La economía española demuestra una capacidad de resistencia superior a la esperada, pero esa fortaleza tiene una contrapartida: el coste de la vida continúa amenazando el poder adquisitivo de las familias. El Banco de España ha mejorado sus previsiones de crecimiento para 2026 y 2027, aunque advierte de que el encarecimiento de la energía puede prolongar las tensiones inflacionistas durante los próximos meses. El resultado dibuja un escenario con más actividad económica, pero sin garantías de que esa mejora se traduzca en un alivio para los ciudadanos.
El organismo prevé que el producto interior bruto (PIB) aumente un 2,6% en 2026 y un 2,2% en 2027. Ambas cifras superan las estimaciones publicadas en junio, cuando calculaba un crecimiento tres décimas inferior para este año y cinco décimas menor para el próximo. Sin embargo, el optimismo sobre la actividad convive con una advertencia que afecta directamente a la economía doméstica: la inflación media podría alcanzar el 3,9% este año.
El principal interrogante es hasta qué punto el avance económico podrá compensar la pérdida de capacidad de compra provocada por los precios. Aunque el empleo y el consumo sostienen la expansión, las familias siguen expuestas a las consecuencias de la crisis energética y a dificultades estructurales, como el acceso a la vivienda.
El consumo de los hogares sostiene el crecimiento de España
El gasto de las familias se mantiene como uno de los principales pilares de la economía española. La mejora gradual de la renta real disponible, la fortaleza del mercado laboral y el crecimiento de la población impulsado por la inmigración contribuyen a mantener la demanda interna.
A estos factores se suma una tasa de ahorro del 11%, superior a su promedio histórico, que ofrece cierto margen para afrontar gastos inesperados. El crédito al consumo también respalda la actividad, aunque recurrir a la financiación no elimina el impacto de una subida persistente de los precios.
El comportamiento del sector exterior constituye otro apoyo para las previsiones del Banco de España. No obstante, la evolución de los próximos trimestres dependerá también de factores que escapan al control de la economía nacional, especialmente de la duración de las tensiones geopolíticas y de sus efectos sobre los mercados energéticos.
La inflación amenaza con prolongar la pérdida de poder adquisitivo
La previsión más preocupante del informe se encuentra en la evolución del índice de precios de consumo (IPC). El Banco de España sitúa la inflación media en el 3,9% para 2026, tres décimas por encima de su cálculo anterior. Para 2027, espera una tasa del 3,7%, lo que supone una revisión al alza de 1,1 puntos porcentuales.
El encarecimiento de la energía explica buena parte de este deterioro. Las tensiones derivadas del conflicto en Oriente Próximo y las alteraciones en el suministro a través del estrecho de Ormuz presionan los precios del petróleo y del gas. El impacto no se limita a llenar el depósito del coche o pagar la factura eléctrica: también puede trasladarse a los costes de producción, el transporte y los servicios.
Además, la inflación subyacente, que permite observar las presiones de precios más allá de los componentes más volátiles, tampoco ofrece señales de alivio inmediato. El organismo prevé que alcance el 3,4% en 2026 y el 3,5% en 2027.
Esta evolución indica que el problema podría extenderse más allá de la energía. Cuando los costes empresariales y la demanda interna mantienen la presión sobre los precios, la moderación de la inflación puede resultar más lenta de lo esperado.
España paga más por los precios que el conjunto de Europa
El encarecimiento de la vida presenta otra particularidad: España registra una inflación superior a la media de la Unión Económica y Monetaria. Según el informe, entre julio de 2025 y septiembre de 2026, el diferencial medio fue de 0,9 puntos porcentuales en la inflación general y de 0,8 puntos en la subyacente.
En septiembre, la distancia se amplió hasta los 1,2 puntos en la inflación general y un punto en la subyacente. La aceleración de los precios energéticos y la resistencia de los servicios a moderarse contribuyen a explicar esa diferencia.
El turismo, la hostelería y el ocio continúan registrando incrementos de precios superiores al 4% interanual. Este dinamismo refleja una economía con demanda, pero también puede encarecer actividades cotidianas y reducir el margen de gasto de los consumidores.
La retirada de las medidas anticrisis añade incertidumbre. La desaparición de determinadas rebajas fiscales sobre la electricidad y los carburantes, junto con el fin de los descuentos al transporte público, puede trasladarse a los precios que pagan los hogares. El efecto final dependerá de la evolución de la energía y de cómo se trasladen esos cambios al consumidor.
La vivienda sigue siendo uno de los grandes frenos económicos
El mercado residencial representa otro de los desafíos que el crecimiento del PIB no resuelve por sí solo. El Banco de España advierte de que la construcción de nuevas viviendas continúa por debajo del ritmo de creación de hogares registrado desde 2021.
Las dificultades para encontrar suelo disponible, la lentitud de los trámites urbanísticos y la falta de trabajadores limitan la capacidad de respuesta del sector. También existen obstáculos para completar las promociones y conseguir las conexiones necesarias a la red eléctrica.
Aunque el número de viviendas iniciadas ha aumentado hasta situarse en torno a las 140.000 al año, las terminadas permanecen por debajo de las 90.000 viviendas libres anuales. La diferencia evidencia que no basta con poner en marcha más proyectos: también es necesario conseguir que lleguen al mercado.
El organismo considera que el aumento de la actividad promotora podría empezar a traducirse en una mayor oferta en 2027 o 2028. Sin embargo, el efecto sería moderado y difícilmente suficiente para corregir de inmediato el déficit acumulado.
La consecuencia es especialmente relevante para los hogares que destinan una parte elevada de sus ingresos al alquiler o a la compra de una vivienda. Si la oferta sigue sin responder a la demanda, el crecimiento económico puede convivir con un acceso cada vez más difícil a uno de los gastos esenciales.
Las ayudas energéticas también presionan las cuentas públicas
Las medidas aprobadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis energética tienen un coste presupuestario. El Banco de España calcula que los tres paquetes de ayudas supondrán un desembolso equivalente al 0,52% del PIB hasta finales de 2026, frente a una media internacional estimada del 0,1%.
Ese esfuerzo contribuirá a elevar el déficit público en tres décimas del PIB en 2026 y en dos décimas en 2027. La mejora de la actividad económica aumenta los ingresos del Estado, pero ese efecto favorable queda parcialmente compensado por el gasto adicional y por determinadas reducciones de la recaudación.
El organismo sitúa el déficit en el 2,6% del PIB en 2026 y en el 2,2% en 2027. Por su parte, la deuda pública bajaría hasta el 98,5% del PIB este año y al 96,2% el siguiente.
La reducción de la ratio de deuda no significa necesariamente que el volumen total de deuda disminuya: también influye el crecimiento del PIB nominal, que puede hacer que el peso relativo de las obligaciones públicas sea menor.
Un crecimiento más sólido, pero con riesgos para 2027
Las nuevas proyecciones del Banco de España reflejan una economía capaz de mantener un ritmo de expansión notable incluso en un contexto internacional adverso. El empleo, el consumo y la demanda interna ofrecen una base favorable, pero la inflación, la crisis de la vivienda y el coste de las medidas de protección limitan el alcance de esa mejora.
El principal riesgo para los próximos meses es que la presión energética se prolongue y termine afectando a más componentes de la economía. Si los precios siguen aumentando por encima de lo previsto, los hogares podrían perder capacidad de consumo y las empresas afrontar mayores costes, debilitando parte de los factores que hoy sostienen el crecimiento.
España, por tanto, afronta una paradoja económica: las perspectivas de actividad mejoran, pero el alivio para los ciudadanos no está garantizado. El verdadero desafío será convertir ese crecimiento en una mejora tangible del poder adquisitivo y del acceso a la vivienda, sin que la inflación y el gasto público terminen condicionando la recuperación. @mundiario
