México ya terminó su examen antilavado. El país concluyó la evaluación internacional que mide qué tan preparado está para prevenir y combatir el dinero ilícito, pero todavía no puede decirse que aprobó: las calificaciones que mostrarán sus fortalezas y fallas permanecen reservadas.
La Secretaría de Hacienda informó que el examen fue realizado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que fija las reglas mundiales contra el lavado de dinero. El proceso concluyó el 30 de octubre y las calificaciones sobre el cumplimiento y la eficacia de México se conocerán el 17 de diciembre.
Explicó que la evaluación puso a prueba las medidas que México utiliza para prevenir y combatir el lavado de dinero, así como la capacidad de sus instituciones para obtener resultados; por ello, el examen no se limita a revisar leyes, también mide si funcionan en la práctica.
“Los trabajos para la Evaluación Mutua del GAFI implicaron un despliegue interinstitucional de todo el Estado mexicano”.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
¿Qué examinó el GAFI a México?
El GAFI establece que la evaluación mide dos frentes: el cumplimiento técnico, que revisa si existen las leyes, reglas e instituciones necesarias, y la efectividad, que determina si ese aparato realmente produce resultados contra el dinero ilícito.
Un comunicado, Hacienda detalló que México tuvo que acreditar su marco normativo, capacidades institucionales y resultados obtenidos por las autoridades; durante marzo, un equipo evaluador visitó el país para revisar información y evidencia sobre el funcionamiento del sistema antilavado.
El GAFI señala que el examen no entrega una sola nota de aprobado o reprobado: califica el cumplimiento de 40 recomendaciones y, por separado, mide la efectividad mediante 11 resultados inmediatos, lo que permitirá identificar en qué áreas México cumple y dónde necesita corregir deficiencias.
México movilizó todo su aparato
La Secretaría de Hacienda reveló que el país llevó el proceso a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la propia dependencia, Banco de México, Guardia Nacional, Sedena, CNBV, FGR, Auditoría Superior de la Federación, Relaciones Exteriores y Centro Nacional de Inteligencia; el examen involucró así autoridades financieras, fiscales, militares, de seguridad, procuración de justicia e inteligencia.
Señaló que el despliegue también exigió coordinación con los sectores financiero y no financiero, además de la iniciativa privada, porque el funcionamiento del sistema contra operaciones ilícitas rebasa las tareas exclusivas del Gobierno.
Hacienda reportó que México emprendió además una estrategia internacional para presentar avances, responder observaciones y fortalecer el respaldo al país mediante encuentros con delegaciones integrantes del GAFI; la UIF coordinó la integración de información y evidencia técnica para acreditar los resultados mexicanos.
¿Qué puede perder México si falla?
La Secretaría de Hacienda y el GAFI responden:
1.¿Qué es el GAFI?
Es el Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental que establece estándares internacionales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. México es evaluado directamente por este organismo global.
2. ¿Qué examinó a México?
Revisó si el país tiene las leyes, instituciones y herramientas necesarias y, especialmente, si funcionan. La evaluación analiza capacidades, resultados y evidencia para determinar qué tan efectivo es el sistema mexicano contra el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.
3. ¿Cómo se califica el examen?
No existe una sola calificación de “aprobado” o “reprobado”. Las 40 recomendaciones pueden quedar como cumplidas, mayoritariamente cumplidas, parcialmente cumplidas o no cumplidas; los 11 indicadores de efectividad reciben niveles alto, sustancial, moderado o bajo.
4. ¿Qué pasa si encuentra fallas graves?
El GAFI da seguimiento a las deficiencias encontradas y, en la actual ronda de evaluaciones, los países tienen tres años para corregirlas. Si persisten problemas estratégicos, el organismo puede aumentar la vigilancia y hacer públicas sus preocupaciones; las jurisdicciones sometidas a monitoreo reforzado integran la llamada lista gris, aunque una mala calificación no significa ingresar automáticamente en ella.
