara ja no podem atendre la Catalunya dels 8M. Per tant, la Catalunya dels 10M d’Illa i dels socialistes no només és inviable sinó que és irresponsable. Estan… pic.twitter.com/Co71MwoiFr
Belarra exige reformar la Ley de Extranjería
Belarra sostiene que el preámbulo no era el único obstáculo. Para Podemos, la cuestión fundamental es qué legislación asumiría Cataluña si se produce la delegación de competencias. La dirigente morada reclama modificar también la Ley de Extranjería, a la que acusa de incorporar elementos que considera incompatibles con un enfoque basado en los derechos humanos.
Belarra ha señalado específicamente los centros de internamiento de extranjeros (CIE) y las denominadas “redadas racistas”, y ha condicionado el respaldo de su formación a que se revise ese marco legal. “Si quieren negociar”, ha venido a plantear la dirigente de Podemos, PSOE y Junts conocen ya su posición: la transferencia solo debería producirse dentro de una política migratoria que, a juicio de su formación, garantice los derechos de los migrantes.
La advertencia complica el calendario de Junts porque, de momento, no existe una negociación formal abierta con Podemos. Belarra ha rechazado además que las conversaciones puedan desarrollarse exclusivamente a través de declaraciones públicas. Su lectura es que los posconvergentes están utilizando el registro de la iniciativa para presionar al resto de fuerzas.
-Junts dice que Uds. apoyarán la ley
— Podemos Las Palmas GC (@PodemosLPGC) August 26, 2026
-La regulación no está funcionando como debería: exigimos al Gob. que cumpla con lo que se comprometió con @PODEMOS
??No era solo el preámbulo: el problema era que estaban delegando en Cataluña la ley de Extranjería (racista)@ionebelarra?? pic.twitter.com/4pNNeaF9Ao
La regularización de migrantes, otro frente pendiente
La posición de Podemos incorpora además una segunda reivindicación: el cumplimiento del acuerdo alcanzado con el Gobierno sobre la regularización de migrantes. El proceso ha recibido alrededor de 1.2 millones de solicitudes y continúa con la resolución de expedientes, pero Podemos considera que la tramitación no está avanzando al ritmo comprometido.
Para los morados, por tanto, no basta con modificar unas líneas del preámbulo de la iniciativa de Junts. Su respaldo exigiría avances simultáneos en la regularización y una revisión del marco legal de extranjería. La diferencia es importante porque convierte la propuesta catalana en una negociación a varias bandas en la que Junts quiere recuperar una de sus principales exigencias territoriales que permitiría marcar perfil propio ante el auge de Aliança Catalana.
Por su parte, el PSOE podría estar interesado en recuperar la relación con uno de sus socios más díscolos, y Podemos pretende utilizar sus votos para cambiar la orientación de la política migratoria del Gobierno.
Junts intenta aprovechar el momento político generado por la crisis migratoria para acelerar una reivindicación que llevaba meses bloqueada. Nogueras ha defendido que la transferencia de competencias constituye una de las posibles respuestas a la situación de Ceuta porque permitiría a Cataluña decidir sobre los flujos migratorios que afectan a su territorio.
Una ley que ya provocó una ruptura entre Junts y Sánchez
La dirigente independentista ha advertido de que Cataluña no dispone, a su juicio, de una capacidad de acogida ilimitada y ha criticado el modelo defendido por el Govern de Salvador Illa. Su argumento enlaza directamente la política migratoria con la cuestión territorial que, si la Generalitat recibe nuevas competencias, Junts sostiene que podrá establecer sus propias prioridades en materia de acogida, integración y gestión de los flujos migratorios. El Gobierno catalán y el Ejecutivo central mantienen, entretanto, sus propias posiciones sobre el reparto de responsabilidades.
La iniciativa tiene además una carga política que supera su contenido jurídico. La delegación de competencias migratorias fue uno de los principales compromisos alcanzados entre PSOE y Junts durante la legislatura. Su bloqueo parlamentario se convirtió posteriormente en uno de los argumentos utilizados por Puigdemont para romper la relación política con los socialistas.
Desde entonces, la inmigración se ha consolidado como uno de los principales terrenos de confrontación entre Junts y el Gobierno. La crisis de Ceuta proporciona ahora un nuevo escenario para reabrir la negociación. Pero la aritmética parlamentaria sigue siendo determinante, toda vez que los independentistas necesitan encontrar una fórmula que permita recuperar el acuerdo con el PSOE sin perder los votos que pueden resultar decisivos a su izquierda. @mundiario