La negociación que el Gobierno quiso cerrar como un acuerdo de la mayoría de investidura llega al Congreso convertida en una nueva prueba de supervivencia parlamentaria. Los dos decretos de vivienda aprobados por el Consejo de Ministros no tienen asegurada su convalidación, según admite el propio Ejecutivo, que ha decidido jugar la baza de someterlos por separado a una votación urgente este viernes. La estrategia de La Moncloa pasa por poner a sus socios ante el dilema de respaldar medidas de protección frente a los desahucios y ayudas a propietarios o asumir el coste de rechazarlas. Pero Junts y Podemos no han comprado, por ahora, ese planteamiento.
El escenario vuelve a ser el habitual en una legislatura en la que la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez funciona cada vez de forma más fragmentada. Los posconvergentes no anticipan el sentido de su voto y los morados mantienen sus cuatro escaños en el aire. La formación independentista ha trasladado a la prensa este miércoles en el Congreso que su posición dependerá del contenido definitivo de los textos y de cómo evolucione la negociación parlamentaria.
El Gobierno ha optado por una estrategia de riesgo. El primer decreto concentra la mayor parte de las medidas: protección frente a los desahucios hasta finales de 2030, restricciones a las compras especulativas de vivienda por determinados fondos, regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, prórrogas extraordinarias de contratos y un paquete de medidas fiscales. El segundo incorpora la renovación automática de los contratos de alquiler, una de las principales exigencias de Sumar y del Sindicato de Inquilinas.
En La Moncloa consideran que el primer texto debería resultar particularmente difícil de rechazar para los grupos de la mayoría. La lógica política del Ejecutivo pasa por entender que, si Junts o Podemos votan en contra de medidas que amplían la protección de hogares vulnerables, el Gobierno podrá responsabilizarlos del fracaso.
Es una operación parlamentaria deliberada. Las fuentes gubernamentales reconocen que no tienen los votos “amarrados”, pero sostienen que no había otra alternativa después de semanas de negociación. La división del paquete permite, además, separar las medidas que han sido trabajadas con distintos grupos de la controvertida renovación automática de los alquileres, que ha encontrado mayores resistencias en las derechas nacionalistas de Junts y el PNV.
Nogueras (Junts): "Hemos encontrado un acuerdo para ser parte de la solución y no dar excusas a aquellos que han sido incapaces durante estos años de resolver este problema. Lo hemos hecho con nuestras medidas que parece que acepta el PSOE pero hay un veto de Sumar" #LaHora29S https://t.co/1qH4cEg352
— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 29, 2026
Junts tiene la llave, pero Podemos tensiona
Los siete diputados posconvergentes vuelven a convertirse en una de las principales incógnitas de la votación. El partido de Carles Puigdemont no ha dado un sí ni un no y ha reclamado disponer de los textos definitivos antes de pronunciarse. Desde la formación han cuestionado incluso que el Gobierno hubiera cerrado completamente el acuerdo cuando anunció las medidas.
La cautela de Junts no es nueva. La relación parlamentaria con el Ejecutivo lleva meses marcada por una negociación caso por caso y por la ausencia de compromisos previos sobre el sentido del voto, tras la ruptura de otoño del año pasado con el paso público a la oposición. En esta ocasión, además, la formación catalana ha mantenido posiciones de derechas en materia económica y ha cuestionado varias medidas intervencionistas, como la prórroga de los alquileres que tumbó junto a PP, Vox y UPN hace unos meses. No obstante, el Gobierno confía en que los nacionalistas catalanes puedan terminar apoyando al menos el primer decreto.
La posición de Podemos es todavía más problemática para la estrategia de La Moncloa. La exministra de Derechos Sociales Ione Belarra ha rechazado que las medidas se hayan separado en dos textos y acusa al Gobierno de aplicar una estrategia de “divide y conquistar”. La formación reclama que la renovación automática de los contratos forme parte del mismo paquete que las demás medidas.
Los cuatro diputados de Podemos tienen un peso especialmente relevante porque, con una Cámara tan fragmentada, cada escaño puede resultar determinante. Belarra ha definido esos votos como una herramienta de presión en manos de las personas movilizadas en la Puerta del Sol y ha reclamado al PSOE una rectificación que el Ejecutivo, al menos por ahora, descarta. La presión procede también de la calle. La acampada continúa después de que el Gobierno aprobara los decretos y sus promotores han advertido de que estudiarán la letra pequeña antes de considerar cumplidas sus reivindicaciones.
Belarra acusa a Ayuso de "desahuciar" a Maricarmen, al PSOE y al PP de "recortar" la educación pública y al PSOE y Sumar de hacer "trampas" en el decreto de vivienda: "Algo ha cambiado estos días. Lo vemos en el brillo de los ojos de la gente (...) Esta vez no va a colar" https://t.co/BR0dsJxsfV
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 30, 2026
171 votos en contra ya previstos
La aritmética explica hasta qué punto está abierta la votación. PP, Vox, UPN y Javier Ortega Smith (Grupo Mixto) suman de partida 171 votos contrarios. Los populares ya han anunciado su rechazo al modelo de vivienda del Ejecutivo y no contempla, por ahora, una abstención.
Eso obliga al Gobierno a mantener cohesionados prácticamente todos los apoyos situados a su izquierda y a sumar, además, a los partidos nacionalistas que todavía no se han comprometido. La mayoría de investidura completa alcanzaría 179 diputados, pero esa fotografía ya no representa la realidad parlamentaria actual.
Con PSOE y Sumar, más un posible apoyo del PNV, con ERC, EH Bildu, BNG y la diputada Àgueda Micó (Més-Compromís), el Ejecutivo parte de una base que ronda los 168 apoyos, siempre dependiendo de la posición definitiva de todos los grupos. Coalición Canaria tampoco había confirmado todavía su voto cuando comenzó la cuenta atrás. La llave de Junts y los cuatro escaños de Podemos pueden decidir el desenlace.
Una votación y dos lecturas políticas
El primer decreto y el segundo llegan, por tanto, al Congreso con perspectivas diferentes. El Gobierno considera que el paquete amplio tiene más posibilidades de salir adelante, mientras que la renovación automática de los alquileres aparece como la pieza más vulnerable debido a la falta de apoyos entre algunos socios parlamentarios.
La división permite al PSOE y a Sumar presentar el acuerdo como un avance conjunto, pero también expone las diferencias entre ambos socios. Sumar ha reivindicado precisamente la renovación automática como una de las conquistas de su negociación, mientras los socialistas han defendido la separación como una forma de proteger el resto del paquete y facilitar su tramitación.
En paralelo, el Ejecutivo ha lanzado mensajes al PP para que apoye medidas que, según los ministros de Pedro Sánchez, coinciden parcialmente con propuestas defendidas por los populares en el Parlamento. La respuesta del principal partido de la oposición ha sido hasta ahora negativa, el PP considera que el modelo gubernamental interviene excesivamente en el mercado y reclama otro enfoque basado en aumentar la oferta.
Dentro del bloque progresista tampoco existe un entusiasmo uniforme. ERC considera insuficientes las medidas, pero su portavoz, Gabriel Rufián, ha defendido una posición pragmática frente a la alternativa de que el paquete decaiga. El BNG, por su parte, ha cuestionado que se hayan separado los decretos, aunque ha planteado que entre “un parche” y dejar a ciudadanos vulnerables sin protección optará por respaldar las medidas de protección. @mundiario
