El 9 de enero de 2026 arrancó el registro de usuarios móviles. La pregunta dejó de ser técnica y se volvió aritmética. Apenas 26 millones de líneas ya fueron identificadas de un universo de 142,633,662. Eso equivale a 18.23% en tres meses, faltando otros tres para que concluya el plazo.  

Dicho de otra forma, faltan por registrar al menos 116,633,662 líneas, 81.77%. El sistema avanzó a un ritmo de 320,988 registros por día al 30 de marzo. Para cerrar el pendiente entre el 1 de abril y el 30 de junio cuando concluye el plazo, harían falta 1,281,689 registros por día. Esa meta es 2.66 veces más alta que el ritmo observado hasta el último día de marzo. Se necesitan 53,404 registros por hora u 890 identificaciones por minuto.

La primera lección es que no se trata de un trámite menor. Es uno de los registros más grandes y ambiciosos que México ha intentado en telecomunicaciones. El diseño regulatorio de los lineamientos le otorgó al sector 120 días para realizar las identificaciones y decidió que las líneas no vinculadas serán suspendidas al cierre del periodo. 

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) publicó los lineamientos en el Diario Oficial de la Federación, pero no hablamos de una medida marginal, sino de una infraestructura nacional de identidad aplicada a la telefonía móvil. 

La escala del reto se entiende mejor cuando se compara con las grandes bases de datos del país. El INE reportó al 26 de marzo de 2026 un Padrón Electoral de 101,611,905 personas y una Lista Nominal de 99,759,638 ciudadanos. La Secretaría de Gobernación tiene 147 millones de CURP certificadas. El registro móvil se mueve en las grandes ligas. No es un censo clásico, porque no nace de una sola vez. Exige una ejecución masiva, cibersegura, verificable, permanente, continua e ininterrumpida incluso después de los 120 días de plazo. Eso obliga a tratarlo como un proyecto de Estado, no como una campaña improvisada. 

El avance luce lento. El reto no es sólo técnico, como ocurrió al principio con el escaso tiempo que otorgó la CRT a los operadores para implementar las plataformas. Ahora es un problema de transparencia y de comunicación social, es decir, político.

Un regulador inteligente no gobierna por intuición. Gobierna con datos. La CRT debe publicar una vez por semana un corte público del avance. Ese corte tendría que venir por grupo económico: Telcel, AT&T, Movistar, Altán Redes, Bait y los demás Operadores Móviles Virtuales. Sin ese mapa, el país no sabe quién cumple, quién se rezaga y dónde se están atorando los registros. Si el objetivo es serio (reducir la incidencia telefónica de extorsiones), la rendición de cuentas también debe serlo.

Hay una señal positiva que no debe perderse de vista. Los operadores sí han cumplido con el envío de mensajes SMS y con el enlace para vincular la línea. Eso importa, porque la regulación no sirve si el usuario no recibe el aviso claro y directo. En los lineamientos se prevé la vinculación remota, el mensaje por SMS y la gratuidad del trámite. Es obvio que los operadores no quieren perder clientes.

Entonces el punto ya no es avisar vía SMS. El desafío es lograr que el aviso se convierta en un registro real. Para eso debió comunicarse y construir confianza, la gran ausente de esta regulación.

Si el universo total es de 142.6 millones de líneas, cada retraso pesa sobre millones de personas. El castigo por no identificarse será la suspensión temporal de la línea celular. Eso significa un riesgo directo para el acceso a Internet, las llamadas de voz, la mensajería y los servicios que hoy pasan por el teléfono como la movilidad, el acceso a la cultura, la salud o la educación. 

Si el móvil es la puerta principal de acceso a la red, suspender la línea no es una minucia administrativa. Es una restricción inédita al acceso a las TIC y la banda ancha, con impacto sobre trabajo, negocios, escuela, trámites y la vida cotidiana.

La justificación del registro es combatir la extorsión y el fraude. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI reportó que, durante el segundo semestre de 2025, 32.3 por ciento de los hogares del país fue víctima de al menos un delito de robo, extorsión o fraude. Cuando la convivencia se vuelve peligrosa, la política pública debe responder a ese problema. Pero responder no significa imponer un diseño regulatorio insensible. Significa medir correctamente, corregir lo que sea necesario y explicar lo que haga falta. 

Si la CRT no muestra avances, la ciudadanía no puede saber si la medida reduce el delito o sólo traslada la carga al usuario. La CRT no hizo un ejercicio de aritmética básico. El total de 142,633,662 líneas móviles ÷ 120 días es = a 1,188,614 líneas móviles por día = a 49,525.58 líneas móviles por hora = a 825 líneas móviles por minuto.

Es evidente que falta una campaña de comunicación social a la altura del desafío. La autoridad tiene que decir, en lenguaje simple, por qué se pide la identificación, para qué sirve, cómo se protege la información y qué pasa si el usuario pierde su SIM, cambia de equipo o usa una línea empresarial. Sin esa pedagogía, el registro sólo es una amenaza y no una política pública. En un tema tan sensible como perder tu herramienta de conectividad, el silencio regulatorio genera ruido y malas noticias.

La identificación de líneas móviles puede ayudar a reducir la extorsión y el fraude, aunque todavía no existe evidencia empírica de que eso realmente suceda. Pero la regulación es rígida y opaca. Si la CRT quiere éxito, necesita hacer cuatro cosas. Ser transparente y hacer cortes semanales públicos. Un desglose por grupo económico. Una campaña informativa para el usuario. Prepararse para una andanada de críticas por obligar a suspender un número indefinido de líneas móviles o aprender a ajustar la regulación y tomar decisiones inteligentes con base en la evidencia empírica. 

De lo contrario, la identificación de líneas y las eventuales suspensiones serán un atentado masivo a los derechos digitales de quien debiera tutelarlos, no una política de seguridad con resultados. En la regulación de telecomunicaciones y de la sociedad digital, el dato vale más que el discurso.

Twitter: @beltmondi