La batalla legal contra Meta por el impacto de sus redes sociales en los menores está lejos de haber terminado. El acuerdo alcanzado esta semana con los fiscales generales de 52 estados y territorios de Estados Unidos puede aliviar una de las principales presiones que pesan sobre la compañía, pero no supone un punto final para las reclamaciones de las familias. Los abogados que representan a miles de padres y jóvenes afectados mantienen abierta su ofensiva y avisan de que los próximos meses pueden ser decisivos.

El pacto contempla un desembolso de casi 18.000 millones de dólares y obliga a Meta a introducir cambios relevantes en la forma en la que sus plataformas interactúan con los adolescentes. Entre ellos figuran límites de uso, restricciones a las notificaciones durante el horario escolar, medidas nocturnas para impedir el acceso a Instagram y Facebook en determinadas horas y una mayor vigilancia sobre la edad de los usuarios. También desaparecerá para los menores la presión asociada al número de “me gusta”.

Sobre el papel, las medidas suponen un giro importante en la relación entre las grandes plataformas y sus usuarios más jóvenes. Durante años, el debate se ha centrado en hasta qué punto las redes sociales están diseñadas para retener la atención y convertir el tiempo de permanencia en un activo económico. Ahora, esa cuestión ha dejado de ser únicamente objeto de discusión científica o política y se ha convertido en un problema con consecuencias judiciales y económicas para las tecnológicas.

Pero los abogados de las familias aseguran a El País que el acuerdo aborda solo una parte del problema. Joseph VanZandt, del despacho Beasley Allen, sostiene que el pacto con los fiscales generales no liquida las reclamaciones individuales de las miles de familias que participan en el procedimiento que coordina junto a Mariana Aroditis y Rachel Lanier, de Lanier Law Firm, y Rahul Ravipudi, de Panish Shea Ravipudi.

La diferencia es fundamental. Mientras la acción de los fiscales generales afecta a las acusaciones formuladas por los gobiernos estatales, la gran demanda colectiva pretende determinar la responsabilidad de las compañías frente a personas concretas que aseguran haber sufrido daños como consecuencia de su utilización de las plataformas durante la infancia y la adolescencia.

El precedente que puede cambiarlo todo

Uno de los episodios que explica por qué las tecnológicas afrontan ahora un escenario especialmente delicado ocurrió en marzo. Un jurado declaró responsables a Meta y YouTube de haber contribuido a generar adicción a sus plataformas en una menor, Kaley G. M., y estableció una indemnización de seis millones de dólares.

El caso adquirió una enorme relevancia porque convirtió en algo jurídicamente tangible una acusación que durante años había permanecido en el terreno del debate público: que determinadas características de las redes sociales pueden favorecer patrones de uso compulsivo entre los menores.

La historia de Kaley resulta especialmente significativa por la edad a la que comenzó su relación con estas plataformas. YouTube entró en su vida cuando tenía seis años. Después llegaron Instagram, TikTok y Snapchat. Durante su adolescencia llegó a dedicar hasta 16 horas diarias a las aplicaciones. Su familia relató episodios de ansiedad y ataques de pánico vinculados a las restricciones sobre el uso del teléfono, además de depresión y problemas relacionados con la percepción de su propio cuerpo.

La indemnización de seis millones de dólares, repartida entre Meta y Alphabet, puede resultar pequeña si se compara con las dimensiones económicas de ambas compañías. El verdadero riesgo aparece cuando se cambia la escala. Si otros tribunales consideran que existen patrones similares en un número elevado de casos, el coste potencial deja de medirse en millones y empieza a proyectarse sobre cifras mucho mayores.

Y ahí reside una de las claves de la estrategia de las familias. El caso de Kaley no se presenta como una anomalía aislada, sino como un precedente que podría abrir la puerta a nuevas reclamaciones. La demanda colectiva incluye además a otras grandes plataformas, entre ellas ByteDance, propietaria de TikTok, y Snap, responsable de Snapchat.

El verdadero problema para las tecnológicas

La cuestión ya no es únicamente cuánto dinero podría tener que pagar Meta. El riesgo más profundo está relacionado con la posibilidad de que los tribunales establezcan responsabilidades sobre determinadas decisiones de diseño de las plataformas.

Durante años, las redes sociales han competido por captar y mantener la atención. Recomendaciones personalizadas, reproducción continua, notificaciones, métricas de popularidad y mecanismos destinados a estimular el regreso frecuente forman parte de un ecosistema construido alrededor del tiempo que pasa el usuario conectado.

Cuando ese usuario es un adulto, la discusión jurídica presenta unas características. Cuando se trata de un menor, el escenario cambia radicalmente. La capacidad de autorregulación, la madurez y la vulnerabilidad frente a determinados estímulos son diferentes durante la infancia y la adolescencia. De ahí que las restricciones anunciadas por Meta tengan una importancia que va más allá de este acuerdo concreto.

VanZandt reconoce que las nuevas obligaciones pueden ser un paso en la dirección adecuada. Sin embargo, el abogado mantiene una cautela evidente: el verdadero examen llegará cuando haya que comprobar si los compromisos anunciados se traducen en cambios efectivos.

Esa desconfianza resume uno de los grandes conflictos que afronta Meta. Una cosa es modificar las condiciones de uso y anunciar nuevas herramientas de protección y otra muy distinta demostrar que esas medidas consiguen reducir los comportamientos que las demandas consideran perjudiciales.

Octubre marca el siguiente capítulo

El calendario judicial añade presión. El equipo de abogados que representa a las familias lleva meses preparando los procesos que comenzarán en octubre contra Meta y las demás plataformas implicadas.

Por eso, el acuerdo con los fiscales generales no puede interpretarse como el cierre de la ofensiva, sino como un movimiento dentro de una batalla mucho más amplia. Para Meta supone resolver un frente importante y aceptar reformas que afectan directamente a la experiencia de los menores en sus servicios. Para las familias, en cambio, queda pendiente la cuestión que consideran esencial: quién debe responder por los daños concretos que aseguran haber sufrido sus hijos.

La diferencia entre ambos escenarios es enorme. Las medidas preventivas pueden modificar el funcionamiento de las redes a partir de ahora, pero no eliminan automáticamente las consecuencias que determinadas familias atribuyen al uso que hicieron de ellas en el pasado.

Y esa es precisamente la razón por la que los abogados no dan por terminada su campaña. El acuerdo puede cambiar las reglas del juego para los menores que utilicen Instagram y Facebook en el futuro, pero no borra las historias de quienes aseguran haber enfermado, desarrollado conductas compulsivas o sufrido otros daños después de años expuestos a estas plataformas.

La batalla, por tanto, ha entrado en una nueva fase. Meta ha conseguido apagar un incendio importante, pero todavía tiene abiertos numerosos frentes. Y si los tribunales continúan aceptando que las decisiones de diseño de las redes pueden tener consecuencias jurídicas cuando afectan a menores, el problema para las grandes tecnológicas podría ser mucho mayor que una multa o un acuerdo multimillonario: podría obligarlas a replantearse cómo construyen sus productos y qué responsabilidad asumen por sus efectos. @mundiario