La crisis migratoria de Ceuta del 30 de julio vuelve a quedar atrapada en una pregunta esencial: qué sabía cada organismo del Estado durante las horas y días anteriores a la entrada masiva y qué decisiones adoptó con esa información.

La nueva pieza la aporta el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, que vuelve a asegurar que la advertencia no llegó a Moncloa cuando la avalancha ya estaba en marcha, sino tres días antes. Según su reconstrucción, el lunes 27 de julio telefoneó a la Presidencia del Gobierno; el martes planteó estudiar la declaración del estado de alarma; el miércoles recibió la respuesta de que no existía fundamento jurídico para aplicarla y el jueves se produjo la entrada masiva.

Su relato, publicado este domingo por El Español, no demuestra por sí mismo qué información manejaba el Gobierno central ni permite concluir que Moncloa conociera que decenas de miles de personas intentarían entrar en Ceuta. Pero sí desplaza el centro del debate: ya no se trata únicamente de determinar si existió un informe del CNI, sino también de saber qué valor se concedió a las señales que llegaban desde la propia ciudad autónoma.

La cronología de Vivas comienza con un dato que resulta difícil separar de lo sucedido tres días después. Según explica, durante la semana anterior unas 1.500 personas habían llegado a nado a Ceuta, mientras el número de menores acogidos había aumentado aproximadamente de 180 a 800.

Para el presidente ceutí, aquello no era una fluctuación ordinaria del verano. Era una acumulación de señales que recordaba a episodios anteriores y justificaba anticiparse. Por eso, afirma que el lunes 27 llamó a Moncloa. No pudo hablar directamente con Pedro Sánchez y la conversación se produjo con su jefe de Gabinete, Diego Rubio. Vivas asegura que recibió un mensaje de tranquilidad y que Rubio se comprometió a trasladar la situación a los distintos ministerios.

La importancia de esta llamada está precisamente en sus límites. No acredita que el Ejecutivo pudiera prever la dimensión exacta de la posterior entrada. Pero sí plantea una cuestión administrativa elemental: si una autoridad territorial comunica que sus capacidades están siendo sometidas a una presión extraordinaria, ¿qué nivel de respuesta debe activar el Estado, aunque todavía no conozca el desenlace?

Ese matiz resulta especialmente importante porque las cifras conocidas posteriormente sitúan la magnitud de la crisis en un nivel excepcional. Interior ha calculado en torno a 72.000 las entradas irregulares registradas el 30 de julio.

El martes 28: la petición de estudiar el estado de alarma

Al día siguiente, según Vivas, la preocupación inicial se transformó en una petición institucional más concreta. El presidente ceutí aseguró haber contactado con los responsables de Protección Civil para plantear al Gobierno central la posibilidad de declarar el estado de alarma, dada la gravedad de la situación en la ciudad. Asimismo, Vivas explicó que intentó comunicarse con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; sin embargo, este se encontraba ocupado gestionando la emergencia de los incendios forestales. Ante esto, el Ministerio del Interior habría quedado en evaluar si existía la cobertura jurídica necesaria para implementar dicho mecanismo.

La secuencia no demuestra que la respuesta jurídica hubiera evitado necesariamente la entrada. Tampoco permite saber si un estado de alarma habría sido legalmente procedente sin conocer todos los elementos que manejaba el Ejecutivo. Pero introduce una cuestión política diferente: si las instituciones disponían de señales suficientes para considerar que la situación podía agravarse y si esas señales fueron valoradas con la intensidad adecuada.

La declaración de Vivas llega, además, cuando el Gobierno intenta cerrar otra controversia: la existente entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre los avisos del CNI.

Robles afirmó que el CNI había informado el 29 de julio sobre una convocatoria para entrar a nado en Ceuta. Según su versión, circulaban mensajes en redes sociales y grupos con hasta 180.000 seguidores. Marlaska, por el contrario, sostuvo que no había recibido ningún informe que permitiera anticipar una entrada masiva de esa magnitud. La Delegación del Gobierno en Ceuta también negó haber recibido información de inteligencia que anticipara el episodio.

Tras el choque en el Congreso entre la ministra de Defensa y el ministro del Interior, el Gobierno de España busca aproximar ambas posturas distinguiendo la naturaleza de la información disponible antes de la crisis migratoria de Ceuta del pasado 30 de julio. Desde Moncloa se argumenta que es posible compatibilizar el relato de Robles con la versión de Marlaska y la Delegación del Gobierno en Ceuta, que niegan haber recibido alertas sobre una entrada masiva.

Esta estrategia de conciliación, respaldada por ministros como Ángel Víctor Torres y portavoces como Patxi López, sostiene que el Ejecutivo manejaba informes sobre una presión migratoria creciente por vía marítima, pero que ningún servicio de inteligencia o reporte institucional permitió anticipar la magnitud extraordinaria de una avalancha que terminaría alcanzando a decenas de miles de personas. 

Pero esa distinción no elimina todas las preguntas. Porque la información disponible muestra que las señales se acumularon durante días. Según una reconstrucción difundida por el Estado Mayor de la Defensa, desde comienzos de julio habían aumentado los mensajes relacionados con los cruces y entre el 12 y el 26 de julio se registró un incremento significativo de las entradas a nado. El 29 aparecieron convocatorias específicas para intentar acceder a Ceuta al día siguiente.

El presidente de Ceuta no necesita disponer de información clasificada para detectar que su sistema de acogida está acercándose al límite. Si una ciudad de sus proporciones y valor estratégico registra alrededor de 1.500 llegadas en pocos días y el número de menores atendidos se multiplica, la propia realidad administrativa constituye una señal.

Por eso, la versión de Vivas no resuelve el enfrentamiento entre Robles y Marlaska, pero sí puede modificar el marco del debate. Incluso aceptando la tesis de Interior de que no existió un informe capaz de anticipar la dimensión de la avalancha, queda por aclarar cómo se procesó la advertencia política y administrativa procedente de Ceuta.

El 30 de julio: cuando la previsión dejó paso a la emergencia

La dimensión posterior del problema confirma que no se trató únicamente de una crisis fronteriza. Los servicios de acogida quedaron sometidos a una presión extraordinaria y el Gobierno tuvo que organizar posteriormente mecanismos específicos de coordinación y nuevas plazas.

Está documentado que durante los días previos aumentaron las llegadas a nado y que existían convocatorias difundidas en redes sociales. También está documentado que Robles y Marlaska ofrecieron versiones diferentes sobre el alcance de los avisos del CNI. 

Ahora Vivas añade que él mismo avisó a Moncloa el 27 de julio y pidió estudiar medidas extraordinarias antes de la avalancha. Esa afirmación procede de su propio testimonio y deberá contrastarse con comunicaciones, registros, actas y documentación oficial si se pretende establecer una reconstrucción definitiva.

La cuestión fundamental, por tanto, no consiste en determinar qué versión resulta políticamente más conveniente, sino en reconstruir la cadena de información y decisión de las 72 horas anteriores al 30 de julio. @mundiario