La devastadora dana de octubre de 2024 dejó al descubierto una realidad incómoda para la Comunitat Valenciana: el territorio estaba expuesto a escenarios de inundación que los mapas oficiales no reflejaban suficientemente. Ahora, la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova) eleva un 61% el riesgo de inundabilidad en las áreas más afectadas por aquel episodio y abre un nuevo debate sobre dónde se puede construir y cómo deben prepararse los municipios ante futuras catástrofes.
La Generalitat ha actualizado la cartografía de los territorios más castigados por las lluvias torrenciales con el objetivo de incorporar escenarios que hasta ahora no estaban representados con suficiente precisión. Esta primera fase del estudio se someterá a información pública y se notificará a los ayuntamientos afectados y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), antes de continuar su tramitación. La revisión se extenderá posteriormente al resto de la Comunitat Valenciana.
El cambio no es únicamente una cuestión de mapas. Identificar más superficie expuesta a las inundaciones puede condicionar el crecimiento urbano, las características de futuras edificaciones y las decisiones de las administraciones sobre infraestructuras y protección civil. También obliga a reconsiderar la seguridad de determinados espacios habitados y la forma en que se planifica el territorio.
L’Horta Sud concentra el mayor aumento del riesgo de inundación
Las modificaciones más importantes se localizan en cuatro áreas: el Alto Magro, el Bajo Magro, los barrancos de l’Horta Sud y el tramo del Bajo Turia situado aguas abajo del embalse de Loriguilla. El análisis detallado comprende 51 municipios, mientras que otros 34, hasta completar los 85 incluidos en el estudio de la Generalitat, han sido objeto de algún tipo de evaluación.
El caso más llamativo es el de l’Horta Sud. La superficie clasificada en distintos niveles de peligrosidad pasa de 7.301 a 16.478 hectáreas, un incremento del 125,7%. En el Bajo Turia también se produce una ampliación considerable: el área identificada aumenta de 7.621 a 13.903 hectáreas.
En el Alto y el Bajo Magro, en cambio, el crecimiento es más moderado, en torno al 9%. Estas diferencias muestran que el impacto de la revisión no será uniforme. Cada municipio deberá analizar cómo afecta la nueva delimitación a su territorio, sus infraestructuras y sus planes de desarrollo.
Los resultados refuerzan la necesidad de abandonar una visión del riesgo limitada a los puntos donde el agua llegó durante un episodio concreto. La planificación debe tener en cuenta también los posibles recorridos de las avenidas, las características de las cuencas y las condiciones que pueden agravar sus consecuencias.
Qué cambia para las viviendas y los nuevos proyectos urbanísticos
La actualización del Patricova contempla siete niveles de peligrosidad y utiliza escenarios de inundación asociados a periodos de retorno de 25, 100, 500 y 2.000 años. Estas referencias permiten evaluar episodios de distinta probabilidad estadística, incluidos fenómenos extremos que no pueden descartarse por el hecho de ser poco frecuentes.
Las nuevas condiciones afectan especialmente a las edificaciones de nueva construcción y a determinadas reformas integrales en las zonas sujetas a restricciones. Entre los niveles dos y cinco, las medidas previstas dependen de la profundidad que podría alcanzar el agua: cuando el calado supera los 80 centímetros, las viviendas deberán elevarse hasta esa cota; cuando es inferior, se contempla una elevación mínima de 80 centímetros, complementada con medidas de autoprotección.
En los niveles seis y siete, correspondientes a los ámbitos de mayor peligrosidad, se establecen prohibiciones para determinadas construcciones. También se plantea limitar usos especialmente vulnerables y estudiar medidas como la prohibición de aparcamientos subterráneos en determinados escenarios de riesgo.
Estas disposiciones pueden tener consecuencias directas sobre el planeamiento municipal. Sin embargo, su aplicación dependerá de la clasificación concreta de cada zona y de las normas que resulten aplicables. El vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha señalado que las actuaciones urbanísticas ya previstas deberán analizarse teniendo en cuenta las competencias municipales.
La revisión, por tanto, no significa que todos los proyectos en marcha vayan a quedar paralizados automáticamente. Sí proporciona nuevos datos para que los ayuntamientos valoren si sus decisiones urbanísticas siguen siendo compatibles con los niveles de seguridad exigibles.
Los datos científicos que han obligado a rehacer los mapas
El trabajo, desarrollado por un equipo de la Universitat Politècnica de València (UPV) liderado por Félix Francés junto con técnicos de la Generalitat, combina información meteorológica, cálculos de caudales, modelos hidráulicos y características físicas del territorio. También incorpora el análisis del planeamiento urbanístico y de posibles intervenciones para reducir los daños.
Para mejorar la representación de las precipitaciones extremas, los investigadores han estudiado 11.720 registros procedentes de 1.090 pluviómetros. El objetivo es disponer de una base más precisa para evaluar cómo puede comportarse el agua cuando se producen lluvias excepcionales y qué áreas pueden quedar expuestas.
El estudio apunta, además, que episodios de la magnitud analizada pueden corresponder a periodos de retorno de entre 1.000 y 2.000 años. Esta estimación no implica que deba transcurrir ese tiempo entre dos inundaciones semejantes: se trata de una referencia estadística, no de un calendario que permita anticipar cuándo ocurrirá la siguiente.
La principal consecuencia de este planteamiento es que la baja frecuencia estimada de un fenómeno no puede utilizarse como argumento para ignorar sus posibles efectos. Como ha defendido Martínez Mus, la planificación territorial también debe contemplar escenarios extremos.
Los ayuntamientos, ante el reto de adaptar sus planes
La actualización de la cartografía coincide con otra dificultad: la incorporación del riesgo de inundación a la planificación urbanística sigue siendo desigual. Según los resultados presentados, de los 74 municipios evaluados en este apartado, únicamente 12 habían adaptado su Plan General Estructural. En otros 31, la gestión del riesgo se aborda en fases avanzadas del desarrollo urbanístico, cuando muchas decisiones sobre el territorio ya están tomadas.
Esta situación plantea un problema de fondo. Si la prevención se incorpora demasiado tarde, las administraciones disponen de menos margen para evitar que viviendas, instalaciones o servicios esenciales se sitúen en lugares expuestos. La actualización de los mapas puede ayudar a corregir esa situación, pero su eficacia dependerá de que la información se traduzca en decisiones concretas.
Entre las medidas propuestas figuran la creación de zonas capaces de retener temporalmente el agua, la recuperación hidrológico-forestal de las cuencas, el desarrollo de infraestructuras verdes y la mejora de las condiciones de evacuación. También se contempla estudiar la reubicación de usos vulnerables en situaciones críticas.
A estas actuaciones se suman las obras hidráulicas, incluidos nuevos encauzamientos y otras infraestructuras de protección que correspondan a las administraciones competentes. Los expertos defienden una intervención integral que combine estas soluciones con medidas basadas en la naturaleza, en lugar de confiar exclusivamente en grandes obras.
La Generalitat dispone así de una nueva base técnica para orientar las futuras decisiones territoriales. El siguiente paso será trasladar las conclusiones al planeamiento y ampliar progresivamente la revisión al conjunto de la Comunitat Valenciana. La verdadera prueba del nuevo Patricova será que el conocimiento adquirido tras la tragedia permita reducir la exposición de la población antes de que vuelva a producirse una inundación de consecuencias graves. @mundiario
