Guanajuato.- Desde 2021, Guanajuato ha registrado al menos 18 víctimas fatales en ataques armados, todas ellas familiares de funcionarios como presidentes municipales, regidores, policías, incluso del entonces gobernador.

La víctima más reciente fue Eduardo Olvera García, esposo de la Presidenta municipal de Jerécuaro, Isabel Ascevedo Mercado, asesinado la noche del viernes 13 durante un ataque a un bar, junto con él falleció otra persona.

Esto, de acuerdo a datos obtenidos del informe “Votar entre balas”, sobre hechos de violencia político-criminal identificados a partir de la recopilación de información de notas periodísticas, realizado por la organización Data Cívica en conjunto con el sitio Animal Político y la organización México Evalúa, además de la revisión del archivo hemerográfico de AM.

Según el listado “Votar entre balas”, entre enero y noviembre de 2025 Guanajuato registró 39 víctimas de violencia político-criminal, es decir, tanto personas funcionarias, autoridades de elección popular, integrantes de partido y fuerzas de seguridad, así como familiares.

Esto, en delitos como asesinato, secuestro, desaparición, atentado y/o amenazas.

Esas cifras posicionaron al estado en el cuarto lugar nacional de violencia político-criminal, por debajo de Veracruz, Sinaloa y Guerrero.

Aunque 23 de esas 39 víctimas corresponden a ataques directos contra policías y fuerzas del orden, la entidad también registró víctimas civiles relacionadas con dichos atentados, durante ataques en contra de funcionarios en funciones o de aspirantes en tiempos electorales.

La primera víctima fatal en el recuento de Data Cívica es Paula Casas, esposa del regidor del PVEM, Miguel Alberto Cardiel Ledesma, asesinada el 26 de abril de 2024, aunque el peor incidente ocurrió el 22 de noviembre de 2022, cuando cuatro familiares de una comandante de Policía en Tarimoro (dos hombres y dos mujeres), fueron ultimados por hombres armados que ingresaron al domicilio de la policía y dispararon contra ellos.

También se menciona a Gustavo Andrés Cordero Vallejo, un ganadero y primo del entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien fue asesinado el 31 de mayo de 2023, tras ser un ataque en León, perpetrado por sujetos armados, cuando circulaba en su camioneta.

El 25 de mayo de 2024, Yozajamby Molina, entonces candidata de Morena, hoy Alcaldesa de Pénjamo, confirmaba la muerte de su padre y de su pareja, tras un ataque armado en un bar, un hecho similar al ocurrido el viernes 13 de marzo en Jerécuaro.

El listado incluye a víctimas de otros delitos, como el secuestro del suegro de la candidata a alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez Barragán, cometido el 2 de abril de 2024. Poco después fue liberado.

En tanto que el 2 de septiembre de ese mismo año, un hijo del entonces alcalde electo de Comonfort, Gilberto Zárate, resultó herido en un ataque armado en la comunidad de Empalme Escobedo. Un hombre que viajaba en otro automóvil murió, pese a que presuntamente era ajeno a los hechos.

Acusa falta de vigilancia estatal en región sureste

La diputada local del Distrito XXII, María Eugenia García Oliveros (Morena), acusó la falta de vigilancia por parte de policías estatales en la región sureste del estado y en su distrito, asegurando que en sus recorridos por Guanajuato solo ve convoyes hasta Celaya y no más al sur, donde también ocurren situaciones de inseguridad.

El asesinato de Eduardo Olvera, esposo de la alcaldesa de Jerécuaro, Isabel Ascevedo, “me duele, tengo buena relación con la alcaldesa, pero hemos visto desde que empezamos este periodo, al menos el legislativo, todo lo que ha habido de inseguridad en mi distrito”.

“La seguridad de los estatales siempre está de Celaya hacia el centro y el sureste siempre ha sido olvidado de todas las formas posibles, de obra pública, de inseguridad, todo, siempre nos han tenido olvidados”.

Dijo que como diputada solo le queda exhortar al Poder Ejecutivo, que realiza estas acciones a través de la estrategia “CONFÍA” de la Secretaría de Seguridad y Paz. Que espera que la vigilancia vaya más allá de solo enviar tropa, tal como pasó en los incidentes con autos bomba “y luego se volvieron a olvidar de nosotros”.

La diputada morenista advirtió que no se ha presentado suficiente atención a la zona, tomando en cuenta de que hasta ha habido coches bomba (en el municipio de Acámbaro, en 2024).

Ese día, 24 de octubre, la explosión a metros de las instalaciones de Seguridad Pública Municipal cimbró al municipio; hubo tres policías lesionados y cuantiosos daños materiales.

Y en Jerécuaro, el 17 de diciembre de ese mismo año, asesinaron a 2 policías y a un civil. La patrulla donde los agentes estaban estacionados, a la entrada principal al municipio, recibió más de 200 balazos. Un menor de edad, que atendía un puesto ambulante de cobijas, resultó herido de gravedad.

Hizo notar que aunque hace poco pudo reunirse con la gobernadora Libia García en un evento público, la dinámica fue muy rápida y no hubo oportunidad de profundizar temas.

“(La inseguridad) es uno de los temas que nos duelen como ciudadanos y que debe ser tocado”, de ahí que realizará el exhorto en el Pleno del Congreso.

García Oliveros reconoció que hace un año denunció un incidente donde presuntos hombres armados habrían intentado darle alcance en su camioneta. Y aunque desde la campaña le tocó ser perseguida más de una vez, pese a que tenía custodia de la Guardia Nacional, en el incidente de 2025 iba acompañada de su hija, por lo que le causó especial temor.

Cuestionada sobre qué resultados hubo de la denuncia que presentó, si hubo responsables o al menos, motivo (si fue por intento de robo de vehículo u algún otro), dijo que la Fiscalía General del Estado ya no le dijo nada, aunque en más de una ocasión ha sido informada que otras carpetas iniciadas son archivadas, algo que ha reclamado al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste.

“(Le dije) ¿De qué se trata? ¿Vamos a esperar a que sea alguien de su color o alguien de su familia? Viste que tampoco hubo respuesta”.

Dijo que ojalá su partido le dé oportunidad de hacerle preguntas al Secretario de Seguridad y Paz, Juan Mauro González, durante la glosa, y plantearle sus dudas.

Condolencias

Actores políticos morenistas de la región sur usaron sus redes sociales para brindar condolencias hacia la alcaldesa Isabel Ascevedo Mercado y su familia, así como la gente de Jerécuaro.

La diputada federal por el Distrito 14, Juana Acosta Trujillo, lamentó el fallecimiento de Eduardo Olvera García: “expreso mis más sinceras condolencias (a Isabel)  así como a su familia y seres queridos en este difícil momento. Nos unimos a su pena y deseamos que encuentren fortaleza y consuelo ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Mientras que la diputada federal plurinominal Antares Vázquez Alatorre, se sumó a los mensajes de acompañamiento.

“Lamento el artero homicidio de Eduardo Olvera, esposo de la Presidenta municipal de Jerécuaro. Ninguna familia debe pasar por una situación así. Exijo a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato que garantice que no haya impunidad como sucede en tantos casos en nuestro estado. Mi pésame y solidaridad con Isabel Ascevedo y su familia”.

Rechazan diputados de Guanajuato blindaje especial para familias de políticos

Legisladores del Congreso del Estado de Guanajuato rechazaron implementar medidas de protección exclusivas para parientes de servidores públicos. La postura surge tras los recientes hechos de violencia que afectaron a la alcaldía de Jerécuaro.

Los representantes populares enfatizaron que la prioridad debe ser el bienestar de toda la población de Guanajuato. Se descartó el uso de recursos públicos para un protocolo de blindaje que beneficie únicamente al entorno de la clase política.

La discusión en el Poder Legislativo se detonó a raíz del ataque directo ocurrido este sábado en la región sur del estado. A pesar de la vulnerabilidad expuesta, los diputados optaron por no crear fueros especiales en materia de seguridad.

Representantes de distintas fuerzas políticas coincidieron en que asignar escoltas a familias de políticos sería un mensaje equivocado hacia la sociedad. Argumentaron que los esfuerzos deben concentrarse en mejorar la vigilancia en todas las colonias de Guanajuato.

Se planteó que la respuesta ante la violencia en Jerécuaro debe ser el fortalecimiento de la inteligencia y no el aislamiento de los funcionarios. La coordinación con la Federación se considera clave para pacificar las zonas con mayor incidencia.

La negativa a este blindaje especial busca evitar un gasto excesivo en seguridad privada para particulares con cargo al erario. Los legisladores sostienen que el presupuesto debe ir a patrullajes preventivos y equipamiento policial general.

Durante el debate, se hizo hincapié en que los servidores públicos deben compartir el mismo entorno de seguridad que el ciudadano común. Esta postura pretende reforzar la confianza ciudadana en las instituciones de Guanajuato.

Expertos en seguridad pública han sugerido anteriormente que los protocolos de protección deben basarse en análisis de riesgo y no en el parentesco político. El acuerdo legislativo cierra la puerta a cambios legales inmediatos en esta materia.

AAK