La investigación judicial sobre la entrada masiva de personas desde Marruecos a Ceuta ha entrado en una fase especialmente sensible. La declaración del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha colocado en el centro del procedimiento una pregunta que puede resultar determinante: qué sabía el Gobierno central antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio y qué hizo con la información que recibió.
Vivas compareció durante unas dos horas y media como testigo y aseguró que durante los días 27, 28 y 29 de julio intentó contactar en diez ocasiones con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mediante llamadas y mensajes. Según su relato ante la magistrada, solo tres de esos intentos obtuvieron respuesta, y no directamente de Sánchez, sino a través de su director de Gabinete, Diego Rubio.
La precisión temporal es importante. No se trata únicamente de establecer si hubo comunicación entre Madrid y Ceuta, algo que ninguna de las partes niega, sino de determinar qué tipo de comunicación existió, con qué frecuencia, quién participó en ella y qué información concreta fue transmitida.
Según Vivas, las primeras respuestas de Rubio consistieron en trasladarle que el asunto estaba siendo tratado con los ministerios competentes y que se consideraba fundamentalmente una cuestión migratoria. En la última comunicación, siempre según la declaración del presidente ceutí, se le indicó que el cauce debía ser la Delegación del Gobierno y no la Presidencia del Ejecutivo.
La versión de Moncloa es distinta. Fuentes gubernamentales han asegurado que no tienen constancia de diez llamadas dirigidas por Vivas a Sánchez y sostienen que el presidente de Ceuta pidió hablar directamente con el jefe del Ejecutivo una sola vez. Pedro Sánchez, preguntado públicamente por la controversia, afirmó que hubo “comunicación constante” entre las instituciones durante los días anteriores a la entrada masiva.
Ahí aparece la primera cuestión que la investigación puede resolver con documentación objetiva. Las llamadas dejan registros. También existen mensajes, agendas, comunicaciones oficiales, correos electrónicos, partes de reuniones y documentos remitidos entre administraciones. La discusión política puede ser intensa, pero una parte sustancial de la controversia es susceptible de comprobación documental.
Una diferencia de interpretación que va más allá de diez llamadas
Reducir el conflicto a si fueron diez llamadas o una puede ocultar el problema de fondo. Vivas sostiene que la comunicación existió, pero que no encontró la respuesta que consideraba necesaria ante la gravedad de la situación. Sánchez sostiene que la comunicación institucional fue constante y que las administraciones estaban coordinadas.
Ambas afirmaciones pueden coexistir parcialmente si se distingue entre comunicación institucional y comunicación directa con el presidente del Gobierno. Puede haber numerosos contactos entre una comunidad autónoma, una delegación del Gobierno, ministerios y órganos de seguridad sin que el jefe del Ejecutivo atienda personalmente cada solicitud.
Por eso la pregunta judicial no parece limitarse a saber si Sánchez habló o no con Vivas antes del 30 de julio. La instructora busca reconstruir la cadena completa de información y decisión. La Audiencia Nacional ha solicitado a organismos policiales y militares las alertas y análisis de riesgos relacionados con aquellos acontecimientos, incluidos los destinatarios, el medio utilizado y la fecha y hora de su comunicación.
Vivas ha explicado que durante esos días también habló con responsables de Interior, Política Territorial y Exteriores. Según su versión, pidió medidas extraordinarias, un mando único y un refuerzo significativo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su percepción, ha explicado, era que Ceuta se encontraba ante una situación excepcional que no estaba siendo valorada en Madrid con la misma gravedad.
El presidente ceutí ha utilizado de manera reiterada el término “invasión”, mientras que desde el Gobierno central se hablaba de una crisis migratoria o humanitaria. La diferencia terminológica no es menor porque refleja dos interpretaciones distintas del mismo fenómeno.
La declaración testifical del presidente de Ceuta adquiere un peso crítico en la causa penal que instruye la jueza Tardón. La investigación examina formalmente si el Gobierno central desoyó las alertas institucionales antes de la entrada masiva de cerca de 80.000 migrantes ocurrida los días 30 y 31 de julio. Según los datos incorporados al sumario, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) envió un informe crucial a la Delegación del Gobierno el 29 de julio a las 13:52 horas, advirtiendo de movilizaciones coordinadas en redes sociales para asaltar la frontera.
La magistrada ha señalado expresamente la necesidad de reconstruir el flujo de esa información para determinar la responsabilidad en el colapso operativo. El procedimiento indaga en las contradicciones internas de la Delegación del Gobierno —que provocaron la dimisión de su titular, Miguel Ángel Pérez Triano— tras destaparse que su exjefe de gabinete, Gonzalo Sanz, sí estaba al tanto de los avisos de la inteligencia. Asimismo, el tribunal contrasta por qué el Ministerio del Interior rechazó la petición formal de emergencia nacional y mando único que Vivas exigió de forma reiterada a la Moncloa días antes del desbordamiento fronterizo.
El propio Sánchez ya había defendido en septiembre que no existió un aviso anticipado sobre una entrada masiva de la magnitud que finalmente se produjo. El presidente explicó entonces que sí hubo comunicaciones sobre el incremento de los cruces a nado y que se trasladaron alertas a los puestos fronterizos, pero negó que existiera una previsión concreta de una operación de decenas de miles de personas.
Esta distinción será esencial para determinar responsabilidades. Saber que aumenta la presión migratoria no equivale necesariamente a saber que se producirá una entrada coordinada de decenas de miles de personas. Del mismo modo, recibir una alerta sobre un posible asalto no demuestra por sí solo que las autoridades pudieran conocer con exactitud su dimensión, fecha y características.
Moncloa endurece el discurso contra Vivas
La reacción del Gobierno central ante la declaración judicial del presidente ceutí ha elevado al máximo la temperatura política en España. Fuentes oficiales de La Moncloa desmintieron rotundamente la existencia de diez llamadas de alerta y acusaron formalmente a Juan Jesús Vivas de estar "jugando a un juego muy peligroso" mediante la difusión de falsedades. Desde el Ejecutivo sostienen tener "cero constancia" de tal insistencia y retaron al dirigente autonómico a contrastar los registros telefónicos oficiales, asegurando que el gabinete de Presidencia solo recibió una solicitud formal de contacto el día 30 de julio, fecha en que ya se iniciaba la crisis.
Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, intervino públicamente para rebajar el tono personal pero desautorizar el relato de Ceuta, subrayando que existió una "comunicación constante" entre Madrid, la Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno. Según defendió, en las jornadas previas al colapso se celebraron múltiples reuniones técnicas "a tres bandas" y se mantuvieron activos todos los cauces institucionales regulados. Con este argumento, el líder del Ejecutivo intentó blindar a su equipo frente a las sospechas de inacción judicial, matizando que, más allá de la fluidez del contacto político, ninguna de las administraciones implicadas previó en sus informes técnicos una entrada irregular de la magnitud histórica que terminó ocurriendo.
La controversia por la falta de previsión en Ceuta ha provocado una quiebra interna en la estrategia defensiva del Ejecutivo central. El ministro de Política Territorial y recién nombrado "mando único" para la crisis migratoria, Ángel Víctor Torres, desautorizó la postura dura de La Moncloa al afirmar públicamente que "no le cabe duda de que Vivas ha dicho la verdad" en su comparecencia ante la jueza María Tardón. Torres justificó su postura argumentando que, al declarar en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional, el presidente ceutí tiene la obligación legal de ser veraz y está colaborando activamente con la justicia.
Esta matización introduce una línea de separación crucial entre el choque político y el sumario judicial. En primer lugar, se pasa de la retórica a la prueba testifical: mientras el núcleo de Presidencia tacha el relato de las diez llamadas de "bulo peligroso" y exige un control de registros, su propio ministro del área valida la honestidad del testigo. En segundo lugar, respecto a la concreción de las alertas en el sumario, el propio Ángel Víctor Torres reconoció haber tenido constancia de múltiples avisos de inteligencia emitidos de forma sucesiva los días previos al colapso. Sin embargo, el ministro blindó técnicamente al Gobierno alegando que ninguno de esos informes de seguridad detallaba con exactitud matemática que cerca de 80.000 personas intentarían cruzar la frontera de golpe.
El procedimiento se encuentra todavía en una fase inicial y, por tanto, sería prematuro convertir cualquiera de las versiones en una conclusión definitiva. La investigación tendrá que confrontar las declaraciones de Vivas con las de los responsables de la Administración central, los informes de seguridad, los registros de comunicaciones y las órdenes emitidas durante los días previos y posteriores al 30 de julio. @mundiario
