Director General, Derecho Laboral de Bufete de Buen.
Era fácil anticipar que una decisión que perjudicaría a decenas de miles de jubilados del sector paraestatal que reciben pensiones muy superiores a los salarios de la inmensa mayoría de los trabajadores sería bien recibida por esa mayoría, sin importar que la decisión fuese abiertamente ilegal y terriblemente injusta con quienes luego de cumplir las reglas impuestas por el Estado para hacerse acreedores a las correspondientes pensiones, se encuentran con un decreto que las reduce drásticamente, sin haber sido oídos ni vencidos en un juicio en el que se cumplieran las formalidades que pretende garantizar el artículo 14 de la Constitución. Así funciona el populismo, sea de izquierda o de derecha, como lo demostraron los timoratos partidos ¿de oposición? que prefirieron sumarse que defender los derechos fundamentales de las víctimas.
Y es que los derechos humanos, que habían fortalecido las reformas constitucionales de 2011, han quedado sujetos a la voluntad de un poder legislativo sometido vergonzosamente a una presidencia que no tiene el mínimo respeto por el estado de derecho. No hay que olvidar que nuestro Congreso de la Unión alcanzó las mayorías necesarias para reformar la Constitución con trampas evidentes, avaladas por un Tribunal Electoral tan sumiso como los propios legisladores.
Conviene recordar también que en 2013 se promulgó una nueva Ley de Amparo que en un acto de soberbia legislativa determinó que las reformas a la Constitución no podían combatirse mediante el juicio de amparo (artículo 61, fracción I). Fue una reforma inconstitucional que prejuzgaba que todos los cambios a la carta magna serían respetuosos de los derechos humanos y sus garantías por el mero hecho de aparecer ahí. Pero el asunto se agravó cuando en medio de la vorágine de la reforma judicial, apareció en el Diario Oficial del 31 de octubre de 2024, en la incipiente presidencia de Claudia Sheimbaum, una reforma que llevó la misma prohibición al cuerpo de la Constitución (artículo 105), una carta libre a ese espurio poder constituyente para eliminar de un plumazo cualquier derecho. Podría, por qué no, suprimir la propiedad privada, legalizar la esclavitud y convertir a México en una dictadura constitucional. Así de grave, al menos si se mantiene el criterio de que la Constitución no puede ser inconstitucional y no creo que nuestra flamante Suprema Corte vaya a rebelarse en contra de sus padrinos.
Tenemos, por ahora, un decreto que con gran cinismo nos dice que el gobierno no cumplirá con las obligaciones contraídas con sus empleados de confianza. No es cuestión de derechos sino de pasiones. Este Robin Hood de la 4T nos dice que los ahorros que se obtengan servirán para lograr “pensiones dignas, con especial atención a las personas de menores ingresos”. Nada dice sobre el monto de los ahorros que la medida generará ni el destino que se les dará. Tampoco habla de los inmensos boquetes que ocasionan los grandes robos a la Nación como la “estafa maestra” o el “huachicol fiscal”, ni de los costos de las obras faraónicas del gobierno anterior como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya o la refinería Dos Bocas. El costo de las “pensiones doradas” palidece frente a aquellos.
El problema de origen no está en las pensiones sino en los bajos ingresos de nuestros trabajadores. Reconocemos que el incremento real en los salarios mínimos ha sido la política más exitosa de la 4T, así haya iniciado en el último año de la presidencia de Peña Nieto, pero la pretensión de resolver el problema mediante el atraco a quienes trabajaron bien por más de treinta años, que no cobraron las muchas horas extras que laboraron, que tenían que acatar acríticamente las órdenes de sus superiores, aquel grupo de privilegiados a quienes la presidenta coloca en el banquillo de los acusados como los culpables de que los demás reciban pensiones insuficientes, eso es indigno e ilegal como el decidir a priori que solo merecen la mitad de lo que supuestamente recibe la Sra. Claudia. No importan los compromisos que hayan adquirido, las hipotecas que ya no podrán pagar, los seguros que no podrán conservar y por qué no, el restaurante al que gustaban acudir o el viaje que habían planeado.
En el pasado quedaron sus derechos humanos, la propiedad privada, la no retroactividad, la no discriminación (a los militares ni con el pétalo de una rosa), la irrenunciabilidad de sus derechos laborales, los principios pro persona, de universalidad y progresividad y una larga lista de derechos fundamentales y principios que consagraba nuestra vieja Constitución.
La posibilidad de obtener una resolución favorable en las instancias nacionales se antoja casi imposible en un sistema que suprimió ya la división de poderes. Solo queda el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, un camino que suele ser largo y tortuoso, pero que es el único que puede producir un resultado apegado a derecho.