En junio de 2018, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, secretario general del PSOE, nacido en el barrio de Tetuán de Madrid, licenciado en Económicas en un centro universitario privado, becario en Wall Street, asesor en distintos puestos internacionales, concejal del Ayuntamiento de Madrid y diputado nacional, llegaba a la presidencia del Gobierno de España. Formó un primer gabinete de estrellas, algunas muy fugaces y otras, en cambio, que se mantendrán en el poder con él hasta el último día, allá por mediados del mes de enero de 2027.
A lo largo de estos ocho años ha gobernado en zigzag, sin disponer nunca de un rumbo claro, en una errática travesía política que nacía bajo un ideal liberal-socialista para, en función de las conveniencias, evolucionar hacia un radicalismo populista con ribetes de autoritarismo democrático.
La vivienda se ha convertido en el detonante del descontento social tras ocho años de Gobierno. Sánchez afronta las elecciones cuestionado por su relación con el Parlamento y la justicia
La proclamación por el mismo Sánchez de su legitimidad sobre un Parlamento que boicotea sus decretos ha sido la prueba final y definitiva de que este político no es capaz de entender el funcionamiento de una democracia parlamentaria.
Como tampoco lo es de asumir la idea centenaria de la independencia judicial ni siquiera, en fin, de respetar la organización interna de su propio partido. Un político dotado de un escaso bagaje intelectual, compensado por una habilidad marrullera en las formas y modos de elegir y disponer de todos sus fieles colaboradores en el Gobierno y en el PSOE.
Pero que no se venga a engaño en esta campaña de unas elecciones que se presentan sucias y distorsionadas: la vivienda ha sido el detonante de la indignación de unos ciudadanos más empobrecidos desde 2018 por la falta de poder adquisitivo, por los salarios más bajos y ante los elevados precios de todo; unos ciudadanos desconfiados de la política y agobiados por la preocupación ante el futuro. @mundiario
