Durante años, la imagen de la Justicia en España ha sido la de una maquinaria lenta, saturada y, en ocasiones, desesperante. Una cinta transportadora de expedientes que nunca dejaba de crecer. Sin embargo, por primera vez en una década, esa dinámica se ha quebrado. Los asuntos pendientes —la llamada “pendencia”— han comenzado a descender, aunque sea tímidamente. La cifra, un 0,67% menos, puede parecer modesta, pero su significado es profundo: algo ha cambiado en el corazón del sistema judicial.
El dato no llega solo. Coincide con una caída notable de la litigiosidad, que se ha reducido un 10% en el último año y hasta un 20,4% en el ámbito civil y mercantil. En otras palabras, no solo hay menos casos sin resolver: también están entrando menos conflictos en los tribunales. Este doble movimiento —menos entrada, más salida— es el que ha permitido invertir una tendencia que parecía estructural.
Desde el Ministerio de Justicia, la explicación es clara: la combinación de reformas organizativas y nuevos instrumentos legales ha comenzado a dar resultados. Pero fuera de los despachos oficiales, el relato no es tan unánime. La misma estadística que el Gobierno presenta como un éxito es interpretada por parte de la abogacía como una señal de alarma. ¿Se están resolviendo mejor los conflictos o, simplemente, se está dificultando el acceso a los tribunales?
El núcleo del debate gira en torno a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC), un sistema que obliga a las partes a intentar negociar antes de acudir al juez. Para el Ejecutivo, estos mecanismos han reducido la “litigiosidad artificial” y fomentado acuerdos más rápidos. Para sus críticos, en cambio, han introducido un filtro que puede convertirse en un peaje.
El descenso que reabre el debate sobre el acceso a la Justicia
El retroceso de la pendencia no se entiende sin el descenso paralelo de los pleitos. Menos demandas implican menos presión sobre los juzgados, pero también plantean una pregunta incómoda: ¿por qué hay menos litigios?
Desde sectores como la abogacía se advierte de un “efecto barrera”. La obligación de negociar previamente no siempre se traduce en acuerdos, pero sí puede retrasar o incluso disuadir a quienes buscan amparo judicial. En algunos casos, sostienen, el proceso se complica tanto que el conflicto se desplaza: ya no se discute el fondo del asunto, sino si se han cumplido los requisitos para poder demandar.
Este fenómeno es especialmente delicado en ámbitos como el derecho de familia. Cuando hay menores implicados, la necesidad de rapidez y claridad choca con procedimientos que añaden fases previas. De ahí que varias asociaciones jurídicas hayan pedido suprimir estos mecanismos en este tipo de casos, alertando de posibles efectos contraproducentes.
La otra palanca: una nueva arquitectura judicial
Más allá de los MASC, el otro gran cambio ha sido la implantación de los tribunales de instancia. De acuerdo con EL PAÍS, se trata de una transformación silenciosa pero profunda: se abandona el modelo tradicional de juzgado individual para avanzar hacia estructuras más flexibles y colectivas.
El objetivo es optimizar recursos. Donde antes era necesario crear una oficina judicial completa, ahora basta con reforzar áreas concretas según la carga de trabajo. Este enfoque, descrito desde el Ministerio como “inversiones quirúrgicas”, promete no solo mayor eficiencia, sino también un ahorro significativo a medio plazo.
Sin embargo, la transición no ha estado exenta de problemas. Informes recientes apuntan a carencias de personal, fallos informáticos y deficiencias materiales en distintas comunidades autónomas. Aunque no han provocado un colapso generalizado, sí evidencian que la modernización de la Justicia es un proceso complejo, lleno de fricciones.
¿Cambio estructural o espejismo estadístico?
La gran incógnita es si este descenso de la pendencia marca un punto de inflexión o si se trata de un fenómeno coyuntural. La experiencia invita a la cautela: el sistema judicial ha demostrado históricamente una gran resistencia al cambio.
Por un lado, los datos sugieren que las reformas están empezando a funcionar. Por otro, las críticas alertan de que parte de esa mejora podría estar sustentada en una menor accesibilidad al sistema. La diferencia no es menor: una Justicia más eficiente no puede construirse a costa de ser menos accesible.
En el fondo, lo que está en juego no es solo una estadística, sino el relato sobre el estado de la Justicia en España. Para el Gobierno, se ha logrado “invertir la curva”. Para sus detractores, el riesgo es haber maquillado el problema.
Lo cierto es que ambos relatos pueden coexistir. Es posible que el sistema sea hoy algo más ágil y, al mismo tiempo, más exigente para quien quiere litigar. Esa tensión, lejos de resolverse, definirá el futuro inmediato de la Justicia. @mundiario