SAT tendria mayor trazabilidad de operaciones con la digitalizacion de pagos
La nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos busca acelerar la transición hacia una economía con mayor uso de medios de pago digitales, facilitar el acceso a servicios financieros y reducir las barreras que actualmente enfrentan ciudadanos y negocios para realizar operaciones electrónicas.
La iniciativa fue presentada por el Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados el pasado 9 de septiembre como parte del Paquete Económico 2027 y actualmente permanece en análisis en comisiones, por lo que su contenido todavía puede modificarse.
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¿Qué busca la nueva Ley de Economía Digital?
El proyecto tiene como uno de sus principales objetivos promover la adopción de medios de pago electrónicos y digitales, aprovechando infraestructura que ya existe en el país.
Entre las medidas planteadas se encuentra facilitar la contratación digital de servicios financieros y permitir el uso de mecanismos de identificación como la CURP Digital. También contempla que los tres órdenes de gobierno habiliten medios de pago digitales para sus trámites y servicios.
Los establecimientos y proveedores de bienes y servicios, por su parte, tendrían que contar con la infraestructura necesaria para recibir estos pagos, informar a los usuarios qué medios tienen disponibles y establecer mecanismos para atender posibles fallas.
SPEI y CoDi, entre las herramientas que busca aprovechar
La propuesta contempla utilizar las capacidades existentes del sistema financiero, particularmente mecanismos como SPEI y CoDi, para facilitar transferencias inmediatas.
El Gobierno federal sostiene que una mayor utilización de estos sistemas podría reducir el uso de efectivo, facilitar las transacciones y contribuir a la inclusión financiera.
De acuerdo con la Presidencia, la digitalización también podría favorecer la formalización de comercios al generar un historial de pagos y movimientos financieros que permita posteriormente acceder a otros servicios, como créditos.
¿Qué podría cambiar para el SAT?
Uno de los posibles efectos indirectos de esta transformación estaría relacionado con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La iniciativa no plantea, de acuerdo con el análisis legislativo disponible, crear nuevas facultades fiscales para el SAT. Sin embargo, una economía con mayor cantidad de pagos electrónicos generaría una mayor trazabilidad de las operaciones realizadas a través del sistema financiero.
A diferencia de una transacción realizada exclusivamente en efectivo, una transferencia electrónica deja un registro financiero. Esta información podría facilitar, dentro de las facultades que ya tiene la autoridad, el contraste entre las operaciones económicas registradas y las obligaciones fiscales de los contribuyentes.
Esto podría tener particular relevancia para actividades comerciales que actualmente manejan una parte importante de sus operaciones en efectivo.
Más registros digitales, pero no significa que cada transferencia sea un impuesto
La digitalización de los pagos no significa que cada transferencia bancaria vaya a generar automáticamente un impuesto, ni que la nueva ley establezca por sí misma un gravamen sobre los movimientos bancarios.
El posible impacto fiscal está relacionado principalmente con la mayor disponibilidad de información sobre operaciones económicas.
Actualmente, el SAT ya cuenta con mecanismos de comprobación fiscal y los contribuyentes tienen obligaciones relacionadas con la emisión de comprobantes digitales cuando las leyes fiscales así lo establecen.
Por ello, el efecto de la nueva legislación podría estar más relacionado con la trazabilidad y el cruce de información que con la creación de un nuevo impuesto.
El reto: acceso, infraestructura y privacidad
Aunque el Gobierno federal sostiene que México cuenta con infraestructura suficiente para ampliar los pagos digitales, especialistas han señalado obstáculos relacionados con la conectividad, la adopción de estas herramientas y el acceso desigual a servicios financieros.
El propio proyecto contempla que, cuando una contingencia impida recibir pagos electrónicos, pueda utilizarse efectivo o cheque como alternativa.
De aprobarse, la Ley de Economía Digital representaría un cambio en la manera en que ciudadanos, empresas y gobierno realizan sus operaciones cotidianas. Para el SAT, el principal efecto potencial no sería la creación de nuevas facultades, sino un escenario en el que una mayor parte de la actividad económica deje registros digitales que puedan ser utilizados, conforme a la legislación vigente, para tareas de comprobación y fiscalización.
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