El salario mínimo interprofesional afronta una negociación marcada por la prisa. Yolanda Díaz ha puesto en marcha el proceso para determinar cuánto deberá subir el SMI en 2027 y ha dado a la comisión de expertos un plazo inusualmente corto: el informe con su recomendación deberá estar listo, como tarde, en el puente de Todos los Santos, dentro de unas tres semanas.
La aceleración no es un detalle menor. En los últimos años, el Gobierno había esperado hasta comienzos del año para aprobar el nuevo suelo salarial, pero esta vez pretende tener la decisión encaminada mucho antes. Díaz desvincula el calendario de las elecciones, aunque fuentes de su departamento reconocen a El País que la intención es que el incremento esté aprobado antes del 29 de noviembre.
La ministra de Trabajo defiende que el procedimiento responde a una necesidad económica y no electoral. “La vida no se detiene porque haya un proceso electoral”, ha señalado. Sin embargo, adelantar varios meses una decisión que afecta directamente a millones de trabajadores abre un nuevo frente político y empresarial en un momento especialmente sensible.
La cuestión central será cuánto debe aumentar el SMI para evitar que la inflación reduzca la capacidad de compra de quienes perciben los salarios más bajos. El debate llega, además, cuando el índice de precios ha acelerado con fuerza. Díaz ha situado la inflación en el 4,9% y ha reclamado que los expertos tengan en cuenta que el salario mínimo no debe perder poder adquisitivo.
Dos referencias que pueden cambiar la subida
La cifra final no está predeterminada. Una subida equivalente al 4,9% llevaría el salario mínimo desde los actuales 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas hasta aproximadamente 1.281 euros. Si, en cambio, se utilizase como referencia el promedio de inflación del último año, situado en el 3,3%, el SMI quedaría en torno a 1.258 euros.
La diferencia entre ambas fórmulas puede parecer pequeña sobre el papel, pero supone varios cientos de euros al año para un trabajador que cobre el salario mínimo. Por eso, la metodología que utilicen los expertos tendrá tanta importancia como la propia recomendación.
La comisión suele plantear distintos escenarios antes de que Trabajo tome una decisión. Tradicionalmente, la opción más elevada es la que termina imponiéndose cuando existe acuerdo con CC OO y UGT. Las organizaciones empresariales, por su parte, han rechazado prácticamente todas las subidas impulsadas por Díaz desde que ocupa la cartera, salvo el incremento de 2020, cuando el SMI pasó de 900 a 950 euros.
El Gobierno llega a esta negociación con un argumento político difícil de ignorar: desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, el salario mínimo ha pasado de 736 a 1.221 euros, un aumento del 66%. En ese mismo periodo, los precios han aumentado alrededor de un 23%, lo que ha permitido una mejora considerable del poder adquisitivo de los trabajadores situados en la parte más baja de la escala salarial.
El adelanto del SMI abre otro pulso con las empresas
Para Yolanda Díaz, esa evolución demuestra que el SMI se ha convertido en una de las principales herramientas contra la pobreza laboral. Pero cada nuevo incremento también genera tensión con las empresas, especialmente en sectores donde los salarios más bajos tienen un peso elevado.
El conflicto no termina con determinar una cifra. Los sindicatos reclaman además que la subida tenga un efecto real sobre las nóminas y no pueda ser neutralizada mediante la absorción de determinados complementos salariales. El Gobierno se comprometió a impedirlo mediante un cambio normativo que acumula retrasos.
Díaz ha asegurado que esa modificación se encuentra en el “carril administrativo”, aunque todavía no ha concretado cuándo llegará al Boletín Oficial del Estado. Para CC OO y UGT, el asunto es especialmente relevante: las centrales han advertido de que estas medidas serán determinantes para futuros acuerdos con el Ejecutivo.
También permanece pendiente el refuerzo del registro horario, otra de las reivindicaciones sindicales que Trabajo pretende sacar adelante antes de las elecciones.
La decisión sobre el SMI, por tanto, será mucho más que una simple actualización de una cifra. En unas semanas, el Gobierno tendrá que decidir cuánto margen quiere dar a los salarios más bajos frente a una inflación que vuelve a presionar, mientras sindicatos y empresarios mantienen posiciones enfrentadas y el calendario electoral añade tensión a una negociación que normalmente se desarrolla mucho más tarde.
Además, al tratarse de un real decreto, el Ejecutivo no necesita someter la subida del salario mínimo a una votación parlamentaria para que entre en vigor. Eso permite a Trabajo avanzar con rapidez y explica, en parte, por qué el Gobierno puede intentar cerrar el proceso antes de la cita electoral. @mundiario
