TULA DE ALLENDE, Hgo. 07 de abril de 2026.- Desde su entrada en vigor, el 17 de junio de 2025, el ayuntamiento de Tula incumple con la Ley Silla (de orden federal), la cual establece que la parte patronal, sea del carácter que sea —pública o privada—, debe contar obligatoriamente con sillas para los empleados que cumplan con jornadas laborales de más de 8 horas.
La autoridad municipal nunca ha cumplido con la ordenanza contenida en la Ley Federal del Trabajo, y pese al exhorto de la fracción independiente de cumplir con la disposición desde hace casi dos meses, la medida no ha sido observada por la Asamblea municipal.
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Lo anterior, pese a que los trabajadores del municipio, asignados a la sala de Cabildo cumplen con una jornada extendida que rebasa las 8 horas: primero cubren un horario de 8 de la mañana a 16 horas (horario en que las actividades de la presidencia municipal se terminan) y luego, deben regresar a cubrir las juntas edilicias a las 18 horas.
Con todo y el horario de trabajo extendido, las sesiones del ayuntamiento suelen durar entre tres y tres horas y media, por lo que, en ocasiones, los funcionarios que cubren el Cabildo, suelen concluir su jornada hasta casi las 22 horas.
La fracción independiente del ayuntamiento ha observado esta anomalía durante las últimas tres sesiones ordinarias de la Asamblea (más de un mes y medio), sin que la cabeza del ayuntamiento, el alcalde Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, haga pronunciamiento alguno respecto a la omisión.
A diferencia de las empresas, que por incumplimiento de la ley pueden ser sancionadas con multas de hasta 270 mil pesos o montos mayores en caso de no atender la disposición en forma reiterada, las autoridades municipales de Hidalgo deben ser sancionadas conforme a la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Cabe resaltar que, al igual que históricamente, al principio de la administración 2024-2027, sí había sillas disponibles para los asistentes a la sala de Cabildo; de acuerdo con testimonios de los trabajadores de la propia Asamblea, estas fueron retiradas como “castigo” a los medios de comunicación que dan una cobertura crítica a las sesiones.
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