MORELIA, Mich., 9 de abril de 2026.- El proceso para designar tres consejerías del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) -para un periodo de 9 años- avanza bajo cuestionamientos por fallas de diseño, opacidad y plazos “irreales” que, de no corregirse, podrían impactar en la legitimidad del árbitro electoral más importante del país, advirtió el exconsejero electoral Francisco Rojas Choza.
En entrevista telefónica con Quadratín, el especialista, con trayectoria en órganos electorales y actual académico universitario, declinó participar en el proceso tras identificar inconsistencias estructurales que, sostuvo, no son nuevas, pero se acentúan en esta convocatoria.
Dijo haber declinado al concurso al advertir fallas de origen en el diseño del proceso, en particular porque la Junta de Coordinación Política fijó criterios y ponderaciones desde la convocatoria, incluso antes de la instalación del Comité Técnico de Evaluación, lo que limita su autonomía y compromete la independencia de la evaluación.
Asimismo, alertó que el esquema debilita los contrapesos y el acceso a la justicia, ya que el Comité se extingue al remitir las quintetas, sin posibilidad de revisión posterior. A esto se suman plazos insuficientes y falta de claridad en criterios y decisiones, lo que, en conjunto, pone en riesgo la transparencia y legitimidad del proceso.Desde su experiencia, que incluye haber sido consejero del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes entre 2018 y 2025, señaló que el problema de fondo está en el diseño del procedimiento.
“El proceso tiene un problema de diseño. Cuando incorporas un comité técnico, la lógica es que tenga la posibilidad de definir cómo se evaluará a los aspirantes, pero la convocatoria ya fija mecanismos”, expuso.
Diseño bajo cuestionamiento
La crítica apunta a que la convocatoria delimita desde el inicio criterios, ponderaciones y mecanismos que deberían construirse desde el Comité Técnico de Evaluación, lo que reduce su margen de actuación y, en consecuencia, la posibilidad de una evaluación verdaderamente independiente.
Este señalamiento contrasta con la postura oficial. En comunicados del 5 y 8 de abril, el Comité Técnico sostuvo que el proceso se desarrolla conforme a lo previsto en la convocatoria y dentro del marco de la legalidad.
De acuerdo con esos informes, se recibieron 404 expedientes, de los cuales 369 cumplieron con los requisitos constitucionales y legales. Posteriormente, 329 aspirantes presentaron el examen de conocimientos el 6 de abril.
El Comité informó que actualmente se encuentra en la fase de calificación y que el listado de quienes avanzarán a la siguiente etapa deberá integrarse con hasta el 50 por ciento de los puntajes más altos, garantizando paridad de género. Los resultados deberán publicarse a más tardar este 9 de abril.
Plazos irreales y ruta acelerada
Para Rojas Choza, el principal foco rojo está en los tiempos.
La convocatoria fue emitida el 19 de marzo y la designación deberá concretarse a más tardar el 22 de abril. En ese lapso se concentran todas las etapas del procedimiento, incluida la revisión de expedientes, aplicación de examen, resolución de impugnaciones, evaluación integral, entrevistas y conformación de quintetas.
El punto más crítico, dijo, es la cercanía entre etapas
“El 5 de abril se publica la lista de quienes cumplen requisitos y el 6 se aplica el examen. Es materialmente imposible que las impugnaciones se resuelvan en ese tiempo”, advirtió.
Además, la Sala Superior del Tribunal Electoral mantiene en trámite diversos recursos, lo que abre la posibilidad de que haya ajustes posteriores o incluso resultados incompletos.
Comité y vacío en la etapa final
Otro de los elementos que encendió alertas es el papel del Comité Técnico de Evaluación, tanto en su integración como en su alcance.
Rojas Choza señaló que, a diferencia de diseños previos con mayor presencia de perfiles provenientes de órganos autónomos, actualmente la mayoría de sus integrantes son designados por la Junta de Coordinación Política, lo que reduce contrapesos. El punto más delicado aparece en la fase final.
Cuando el Comité integra las quintetas y las remite a la Junta de Coordinación Política, el órgano se extingue, lo que deja sin posibilidad de revisión o corrección cualquier decisión tomada en esa etapa.
“Ahí es donde el proceso se vuelve más delicado, porque ya no hay un órgano al cual exigirle una corrección. Se cierra la posibilidad de reparación”, explicó.
El Comité Técnico de Evaluación es el eje del proceso para designar las tres consejerías del INE. Está integrado por cinco personas.
Tres designadas por la Junta de Coordinación Política: Marcela Elena Fernández Domínguez, Rubén Jesús Lara Patrón y Selene Cruz Alcalá, todas con perfil jurisdiccional, y dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta. El diseño, aunque legal, reduce contrapesos frente a esquemas previos que tenían mayor presencia de órganos autónomos.
El Comité concentra la revisión de expedientes, evaluación de perfiles, aplicación y calificación de exámenes, así como entrevistas, para integrar las quintetas finales. Sin embargo, su margen termina ahí.
Al remitirlas a la Junta de Coordinación Política, el órgano se extingue y deja la decisión final en la Cámara de Diputados, sin una instancia técnica posterior que revise o corrija el proceso, lo que en opinión de Rojas Choza es una falla grave que constituye un veto al acceso a la justicia a partir de ese punto.
Opacidad en criterios y evaluación
A la par, el especialista cuestionó la falta de transparencia sustantiva en el proceso.
Señaló que no se han hecho públicos documentos clave como currículums, ensayos o criterios de evaluación, ni existe claridad sobre la construcción del examen o la participación de universidades, pese a que la convocatoria lo contempla.
“No se identifica cómo se realizan las evaluaciones ni con qué criterios. Tampoco hay forma de observar el trabajo del Comité en tiempo real”, sostuvo.
Incluso, cuestionó que las sesiones que en papel son públicas no cuenten con mecanismos efectivos de difusión, lo que limita el escrutinio.
Acciones afirmativas bajo ambigüedad
Otro elemento que consideró problemático es la incorporación de acciones afirmativas a partir de resoluciones del Tribunal Electoral.
Si bien su finalidad es ampliar la inclusión, su implementación en un proceso ya iniciado, sin reglas claras de verificación y bajo esquemas de autoadscripción, genera incertidumbre.
Además, no se reabrió el registro para permitir la participación de personas de grupos en situación de vulnerabilidad bajo estas nuevas condiciones.
Politización estructural del mecanismo
Sobre la posible influencia política, el exconsejero fue enfático.
“Siempre ha estado politizado. El problema no es la politización en sí, sino que el procedimiento no garantiza identificar perfiles imparciales con base en su trayectoria”, señaló.
Indicó que el diseño vigente data de 2014 y ha mantenido deficiencias que no han sido corregidas, pese a ajustes parciales en distintos procesos.
Legitimidad en riesgo
El trasfondo, advirtió, es el impacto que este tipo de procedimientos puede tener en la confianza pública.
“La legitimidad no se construye desde el discurso, sino desde el procedimiento. Si el árbitro nace cuestionado, eso puede trasladarse a las elecciones”, alertó.
No obstante, reconoció que aún existe margen para corregir el rumbo antes de la designación final, particularmente si se transparentan criterios, resultados y expedientes.
Mientras tanto, el proceso avanza en su etapa crítica, con la publicación de resultados de los exámenes prevista a más tardar la noche de este 9 de abril, en un contexto donde la exigencia de claridad y confianza se vuelve central.
Ruta del proceso de designación
En términos de ruta, el procedimiento arrancó el 19 de marzo con la emisión de la convocatoria, seguido del registro de aspirantes entre el 23 y el 27 de marzo. Posteriormente, se integró el Comité Técnico de Evaluación y se realizó la revisión de expedientes entre el 30 de marzo y el 1 de abril.
El 5 de abril se publicó la lista de quienes cumplieron requisitos y, apenas un día después, el 6 de abril, se aplicó el examen de conocimientos. Para este 9 de abril, a más tardar a las 23:59 horas, deberán darse a conocer los resultados de esa evaluación, con los cuales se definirá quiénes avanzan a la siguiente etapa.
A partir del 10 y hasta el 12 de abril se desarrollará la fase de evaluación de idoneidad, en la que incluso se abre la participación ciudadana para emitir opiniones sobre los perfiles. Posteriormente, del 14 al 16 de abril, se llevarán a cabo las entrevistas a los aspirantes que hayan superado las etapas previas.
El proceso entrará entonces en su tramo decisivo. El 20 de abril el Comité Técnico deberá integrar y remitir a la Junta de Coordinación Política las quintetas, es decir, las listas finales de candidaturas.
Dos días después, el 22 de abril, la Cámara de Diputados realizará la votación para designar a las tres nuevas consejerías del INE, que permanecerán en el cargo durante nueve años, hasta 2035.
Se trata de un calendario comprimido en menos de un mes, en el que se concentra la definición del árbitro electoral que incidirá directamente en las elecciones federales de 2027, 2030 y 2033, bajo un proceso que ahora entra a su fase crítica.
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