Carles Puigdemont tiene, nueve años después de abandonar España, el camino despejado para regresar sin enfrentarse a la detención que hasta ahora pesaba sobre él. El Tribunal Constitucional ha establecido que la ley de amnistía debe aplicarse también al delito de malversación vinculado al procés y, tras conocer esa decisión, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha dejado sin efecto la orden nacional de detención contra el expresidente catalán, Toni Comín y Lluís Puig.
Sin embargo, el propio Puigdemont se ha encargado de rebajar cualquier interpretación de la decisión judicial como el cierre definitivo de una etapa. Desde Waterloo, donde continúa instalado, ha celebrado el desenlace judicial como un revés para quienes durante estos años trataron de impedir la aplicación de la amnistía, pero ha insistido en que la cuestión catalana continúa abierta. Su diagnóstico es contundente: la resolución permite avanzar en su situación personal, pero no modifica su planteamiento político.
"Hoy no se soluciona nada en la relación entre Cataluña y España", ha defendido. Para el líder de Junts, la amnistía tampoco constituye por sí misma una solución al conflicto territorial.
Una vuelta que ya no depende de una orden de detención
La principal consecuencia práctica de la jornada es clara: Puigdemont puede regresar a España sin el riesgo de ser arrestado por la causa del procés que le ha mantenido fuera del país desde 2017.
La decisión del Constitucional ha cambiado el escenario jurídico que durante años había mantenido bloqueada esa posibilidad. El tribunal de garantías considera que el Supremo interpretó de manera excesivamente restrictiva la aplicación de la amnistía a la malversación y concluye que debía reconocer el perdón para los dirigentes independentistas afectados.
A partir de ahí, Llarena ha levantado la orden nacional de busca y captura. Con ello termina, al menos en el plano judicial interno, uno de los principales obstáculos para que Puigdemont pueda regresar.
Pero que pueda volver no significa que vaya a hacerlo inmediatamente. El propio expresidente catalán no ha anunciado una fecha concreta. Su abogado, Gonzalo Boye, ha señalado que primero debe completarse formalmente el procedimiento judicial y que, una vez cerrado, será Puigdemont quien decida cuándo regresar. La incógnita adquiere todavía mayor dimensión porque el regreso se produciría en un momento político especialmente delicado: España se encamina hacia unas elecciones generales el próximo 29 de noviembre.
Más allá de la cuestión jurídica, el discurso de Puigdemont tras la sentencia ha tenido un componente político evidente. El expresidente ha aprovechado la jornada para reivindicar los nueve años que ha pasado fuera de España y presentar su permanencia en Bélgica como una decisión política, no únicamente como una estrategia personal para evitar las consecuencias judiciales del procés.
En su comparecencia ha marcado distancias con quienes optaron por permanecer en España y afrontar sus procesos judiciales, como Oriol Junqueras. Puigdemont considera que el tiempo transcurrido ha demostrado, a su juicio, que la estrategia del exilio tuvo un sentido político propio.
Ese mensaje revela que el regreso, cuando finalmente se produzca, difícilmente será un simple trámite personal. Para Junts, la vuelta de su líder puede convertirse en un acontecimiento político de enorme repercusión. Y ahí aparece una de las grandes incógnitas de los próximos meses.
¿Regresará Puigdemont antes de las elecciones?
La posibilidad de que Puigdemont vuelva a Cataluña durante la precampaña o la campaña electoral introduce un elemento de enorme impacto en la política española.
Su regreso podría convertirse en uno de los principales asuntos de la contienda electoral. Para el independentismo, supondría el retorno de uno de los protagonistas centrales de octubre de 2017 después de casi una década en Bélgica. Para sus adversarios políticos, en cambio, puede convertirse en un argumento para cuestionar la política de pactos y la ley de amnistía impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Por eso, el calendario judicial y el calendario electoral quedan inevitablemente conectados. Puigdemont no ha confirmado cuándo regresará, pero su situación ha cambiado radicalmente en apenas unas horas. Lo que durante años parecía una vuelta imposible sin pasar previamente por los tribunales se ha transformado en una posibilidad real.
El regreso de Puigdemont tampoco se producirá en un escenario independentista idéntico al de 2017. Junts y ERC mantienen profundas diferencias después de años de enfrentamientos estratégicos. A ello se suma el crecimiento de Aliança Catalana, que introduce una nueva fuerza en el espacio soberanista y complica todavía más la posibilidad de recuperar la imagen de unidad que rodeó al movimiento independentista durante el otoño de 2017.
Puigdemont ha expresado su deseo de que su retorno pueda convertirse en un momento de unidad. Pero reconstruir aquella fotografía política parece mucho más difícil que regresar físicamente a Cataluña. El independentismo actual es más fragmentado, sus partidos compiten entre sí y el contexto político español también ha cambiado profundamente.
Las incógnitas serán saber cuándo cruza Puigdemont de nuevo la frontera, cómo utilizará políticamente ese regreso y cómo será comprobar si su vuelta modifica el equilibrio electoral en Cataluña y en el conjunto de España.
Después de nueve años de exilio, Puigdemont puede volver, pero vuelve a una España diferente y a una Cataluña que también ha cambiado. El problema judicial que condicionó su vida política está prácticamente resuelto. La cuestión política que él mismo considera pendiente continúa abierta. @mundiario
