La comida chatarra dejará de venderse en las universidades mexicanas. La Suprema Corte avaló por unanimidad las restricciones establecidas por la SEP, al considerar que el Estado tiene la obligación de proteger el derecho a una alimentación saludable, incluso entre estudiantes mayores de edad.
La resolución representa un cambio frente al criterio de 2016, cuando se defendió la libertad de los adultos para decidir qué consumir. Ahora, las empresas deberán respetar las restricciones comerciales dentro de los planteles, aunque los alumnos podrán llevar sus propios productos.
La discusión merece ir más allá de las máquinas expendedoras y hacernos varios preguntas, entre ellas, ¿hasta dónde debe intervenir el Estado en las decisiones alimentarias de una persona adulta?, ¿puede una prohibición modificar hábitos construidos durante años?
México enfrenta graves problemas de obesidad y diabetes. En ese contexto, limitar la oferta de productos poco saludables tiene sentido, especialmente cuando las escuelas deberían promover mejores condiciones de vida. Sin embargo, retirar refrescos y frituras tampoco garantiza que los estudiantes comiencen a comer mejor.
Países como Chile han aplicado restricciones a la venta y publicidad de alimentos poco saludables en escuelas, acompañadas de etiquetados de advertencia. Reino Unido también regula los alimentos escolares. Estas experiencias muestran la importancia de combinar normas con educación nutricional.
El desafío mexicano está en ofrecer alternativas accesibles. Una universidad donde una ensalada cuesta demasiado y una comida nutritiva resulta difícil de conseguir necesita soluciones concretas, por el bien de todos.
La educación alimentaria debería comenzar desde la infancia, involucrar a las familias y mantenerse hasta la universidad. Las restricciones pueden ayudar, pero su eficacia dependerá de que existan opciones saludables y conocimientos para elegirlas.
