Decía Toynbee que en repetidas ocasiones la historia deviene en una gran paradoja. Estos días que asistimos al epílogo triunfal de los efectos de la amnistía y la prevista vuelta del fugado Puigdemont, dicen sus partidarios, para retomar el poder en Cataluña. Cabe recordar aquel famoso anuncio de Pedro Sánchez de que él se encargaría de traer de vuelta al escapado, porque para algo el fiscal era su subordinado. Y Sánchez cumple, pero el mecanismo esencial de esa vuelta no es en estos momentos fiscal, que lo fue, sino presidente del Tribunal Constitucional. Pero el presidente ha cumplido con una ligera variante. La ponencia del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, sobre la interpretación del Tribunal Supremo de la ley de la Amnistía concluye que éste hizo una interpretación “extensiva” de la norma al negarse a aplicarla, que ha vulnerado tres artículos de la Constitución y, por tanto, debe rehacer su resolución y aplicar la ley del olvido penal a los líderes del procès hicieran lo que hicieran, incluido el uso de dinero público para sus fines.
El debate judicial se ha enriquecido mucho en este asunto. Para unos, la actuación del Constitucional como una instancia de revisión de las sentencias del Supremo invade sus competencias en la determinación e interpretación de los hechos, cosa que creíamos misión específica del máximo tribunal. Pero ya vemos que no, porque desde que Conde-Pumpido está al frente se han incrementado las correcciones al Supremo, en caso tan notorios como el asunto de los EREs de Andalucía, que benefició a dos dirigentes del PSOE, y luego la amnistía pactada a cambio de los votos que hicieran presidente a Sánchez. Cierto que, de todos modos, ya antes el Constitucional revocara y dejara sin efecto otro caso escandaloso como el de los Albertos, en un tiempo lejano cuando no estaba el actual presidente de este órgano al frente. El Tribunal Constitucional anulara la condena de tres años y cuatro meses de prisión que el Tribunal Supremo impusiera a los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil. Se consideró que ambos engañaron a sus socios al negociar la venta del conjunto de Urbanor, propietaria de los terrenos donde se construyeron las torres KIO, en Madrid. El Tribunal Constitucional aceptó parcialmente el recurso de amparo presentado por los empresarios tras cuatro años.
Por estos y otros hechos, destacados juristas consideran que fue un error, en su momento necesario, crear el Constitucional y sostienen que hubiera sido mejor que sus funciones hubieran sido concentradas en una sala del propio Supremo. La cuestión radica en la divergente interpretación de la “legalidad ordinaria”, por cuanto la amnistía del procès deja impunes una serie de delitos comunes, que sigue en el Código Penal, borrados para siempre porque quieren los cometieron lo hicieron por “una causa política”, la independencia de Cataluña.
Las tensiones entre el Constitucional y el Supremo
De todos modos, ahí queda la evidencia que contradice si el Constitucional puede proceder a la revisión de los hechos establecidos por los tribunales ordinarios. La función del Constitucional se entiende tradicionalmente como órgano de control normativo y de protección de derechos fundamentales, no como una instancia revisora de hechos o pruebas. La determinación de los hechos corresponde exclusivamente a los tribunales de fondo, quienes tienen contacto directo con las pruebas y las partes. En consecuencia, el Tribunal Constitucional no debia sustituir esa valoración, ya que ello implicaría invadir la competencia del Poder Judicial y desnaturalizar su rol. El artículo 123 de la Constitución establece que “el Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales”. Es decir, el Tribunal Constitucional no es una última instancia judicial en nuestro país ni su función pasa por supervisar el fondo de las sentencias dictadas por el Alto Tribunal ni, tampoco, la de corregir las penas impuestas por éste como resultado del desarrollo de cualquiera de las causas resueltas por sus salas. De ahí que autorizados constitucionalistas han pedido al Constitucional simplemente contención. Su intervención se justifica únicamente cuando la valoración fáctica realizada por los tribunales ordinarios trasciende al ámbito constitucional y compromete derechos fundamentales.
Las críticas a la actuación del Constitucional en este caso se centran en que parece que ha asumido la función de defender los intereses ideológicos o políticos del Gobierno en los asuntos de la legalidad ordinaria cuyo único y último intérprete debería ser el Supremo. Da la sensación de que se ocupa de revisar y corregir aquellas sentencias firmes cuando se entiende que no convienen al Gobierno, sus pactos y dependencias en sus tratos políticos. Lo cierto es que esas tensiones entre el Supremo y el Constitucional han seguido creciendo. Pese al asunto de la amnistía a Puigdemont y los suyos, casi lo supera en volumen el asunto de los EREs. con más de 100 piezas abiertas y con cargos políticos implicados. Es tiempo, en estas horas finales para el retorno de Puigdemont conviene volver al origen. El 9 de noviembre de 2023, nada menos que Sánchez Cerdán establece el acuerdo por el que Junts aportaría los cotos necesarios para que Sánchez siguiera siendo presidente ampliando en lo necesario el alcance de la Ley de Amnistía. Esa ley que nunca se propondría porque no cabía en la Constitución, según dijeran sucesivamente Pedro Sánchez, Marlaska, Illa, Carmen Calvo, María Jesús Montero y otros. Claro que luego englobó, sin excepciones, todos los casos de personas afectadas por procesos judiciales por hechos sucedidos antes y después de la consulta de 2014 y el referéndum de 2017.
La perspectiva de esta historia denota el modo grosero que, desde el Gobierno, se fue tejiendo la madeja que envolviera sus propias necesidades, jugando con el mismísimo Código Penal. Los indultos (aquello que Sánchez dijera de lo que era contrario) de 2021 excluyeron la malversación, pero seguidamente la reforma del Código Penal de 2022 rebajó las penas de ese delito, y por fin la Ley de Amnistía de 2024 se concibió para cubrir todos los huecos pendientes: amnistiar las malversaciones que habían quedado fuera de los indultos y la reforma del Código Penal. Daba igual que los políticos y funcionarios usaran los fondos públicos para sufragar un referéndum ilegal, cosa que el Constitucional corrige al Supremo.
Un pacto o acuerdo político-comercial
Lo más escandaloso no es ya la aplicación extensiva de esta ley, fruto de un pacto o acuerdo comercial entre el PSOE y Junts, sino la propia exposición de motivos, como instrumento necesario para la normalización política de Cataluña, borrando todas las consecuencias de quienes la alteraron. Causa perplejidad que el Tribunal nunca haya reconocido que la Ley de Amnistía, fruto de un acuerdo o pacto político-comercial tuviera otra función o finalidad que la investidura como de Pedro Sánchez. Es consecuencia directa de la finalidad definida que cualquier interpretación que se haga de la misma lo fuera a favor de los intereses de Sánchez y de los afectados, propios amnistiados, empezando por Puigdemont. Un personaje tan poco sospechoso como el propio socialista catalán Borrell ha dicho que los beneficiados de la famosa ley y los previos indultos nunca han parado de manifestar que volverían a hacer lo que hicieron. El propio Turull, al anunciar la inminente vuelta de Puigdemont destaca que no retorna como un exiliado, sino como presidente, para volver al primer plano de la política.
Conviene estos días volver al contenido de aquel magnífico libro “La amnistía en España. Constitución y Estado de Derecho”, publicado por Colex, que promovieron los catedráticos de Derecho Constitucional Manuel Aragón (también magistrado emérito del Constitucional) y Agustín Ruíz Robledo y el de Derecho Penal Enrique Gimbernat. Con la participación de los más reputados especialistas en Derecho Constitucional y Penal, la obra es un gran memorándum que desmonta todas las falacias sobre la amnistía, “la autoamnistía” escribe alguno de ellos, con referencia a su más simbólico beneficiario. Pero hay en el libro una pregunta esencial, definitiva, arrasadoras. Y es la pregunta de “¿Cuándo, en que programa electoral de Pedro Sánchez se incluía conceder una amnistía a los sediciosos de Cataluña?”. Es decir, la propuesta con la que pidiera el voto de los españoles. @mundiario
