La izquierda española afrontará las elecciones generales del 29 de noviembre con una contradicción difícil de explicar a sus propios votantes: será incapaz de presentar una candidatura común al Congreso, pero concurrirá ampliamente unida al Senado para intentar arrebatar al Partido Popular su mayoría absoluta. La diferencia entre ambas decisiones revela hasta qué punto las rivalidades personales, las disputas por el liderazgo y los cálculos electorales siguen condicionando la reorganización del espacio progresista. También demuestra que, cuando existe un objetivo político compartido y suficientemente poderoso, los acuerdos que parecían imposibles pueden alcanzarse incluso contra reloj.
El fracaso de las conversaciones entre Frente Amplio y Podemos, después de diez días de negociaciones y con el plazo legal agotado, representa un nuevo episodio de la fragmentación que arrastra la izquierda situada a la izquierda del PSOE. Las formaciones que en 2023 consiguieron concurrir juntas bajo la candidatura de Sumar volverán ahora a competir entre sí en buena parte del territorio español. Solo la Comunidad Valenciana y Canarias han quedado al margen de una ruptura que amenaza con reducir la representación parlamentaria de un espacio político cuyo electorado difícilmente puede permitirse la dispersión.
Podemos y Frente Amplio concurrirán por separado al Congreso, salvo en la Comunidad Valenciana y Canarias. El PSOE pacta con sus aliados una candidatura conjunta al Senado que busca aprovechar la división entre PP y Vox
El problema no reside únicamente en la existencia de diferencias ideológicas, legítimas en cualquier democracia pluralista. Las discrepancias entre Podemos, Izquierda Unida, Más Madrid, los Comuns y Movimiento Sumar responden también a distintas concepciones de la organización política, del liderazgo y de las relaciones con el PSOE. Sin embargo, las negociaciones han terminado concentrándose en el reparto de puestos de salida y en el control de las principales candidaturas, hasta convertir una discusión sobre el futuro de la izquierda en una pugna por su representación institucional.
Madrid y Barcelona, símbolos de una ruptura
La disputa por Madrid y Barcelona ha resultado decisiva. Podemos ha apostado por Irene Montero como principal referencia electoral, con el respaldo político de Gabriel Rufián, mientras que Frente Amplio ha situado al diputado autonómico Emilio Delgado al frente de su candidatura madrileña y a Ada Colau como cabeza de lista por Barcelona. Son perfiles con trayectorias y públicos diferentes, pero también representantes de un espacio que comparte numerosas propuestas sociales, económicas y territoriales.
La propuesta de Podemos de dejar al margen las dos grandes circunscripciones y buscar acuerdos en otros territorios encontró una respuesta insuficiente para cerrar el pacto. Frente Amplio ofreció posiciones de salida prioritarias en Madrid y Barcelona, pero las conversaciones terminaron sin resultado antes del vencimiento del plazo de registro de coaliciones.
El desenlace confirma que las relaciones entre las distintas familias de la izquierda alternativa continúan dominadas por una desconfianza que va mucho más allá de la distribución de escaños. Las heridas abiertas durante la anterior experiencia de unidad no han cicatrizado y ninguna de las partes parece haber encontrado una fórmula aceptable para compartir el poder interno sin cuestionar su propia identidad.
La victoria de Irene Montero en las primarias de Podemos, acompañada de una caída del 54,3% en la participación, añade otra dimensión al problema. Su liderazgo conserva el respaldo de quienes han intervenido en el proceso interno, pero la reducción de la movilización constituye una señal que merece atención. Las primarias sirven para legitimar candidaturas, aunque su capacidad para fortalecer una organización depende también de la implicación efectiva de sus militantes.
La fragmentación puede tener consecuencias especialmente graves en las provincias que reparten pocos diputados. El sistema electoral español penaliza a las candidaturas pequeñas cuando compiten por los mismos votantes y no alcanzan una concentración suficiente de apoyos. La separación entre Podemos y Frente Amplio podría facilitar que determinados escaños terminen en manos del PP, Vox o incluso del PSOE, sin que necesariamente se haya producido un desplazamiento ideológico equivalente entre los electores.
Conviene, no obstante, evitar la conclusión de que toda unidad electoral resulta beneficiosa por definición. Una coalición construida únicamente para superar las barreras del sistema electoral, sin un programa coherente ni mecanismos estables de funcionamiento, puede reproducir después los conflictos que pretendía resolver. La experiencia de Sumar demuestra que sumar organizaciones en una papeleta no garantiza construir un proyecto político compartido.
El Senado ofrece una oportunidad inesperada
Mientras la izquierda alternativa fracasa en su intento de concurrir unida al Congreso, el PSOE ha conseguido articular una alianza de considerable alcance para el Senado. Bajo la denominación Senado de Progreso, los socialistas compartirán candidaturas con Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Compromís, Más Madrid, Chunta Aragonesista, Batzarre y Més en 40 provincias.
La operación responde a una lógica electoral diferente. El sistema de elección directa de senadores favorece la concentración del voto y permite que pequeñas variaciones en las preferencias de los ciudadanos produzcan cambios importantes en el reparto de escaños. En las provincias peninsulares, donde generalmente se eligen cuatro senadores, cada elector puede votar hasta tres candidatos. Esa fórmula suele beneficiar a la candidatura más votada, que acostumbra a obtener tres representantes, mientras la segunda consigue uno.
La división del voto progresista había facilitado tradicionalmente que el PP aprovechase esa ventaja. Ahora, una candidatura compartida puede incrementar las posibilidades de que los socialistas y sus aliados sean la primera fuerza en numerosas provincias y consigan una representación muy superior a la que obtendrían por separado.
El cálculo incorpora, además, otro elemento: la competencia entre PP y Vox. Si el partido de Santiago Abascal incrementa sus apoyos a costa de los populares, la derecha podría perder parte de la ventaja que hasta ahora le proporcionaba su mayor concentración electoral. La combinación de una izquierda agrupada y una derecha dividida abre así una posibilidad de cambio en la composición del Senado que parecía difícil de imaginar al comienzo de la campaña.
Sin embargo, sería precipitado dar por hecho ese resultado. La transferencia de votos entre partidos no es automática, los electores pueden seleccionar candidatos de diferentes listas y la fortaleza territorial del PP sigue siendo considerable. La alianza progresista mejora sus posibilidades, pero no garantiza una mayoría alternativa.
Una coalición con límites territoriales y políticos
El acuerdo tampoco representa una unidad completa de la izquierda. Podemos queda fuera de la coalición, aunque permanece abierta la posibilidad de incorporar candidatos propuestos por la formación de Ione Belarra con el consentimiento de los demás participantes. La fórmula podría facilitar entendimientos parciales, pero no resuelve el enfrentamiento político que ha impedido cerrar una candidatura común al Congreso.
La alianza tampoco se aplicará con carácter general en Cataluña y Canarias, con la excepción de La Gomera. Estas particularidades responden a la diversidad de los sistemas de alianzas territoriales y a la existencia de fuerzas políticas con estrategias propias, una realidad que dificulta cualquier intento de construir un bloque progresista homogéneo en toda España.
La negociación ha puesto de manifiesto, además, la importancia de las federaciones territoriales del PSOE. En Baleares, los socialistas habían avanzado ya en sus conversaciones con Més para mejorar sus opciones de representación, aprovechando la experiencia de acuerdos anteriores. El ejemplo demuestra que la cooperación electoral puede desarrollarse con mayor naturalidad cuando responde a intereses territoriales concretos y no queda completamente subordinada a las disputas de las direcciones nacionales.
Para el PSOE, el pacto constituye una operación políticamente inteligente. Le permite presentarse como eje de articulación del bloque progresista y ofrecer una respuesta al predominio del PP en una Cámara Alta que durante la legislatura ha servido a los populares para ejercer una oposición especialmente intensa al Gobierno de Pedro Sánchez.
Ahora bien, tampoco conviene confundir el objetivo de modificar la mayoría del Senado con una garantía de mejor funcionamiento institucional. El PP ha utilizado legítimamente su mayoría para desarrollar una estrategia de confrontación parlamentaria, aunque algunas de sus actuaciones hayan sido discutibles desde la perspectiva de la cooperación entre instituciones. Una eventual mayoría progresista debería demostrar que puede ejercer sus funciones de control y revisión legislativa sin reproducir los mismos excesos que critica.
El Senado necesita recuperar parte de su sentido como cámara de representación territorial, una aspiración pendiente desde hace décadas. Convertirlo exclusivamente en una prolongación de las batallas partidistas del Congreso empobrece su función constitucional, con independencia de quién disponga de la mayoría.
El PSOE puede beneficiarse de la división de sus aliados
La paradoja de esta campaña es que el PSOE podría obtener ventajas políticas de una situación que, en términos generales, perjudica al conjunto de la izquierda. La competencia entre Podemos y Frente Amplio puede impulsar el voto útil hacia los socialistas, especialmente entre electores preocupados por una eventual mayoría de PP y Vox. Al mismo tiempo, la alianza al Senado permite al partido de Sánchez proyectar una imagen de capacidad negociadora que sus socios no han conseguido trasladar a las candidaturas del Congreso.
Pero esa ventaja también encierra riesgos. El sistema parlamentario español ha demostrado que la formación de mayorías de gobierno depende con frecuencia de la existencia de aliados suficientemente representados. Un PSOE fortalecido a costa de una izquierda alternativa debilitada podría encontrarse después con mayores dificultades para construir una mayoría parlamentaria, aunque consiguiera mejorar sus resultados individuales.
Para Podemos, la decisión de concurrir en solitario constituye una apuesta por preservar su identidad política y recuperar un espacio electoral propio. Para Frente Amplio, representa la oportunidad de consolidar una alternativa más plural y menos condicionada por el liderazgo de la formación morada. Ambas estrategias tienen una lógica reconocible, pero también un coste potencial que deberán explicar a sus votantes.
El electorado progresista tendrá que decidir si considera prioritarias las diferencias entre las organizaciones o si prefiere concentrar sus apoyos en las candidaturas con mayores posibilidades de representación. La participación y el comportamiento de los votantes serán determinantes para medir las consecuencias reales de esta ruptura.
Una lección sobre los límites de la política de bloques
La experiencia de estas negociaciones revela una debilidad que afecta a buena parte de la política española: la dificultad para transformar las coincidencias programáticas en acuerdos estables cuando entran en juego los liderazgos y los intereses organizativos. La izquierda alternativa no es la única que padece estas tensiones, pero su fragmentación resulta especialmente costosa por las características del sistema electoral y por su posición en el equilibrio parlamentario.
La coalición al Senado demuestra que la cooperación sigue siendo posible cuando existe un incentivo compartido y una fórmula institucional que facilita el reparto de beneficios. La ruptura al Congreso, por el contrario, evidencia que las discrepancias internas pueden imponerse incluso cuando todos los participantes conocen las consecuencias electorales de la división.
El 29 de noviembre permitirá comprobar cuál de esas dos dinámicas resulta más determinante. La izquierda puede mejorar sustancialmente su representación en el Senado y, al mismo tiempo, perder diputados por concurrir dividida al Congreso. No sería una contradicción del electorado, sino el resultado de dos estrategias políticas diferentes aplicadas a sistemas electorales también distintos.
La principal responsabilidad de los partidos no consiste en alcanzar la unidad a cualquier precio, sino en ofrecer proyectos reconocibles, viables y capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos. Pero cuando las diferencias que impiden un acuerdo parecen concentrarse más en los nombres y los puestos que en las políticas, resulta inevitable preguntarse si los intereses de los votantes han ocupado realmente el primer lugar.
La izquierda española llega así a las elecciones con una oportunidad y un problema. Ha encontrado una fórmula para disputar al PP su hegemonía en el Senado, pero no ha conseguido superar sus propias divisiones para competir en el Congreso. El resultado de ambas decisiones dirá mucho sobre su futuro y sobre la capacidad del sistema político español para construir mayorías estables después del 29-N. @mundiario
