El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance, ha encontrado en la contratación de trabajadores extranjeros un nuevo frente para defender su discurso nacionalista y presentarse como representante de los estadounidenses que consideran que la globalización ha debilitado sus oportunidades laborales. El 8 de octubre, la Administración de Donald Trump anunció la suspensión de determinadas solicitudes de residencia permanente vinculadas a Microsoft, Adobe y seis grandes compañías de servicios informáticos, al tiempo que abrió investigaciones sobre nueve universidades de prestigio. El Gobierno sostiene que pretende combatir el fraude y evitar que los trabajadores nacionales sean desplazados o presionados a aceptar salarios más bajos.
Microsoft se convirtió en el principal blanco de Vance. "Ninguna empresa en Estados Unidos ha abusado más de este sistema que Microsoft", afirmó el vicepresidente, que acusó a la compañía de despedir a miles de trabajadores estadounidenses mientras seguía recurriendo a visados para profesionales extranjeros. Su mensaje fue directo: las grandes corporaciones deben dar prioridad a los trabajadores estadounidenses.
La elección de Microsoft no es casual. Se trata de una de las empresas más importantes del sector tecnológico, con una plantilla mundial superior a los 200.000 empleados y una posición central en el desarrollo de software, servicios en la nube e inteligencia artificial. Su dimensión económica convierte el caso en una demostración política de fuerza: si la Administración puede enfrentarse a una compañía de semejante peso, pretende transmitir que ninguna corporación está por encima de las nuevas exigencias migratorias.
La medida afecta al programa de certificación laboral permanente conocido como PERM, un procedimiento administrado por el Departamento de Trabajo que constituye una vía habitual para que determinadas empresas patrocinen la obtención de una tarjeta de residencia permanente, o green card, para trabajadores extranjeros. Antes de seguir esa ruta, la empresa debe acreditar que no ha encontrado trabajadores estadounidenses disponibles y cualificados para el puesto en las condiciones correspondientes, y que la contratación no perjudicará los salarios ni las condiciones laborales de los empleados nacionales.
El procedimiento no debe confundirse con el visado H-1B. Este último permite contratar temporalmente a profesionales extranjeros en ocupaciones especializadas, mientras que el PERM puede formar parte del camino hacia la residencia permanente. La suspensión anunciada no equivale, por sí sola, a cancelar todos los visados H-1B de esas compañías ni a expulsar automáticamente a quienes ya trabajan legalmente en Estados Unidos. Lo que bloquea es una vía importante para tramitar nuevas solicitudes y expedientes pendientes de certificación laboral de las empresas afectadas.
Además de Microsoft y Adobe, la lista incluye a Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies y Capgemini. Todas son compañías con una presencia destacada en la contratación tecnológica y en la externalización de servicios informáticos. Según el secretario de Trabajo, Keith Sonderling, el Gobierno no aceptará nuevas solicitudes ni tramitará las pendientes de certificación permanente relacionadas con estas empresas.
La decisión amplía una política que ya había endurecido las condiciones de acceso al mercado estadounidense para determinados trabajadores extranjeros. En septiembre de 2025, la Administración puso en marcha la iniciativa de inspección Project Firewall y anunció nuevas restricciones económicas para ciertas peticiones H-1B presentadas para trabajadores contratados desde el extranjero. La ofensiva actual va más allá de revisar casos individuales: afecta a las empresas que utilizan de manera habitual los mecanismos legales de contratación internacional.
Microsoft niega que sustituya a estadounidenses por trabajadores extranjeros
Vance afirmó que Microsoft había despedido a unos 6.000 trabajadores durante el periodo analizado y, al mismo tiempo, se había beneficiado de miles de visados H-1B y de casi 3.000 tarjetas de residencia permanente. Para el vicepresidente, esa combinación constituye un indicio de que la compañía utiliza los programas migratorios para reemplazar empleo nacional por mano de obra extranjera.
La empresa ofrece una explicación distinta. Microsoft sostiene que alrededor del 80 % de las solicitudes H-1B que presentó durante el último ejercicio fiscal correspondían a empleados que ya trabajaban en la compañía y necesitaban una prórroga o un cambio de estatus. Según su versión, no eran nuevas contrataciones. La empresa también afirma que la mayoría de su plantilla estadounidense está formada por ciudadanos del país y que remunera a los trabajadores H-1B al mismo nivel que a empleados que desempeñan funciones comparables.
La coincidencia temporal entre despidos y solicitudes de visados no demuestra por sí sola que los trabajadores extranjeros sustituyeran directamente a los empleados despedidos. Para probar esa acusación sería necesario examinar los puestos eliminados, los nuevos contratos, las cualificaciones exigidas, las condiciones salariales y el destino de cada vacante. Las cifras agregadas pueden justificar una investigación, pero no bastan para establecer automáticamente que hubo fraude.
La Administración, por su parte, sostiene que algunas compañías publican ofertas de empleo de manera poco efectiva y después utilizan la supuesta ausencia de candidatos nacionales para justificar la contratación extranjera. Si se acreditaran prácticas de ese tipo, podrían existir motivos para intervenir. La cuestión es si la suspensión general de expedientes constituye una respuesta proporcionada a las irregularidades investigadas o si termina penalizando también a trabajadores y empresas que cumplen la normativa.
La ofensiva permite a Vance adoptar un papel político que va más allá de la gestión migratoria: el de defensor del trabajador frente al poder de las grandes corporaciones. Su discurso presenta a las empresas tecnológicas como actores que reclaman libertad económica cuando les conviene, pero recurren al Gobierno y al sistema migratorio para mantener sus modelos de contratación.
La referencia del vicepresidente a los trabajadores extranjeros como personas sometidas a una especie de "servidumbre" busca subrayar su dependencia del empleador que patrocina su visado. Un trabajador H-1B puede afrontar dificultades para conservar su situación legal si pierde el empleo, aunque la normativa contempla normalmente un periodo de gracia de hasta 60 días en determinadas circunstancias. Esa dependencia existe, pero no demuestra por sí misma que todas las contrataciones mediante este sistema sean abusivas.
El conflicto adquiere una dimensión más llamativa por el momento elegido. Horas antes de la comparecencia de Vance, Trump entregó reconocimientos tecnológicos a dirigentes empresariales, entre ellos el consejero delegado de Microsoft, Satya Nadella. También fueron homenajeadas figuras como Elon Musk, Jensen Huang, Lisa Su y Sergey Brin. Varios de los premiados nacieron fuera de Estados Unidos o llegaron al país como inmigrantes. El presidente elogió sus contribuciones a la innovación y los describió como figuras esenciales para el liderazgo tecnológico estadounidense.
La escena resume una tensión central de la estrategia republicana. Washington quiere atraer inversión, acelerar el desarrollo de la inteligencia artificial y conservar la primacía tecnológica frente a China, pero al mismo tiempo endurece las vías por las que las empresas incorporan y retienen talento extranjero. No existe necesariamente una incompatibilidad absoluta entre ambas metas: el Gobierno puede defender controles laborales más estrictos y exigir que se respeten las reglas. Sin embargo, una restricción amplia y prolongada podría dificultar la contratación de especialistas en sectores donde la competencia internacional es intensa.
The Trump administration is suspending Microsoft from a program to apply for green cards for workers as it accuses the company of H-1B visa fraud. He alleged the company has laid off over 6,000 American workers while benefiting “from 6,300 H-1B visas and almost 3,000 green cards.” “The program has become rife with fraud over the last several years, probably the last several decades,” Vance said, adding, “There has been no company in the United States, unfortunately, that has abused this system more than Microsoft.”
— CBS News (@CBSNews) October 8, 2026
Nueve universidades bajo investigación por los visados J-1
La ofensiva no termina en el sector privado. Vance anunció investigaciones sobre nueve universidades: Harvard, Yale, Stanford, Brown, la Universidad de Pittsburgh, la Universidad de California en Davis, el Instituto Tecnológico de California, la Universidad Estatal de Arizona y el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
En este caso, el foco está en el programa J-1, que permite a extranjeros participar temporalmente en actividades de intercambio académico, investigación, formación y otras modalidades autorizadas. La Administración quiere determinar si algunas instituciones han utilizado indebidamente estos visados para contratar personal extranjero en condiciones que perjudiquen a los trabajadores estadounidenses. El inspector general del Departamento de Trabajo, Anthony D’Esposito, indicó que ya se habían emitido citaciones para recabar información. Los investigadores también examinarán posibles influencias extranjeras y relaciones financieras irregulares que pudieran afectar a proyectos financiados con fondos federales.
Las pesquisas se producen en medio de una disputa más amplia entre la Casa Blanca y las universidades, especialmente Harvard, por las normas que regulan la presencia de estudiantes internacionales. Para los centros académicos, el riesgo no es únicamente jurídico. La incertidumbre sobre los visados puede afectar a la contratación de investigadores, la movilidad de estudiantes y la colaboración científica internacional.
La Administración Trump presenta estas decisiones como una campaña contra el fraude y a favor del empleo nacional. Pero su alcance dependerá de lo que revelen las investigaciones y de la duración de las suspensiones. Si las autoridades acreditan que determinadas empresas manipularon ofertas laborales o incumplieron las reglas, podrían reforzar los controles y exigir cambios en sus prácticas. Si las acusaciones no se sostienen, la medida podría abrir un conflicto legal y empresarial de mayor alcance.
También hay un riesgo económico que Washington tendrá que valorar: las grandes tecnológicas compiten por profesionales especializados en inteligencia artificial, ciberseguridad, semiconductores y computación avanzada. El acceso a talento internacional no garantiza por sí mismo la innovación, pero limitarlo puede encarecer proyectos, retrasar contrataciones y empujar a algunas empresas a trasladar parte de sus actividades a otros países.
Vance intenta situar a las corporaciones frente a una obligación política: demostrar que su éxito contribuye al empleo estadounidense y no depende de un sistema que perjudique a los trabajadores locales. El Gobierno tendrá que demostrar, a su vez, que sus medidas distinguen entre el fraude acreditado y la contratación legal de profesionales extranjeros. En esa diferencia se juega el resultado de una ofensiva que afecta tanto a la política migratoria como al modelo económico con el que Estados Unidos pretende conservar su liderazgo tecnológico. @mundiario
