Mexicali,B.C.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda se deslindó de las personas y empresas señaladas en la reciente información difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Gobierno de Estados Unidos y aseguró que no figura entre las personas sancionadas por esa autoridad.
A través de un posicionamiento emitido este martes, el Gobierno de Baja California señaló que la mandataria está legalmente divorciada de Carlos Torres Torres y que el único vínculo que mantiene con él es el relacionado con el bienestar de su hijo.
El pronunciamiento ocurre después de que el Gobierno de Estados Unidos incluyera a Torres Torres entre las personas sancionadas por la OFAC. De acuerdo con información difundida este martes, el Departamento del Tesoro estadounidense señaló a 21 personas y 25 empresas dentro de una acción relacionada con redes vinculadas al Cártel de Sinaloa.
El Gobierno estatal enfatizó que Marina del Pilar no aparece entre las personas sancionadas por la OFAC.
La gobernadora también afirmó que no posee cuentas bancarias ni bienes inmuebles en el extranjero y que su patrimonio se encuentra declarado ante las autoridades mexicanas.
Ordena revisar contratos con empresas señaladas
Como parte de su posicionamiento, Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor del Gobierno de Baja California a verificar si las empresas mencionadas por la OFAC han contratado con la administración estatal.
En caso de encontrar relaciones contractuales, los expedientes deberán ser remitidos a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones correspondientes conforme a la legislación.
El Gobierno estatal agregó que las personas señaladas deberán atender directamente su situación ante las autoridades competentes y que la administración estatal no hablará en su nombre.
El posicionamiento concluye señalando que la gobernadora continuará concentrada en los temas de seguridad, desarrollo y bienestar de Baja California.
La OFAC es una oficina del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargada de administrar y aplicar sanciones económicas y comerciales contra personas, organizaciones y entidades designadas bajo distintos programas de sanciones
