El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado, “en este momento”, imputar al PSOE como persona jurídica en el denominado caso Leire Díez, tal y como había solicitado el PP al comienzo de la precampaña electoral. El instructor considera prematura la decisión porque todavía quedan diligencias relevantes por practicar y porque, aunque los hechos investigados podrían presentar “en abstracto” apariencia delictiva atribuible al partido, no existe aún un principio de prueba suficiente que permita sostener razonablemente esa responsabilidad penal.
La decisión llega después de que la Fiscalía Anticorrupción analizara la petición de los populares y concluyera que existían elementos que justificaban seguir investigando la posible relación del PSOE con los hechos, pero que todavía era pronto para pronunciarse sobre su imputación. Pedraz asume ahora ese criterio y mantiene abierta la posibilidad de adoptar una decisión diferente cuando disponga de todo el material pendiente.
El juez recuerda en su resolución que la responsabilidad penal de una persona jurídica no puede establecerse simplemente porque alguno de sus dirigentes o empleados haya podido cometer un delito. La doctrina del Tribunal Supremo exige acreditar además un defecto estructural de organización, control y supervisión dentro de la propia entidad que haya favorecido la comisión de los hechos. Es precisamente ese vínculo entre las actuaciones individuales investigadas y una eventual responsabilidad institucional del partido el que Pedraz considera todavía insuficientemente acreditado.
La resolución supone, por tanto, un freno a la ofensiva judicial planteada por el PP apenas un día después de que Pedro Sánchez anunciara el adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre. La formación de Alberto Núñez Feijóo había pedido que el PSOE fuese investigado por cinco delitos —cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, financiación ilegal y malversación— al considerar que la supuesta trama investigada habría actuado para proteger los intereses del partido y de dirigentes socialistas.
Génova sostuvo entonces que las actuaciones presuntamente delictivas habían sido promovidas desde la dirección del PSOE y que su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán, habría puesto medios operativos y económicos del partido a disposición de la organización investigada. Para el PP, estos elementos justificaban que la formación socialista asumiera también responsabilidad como persona jurídica. Pedraz, sin embargo, considera que esa conclusión no puede alcanzarse todavía con las pruebas disponibles.
El juez aún no ha citado a Cerdán
El caso Leire Díez investiga una supuesta trama destinada a obstaculizar o torpedear investigaciones judiciales que afectaban a dirigentes y personas próximas al PSOE y al Gobierno. En el sumario aparecen contactos de la exmilitante socialista y del empresario Javier Pérez-Dolset para obtener información comprometida sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil con el propósito que los investigadores atribuyen a una estrategia de desgaste de su credibilidad.
También se analiza si desde ámbitos relacionados con la dirección del instituto armado se intentó generar presión sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO).
Pero la investigación aún está lejos de haber cerrado sus principales interrogantes. Pedraz debe analizar la documentación intervenida tanto en la sede del PSOE como en el domicilio de Cerdán, y el antiguo número tres de los socialistas todavía tiene pendiente prestar declaración en la condición que corresponda dentro de la causa. Estas actuaciones son especialmente relevantes para determinar hasta qué punto los hechos investigados pueden vincularse al funcionamiento y los recursos del partido.
Pedraz sigue varias líneas de investigación
También está pendiente un informe de la UCO sobre los movimientos registrados en 81 cuentas bancarias, seis de ellas vinculadas al PSOE. El análisis fue solicitado por el juez para rastrear posibles pagos a Leire Díez y a otros investigados y determinar el origen y destino de determinados fondos. El resultado de esas pesquisas puede aportar nuevos elementos sobre la eventual utilización de recursos del partido.
La propia situación procesal de los protagonistas refleja que la investigación continúa en una fase abierta. Pedraz todavía debe escuchar determinadas versiones y completar el análisis de la documentación y de los movimientos económicos antes de decidir si existe una conexión suficiente entre las actuaciones individuales y una eventual responsabilidad de la organización política.
La resolución evita así que el PSOE llegue a la campaña electoral del 29-N formalmente imputado como persona jurídica en esta causa. Para el PP, que había convertido la petición en una de sus primeras iniciativas judiciales tras la convocatoria electoral, supone un revés en el intento de llevar el caso directamente contra la organización. @mundiario
