TULA DE ALLENDE, Hgo. 08 de abril de 2026.- En el ayuntamiento de Tula hay controversia respecto a la emisión del dictamen para el análisis y discusión para crear el Consejo de Participación Ciudadana en materia de Seguridad Pública, figura que debió haber sido instaurada durante los primeros 30 días naturales del gobierno de Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz (2024-2027).
Por un lado, la semana pasada, la fracción independiente del Cabildo –que ha dado seguimiento al tema- solicitó la inclusión del punto para la presentación del dictamen de la comisión de Seguridad Pública que diera pie a la instauración del órgano ciudadano.
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No obstante, en el encuentro de Asamblea de la presente semana, la regidora Ivonne Ponce Sobrevilla, dio a conocer que la petición no fue atendida por el presidente municipal y tampoco por el secretario general, José Antonio Vargas, por lo que acusó el bloqueo de iniciativas de la “oposición”.
En su participación, la edila también se pronunció sobre la negativa del municipio para atender el resolutivo del amparo 817/2025, promovido por el ciudadano A.L.L. que obligaría al municipio a analizar y discutir la creación del Consejo, pese a que la determinación judicial se hizo del conocimiento del gobierno local desde junio de 2025. Recalcó que hay dilación en el acato al resolutivo del amparo, lo que podría derivar en sanciones administrativas para los integrantes del ayuntamiento.
Sobre las advertencias, posteriormente, la regidora Aranza Paola Ramírez Sánchez, presidenta de la comisión de Seguridad Pública de la junta edilicia, precisó que el asunto sí fue atendido en tiempo y forma, e incluso se le ha dado parte en todo momento a la autoridad judicial sobre los avances del dictamen para la creación del organismo ciudadano.
Negó que se haya incurrido en desacato alguno y que, por ello, en consecuencia, los miembros del Cabildo corrieran riesgo de ser sancionados. Indicó que el dictamen sobre el Consejo será emitido de manera responsable una vez que se analicen todos los pormenores del tema.
Cabe resaltar que un grupo de ciudadanos tulenses, agremiados al colectivo Por La Paz y La Dignidad, ha presionado desde hace más de 2 meses a las autoridades de Tula para que creen el Consejo ante los altos índices de inseguridad que persisten en el municipio.
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