El productor de televisión Luis de Llano recuperó su libertad tras ingresar al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en la Ciudad de México por algunas horas.
Su reclusión derivó del cumplimiento de dos órdenes de arresto —de 15 horas acumulables cada una— emitidas por una Juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, como medidas de apremio por el incumplimiento reiterado de la sentencia dictada en su contra por daño moral a la actriz y cantante Sasha Sokol. Al retirarse de las instalaciones, De Llano abandonó el lugar a bordo de un vehículo sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación.
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El arresto administrativo se ejecutó ayer por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De acuerdo con el equipo legal de Sasha Sokol, la medida disciplinaria respondió a dos desacatos específicos y promovidos por separado: la negativa del productor a grabar y presentar ante el juzgado una disculpa pública dirigida a la víctima, así como su omisión en publicar el extracto de la resolución judicial que acreditó su responsabilidad por daño moral derivado de abusos cometidos cuando Sokol era menor de edad.
Hasta 5 años de cárcel
La defensa jurídica de la cantante aclaró que la detención no constituyó un acto fortuito, sino la consecuencia de meses de desatención a múltiples requerimientos, apercibimientos y sanciones pecuniarias contempladas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. Asimismo, la representación legal advirtió que de mantenerse la resistencia para acatar los mandatos del tribunal, la conducta podría reconfigurarse como un delito penal, lo que acarrearía penas de hasta cinco años de prisión.
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El fallo definitivo contra el creativo quedó firme en junio de 2025, cuando la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió de forma unánime negarle el amparo. El máximo tribunal del país determinó que la acción de responsabilidad civil derivada de violencia y abuso sexual infantil es imprescriptible, dejando en firme la obligación legal de indemnizar a la víctima, dar difusión al extracto de la condena y disculparse públicamente.
