La llegada del frío amenaza con devolver a Europa a uno de sus escenarios económicos más delicados: una nueva escalada de los precios energéticos capaz de erosionar el poder adquisitivo de las familias, elevar los costes empresariales y alimentar el malestar social. Ante esta perspectiva, los líderes de los Veintisiete reclaman a la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, una respuesta inmediata que alivie la presión sobre los consumidores sin comprometer los objetivos climáticos de la Unión.
La crisis energética ocupa un lugar prioritario en la agenda de la cumbre europea de este jueves y viernes en Bruselas. Los gobiernos comunitarios coinciden, según el borrador al que ha tenido acceso El País, en que las medidas adoptadas hasta ahora no bastan para contener el encarecimiento de los combustibles fósiles, aunque mantienen diferencias importantes sobre el alcance de las nuevas intervenciones. La discusión no se limita a cómo abaratar la energía: también enfrenta dos visiones sobre el modelo energético que Europa necesita para reducir su vulnerabilidad.
La preocupación tiene una dimensión económica evidente. La inflación se sitúa en el 3,8%, impulsada por el encarecimiento de la energía, mientras las perspectivas para los próximos meses siguen marcadas por la incertidumbre geopolítica. El comisario europeo de Energía, Dan Jorgensen, ha advertido de que el invierno será especialmente complicado para determinados sectores industriales y para los ciudadanos si persiste la actual situación en Oriente Próximo.
El problema llega, además, en un momento políticamente sensible. España celebrará elecciones en noviembre, dentro de un periodo de intensa actividad electoral en varios países europeos. Si el coste de la calefacción, la electricidad y los carburantes continúa aumentando, los gobiernos tendrán que afrontar una presión creciente para ofrecer resultados concretos.
La factura energética vuelve a amenazar el bolsillo de los europeos
El encarecimiento de la energía no afecta únicamente a quienes tienen dificultades para pagar sus facturas domésticas. También repercute en los costes de producción, el transporte y la actividad industrial, con efectos que pueden trasladarse a los precios de numerosos bienes y servicios.
El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha alertado de que los precios elevados y volátiles están perjudicando tanto a los hogares como a las empresas y debilitando la competitividad europea. El temor es que la presión energética termine convirtiéndose en un problema económico más amplio, justo cuando las instituciones comunitarias buscan reforzar la capacidad industrial del continente.
La Comisión Europea ya ha flexibilizado las normas sobre ayudas estatales para facilitar que los gobiernos apoyen a las empresas afectadas. También ha planteado aplazar un año determinadas obligaciones de información sobre las emisiones de metano asociadas a las importaciones de petróleo y gas, así como mejorar la capacidad y la eficiencia de las refinerías europeas.
Los Veintisiete respaldan varias de estas iniciativas y ven con buenos ojos la posibilidad de impulsar las compras conjuntas de energía. Sin embargo, reclaman actuaciones adicionales que tengan un efecto más inmediato sobre los precios. El reto consiste en evitar que las ayudas lleguen demasiado tarde o resulten insuficientes para los sectores más expuestos.
España defiende las renovables frente a las soluciones de emergencia
La búsqueda de medidas urgentes ha abierto una brecha entre los Estados miembros. Por un lado, países como Polonia, Italia y República Checa suelen defender una mayor flexibilidad para afrontar el coste de los combustibles fósiles y reducir las cargas que soportan sus economías. Por otro, España, Portugal y varios países nórdicos insisten en que las respuestas coyunturales no deben desviar a la Unión de la electrificación y la descarbonización.
La diferencia tiene también una explicación económica. Los países con una mayor dependencia de los combustibles fósiles están más expuestos a las oscilaciones de sus cotizaciones internacionales. En cambio, disponer de una generación eléctrica con una elevada participación de renovables o energía nuclear puede amortiguar parte del impacto de las crisis de los mercados energéticos.
Jorgensen ha ilustrado esa disparidad con los precios mayoristas de la electricidad: mientras en Hungría e Italia rondan los 130 euros por megavatio hora, en Suecia y España se sitúan entre los 70 y los 75 euros, según las cifras citadas por el comisario. La comparación refuerza el argumento de que la estructura de generación eléctrica influye en la exposición de cada país a las tensiones energéticas.
La disputa alcanza al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (ETS), que establece un precio para las emisiones de gases de efecto invernadero de las instalaciones incluidas en el sistema. Algunos gobiernos pretenden revisar su impacto sobre los costes energéticos. Polonia, por ejemplo, sostiene que este mecanismo representa aproximadamente una cuarta parte del precio minorista de la electricidad en su mercado.
Para España, el riesgo es que una flexibilización excesiva de las reglas ambientales debilite los incentivos para invertir en tecnologías menos dependientes de los combustibles fósiles. La urgencia de aliviar las facturas y la necesidad de transformar el sistema energético chocan así en una negociación que va más allá del invierno.
Ayudas temporales para evitar una nueva crisis
La Comisión Europea no descarta ampliar las herramientas disponibles para contener el impacto de la crisis. El propio Dan Jorgensen ha admitido que, si las circunstancias lo requieren, podrían subvencionarse combustibles fósiles. No obstante, ha defendido que cualquier intervención de este tipo debe estar limitada en el tiempo y dirigirse a situaciones concretas.
Esa condición busca impedir que una respuesta excepcional se convierta en una política permanente que perpetúe la dependencia energética. Las ayudas indiscriminadas podrían aliviar los costes a corto plazo, pero también generar un elevado gasto público y retrasar inversiones destinadas a reducir la exposición de Europa a futuras crisis.
A este debate se suma la situación de las reservas de gas, que llegan al periodo previo al invierno en niveles inusualmente bajos. El comisario europeo descarta, por ahora, problemas de suministro, pero esa previsión no elimina el riesgo de que la escasez de reservas disponibles o las tensiones internacionales mantengan los precios elevados.
La prioridad inmediata de los gobiernos es evitar que la energía se convierta en un nuevo factor de empobrecimiento y pérdida de competitividad. Sin embargo, la eficacia de las decisiones dependerá de su rapidez, de los recursos disponibles y de la capacidad de los Estados para acordar una respuesta común.
La cumbre de Bruselas deberá servir para concretar hasta dónde está dispuesta a llegar la Unión. El dilema es evidente: Europa necesita proteger a sus ciudadanos y a su tejido productivo, pero también evitar que las medidas de emergencia comprometan la transformación energética que considera esencial para su autonomía económica a largo plazo. @mundiario
