La Puerta del Sol volvió a convertirse este viernes en escenario de protesta. Cerca de un centenar de bomberos forestales se concentraron frente a la sede del Gobierno madrileño para reclamar a Isabel Díaz Ayuso una negociación que, según el comité de huelga, lleva más de 800 días sin producirse.
La movilización llega después del incendio que afectó a la Sierra Oeste y dejó más de 27.000 hectáreas dañadas. Para los trabajadores, el episodio vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que va mucho más allá de la extinción de las llamas: la capacidad de Madrid para mantener un dispositivo suficiente antes, durante y después de la temporada de mayor riesgo.
El colectivo sostiene que la Comunidad tiene presupuestadas 124 plazas, pero solo 60 están actualmente cubiertas. Denuncia además que la plantilla ha perdido alrededor del 40% de sus efectivos y reclama que se incorporen trabajadores que quedaron fuera de procesos selectivos, así como nuevas contrataciones.
Una plantilla que reclama trabajar también en invierno
Una de las principales reivindicaciones pasa por acabar con la temporalidad y mantener al personal operativo durante los doce meses del año. Los bomberos forestales defienden que su trabajo no termina cuando baja el riesgo de incendios, ya que los meses de invierno permiten realizar tareas de prevención, limpieza y mantenimiento de los montes.
El planteamiento tiene una consecuencia directa sobre la gestión de los incendios: reforzar la prevención puede reducir la acumulación de vegetación y mejorar la preparación del territorio cuando llegan las altas temperaturas.
El comité también cuestiona la forma en la que están encuadrados laboralmente. Afirma que algunos trabajadores aparecen contratados bajo categorías como conductores o personal de mantenimiento, en lugar de figurar como bomberos forestales. A su juicio, esta situación repercute en el reconocimiento profesional y en aspectos salariales y de prevención de riesgos.
Durante la protesta, los manifestantes denunciaron además problemas con equipos de protección y material de intervención. El comité asegura que existen mascarillas y trajes antiguos cuya adecuación reclama comprobar mediante los correspondientes informes.
La Comunidad defiende sus ofertas y pide suspender la huelga
La Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior sostiene una versión diferente del conflicto. El Ejecutivo madrileño asegura que respeta el derecho de huelga, pero reclama responsabilidad al tratarse de un servicio esencial durante una campaña de alto riesgo y recuerda que los servicios mínimos se han fijado en el 80%.
La Comunidad también rechaza que exista un conflicto generalizado dentro del dispositivo Infoma y afirma que el colectivo afectado representa aproximadamente el 1% de sus trabajadores. Según el Gobierno regional, se han presentado propuestas económicas con incrementos progresivos que podrían alcanzar el 15%, aunque sostiene que han sido rechazadas.
Además, la Administración insiste en que estos empleados son personal laboral y no los equipara a los bomberos de la Comunidad, cuya incorporación se realiza mediante oposición.
Mientras ambas partes mantienen posiciones alejadas, la disputa deja abierta una cuestión especialmente relevante ante veranos cada vez más extremos: cómo garantizar suficientes efectivos y recursos para combatir los incendios y, al mismo tiempo, reforzar durante todo el año la prevención de los montes madrileños. @mundiario