Europa se enfrenta a una de esas contradicciones que ponen a prueba la coherencia de su política económica. La Unión Europea quiere reducir su dependencia de las grandes compañías tecnológicas estadounidenses, pero necesita sus infraestructuras para acelerar la digitalización, desarrollar la inteligencia artificial y mejorar la productividad de sus empresas. Al mismo tiempo, Bruselas promueve una mayor competencia en los servicios de computación en la nube mientras diseña requisitos de soberanía que podrían limitar el acceso de algunos de sus principales proveedores a los contratos públicos.
La cuestión trasciende una discusión técnica sobre servidores, almacenamiento de datos o contratación administrativa. En realidad, afecta al modelo de crecimiento europeo, a su capacidad para competir con Estados Unidos y China y al margen de autonomía que conservará en una economía cada vez más dependiente de la inteligencia artificial. Sin infraestructuras digitales suficientes, asequibles y seguras, las aspiraciones europeas de reindustrialización tecnológica corren el riesgo de quedarse en declaraciones políticas.
Europa necesita independencia tecnológica, pero también una nube competitiva y asequible. Las restricciones a proveedores extranjeros pueden elevar los costes hasta un 30%
El debate analizado por Judith Arnal desde el Real Instituto Elcano pone de manifiesto que la contradicción no reside necesariamente en los objetivos perseguidos, ambos legítimos, sino en la forma de combinarlos. Promover mercados abiertos y reducir dependencias estratégicas son propósitos compatibles, siempre que las normas no terminen anulando los beneficios que pretenden conseguir.
Una dependencia que Europa no puede ignorar
La computación en la nube se ha convertido en una infraestructura esencial de la economía contemporánea. Las empresas utilizan estos servicios para almacenar información, desarrollar aplicaciones, gestionar procesos industriales y entrenar sistemas de inteligencia artificial. Las administraciones públicas dependen también de ellos para prestar servicios, proteger datos y modernizar sus procedimientos.
En este mercado, los grandes proveedores estadounidenses, especialmente Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud, cuentan con ventajas de escala, capacidad financiera y desarrollo tecnológico difíciles de reproducir a corto plazo. Sus inversiones en centros de datos, redes internacionales y herramientas de inteligencia artificial han consolidado una posición dominante en buena parte del ecosistema digital.
La dependencia europea plantea riesgos evidentes. La concentración de proveedores reduce la capacidad negociadora de los clientes, dificulta el cambio de plataforma y puede generar vulnerabilidades relacionadas con la continuidad del servicio, el acceso a los datos o la aplicación de legislaciones extranjeras. Pero también existe una realidad económica que conviene reconocer: estas compañías ofrecen capacidades tecnológicas que muchas empresas europeas necesitan para competir. Prescindir de ellas mediante restricciones generalizadas, sin disponer de alternativas equivalentes, podría perjudicar precisamente a los sectores que la política industrial europea pretende fortalecer. El desafío consiste, por tanto, en reducir las dependencias excesivas sin transformar la autonomía estratégica en aislamiento tecnológico.
Bruselas combate la concentración y limita el acceso al mercado
La Unión Europea ha desplegado varios instrumentos para corregir los desequilibrios competitivos del sector. El Reglamento de Datos introduce obligaciones destinadas a facilitar el cambio de proveedor y reducir los obstáculos que mantienen cautivos a los clientes. El Derecho europeo de la competencia permite investigar posibles abusos de posición dominante, mientras el Reglamento de Mercados Digitales, conocido como DMA, amplía el alcance de la intervención regulatoria sobre las grandes plataformas.
La designación preliminar de AWS y Azure como guardianes de acceso, iniciada el 25 de junio de 2026, representa un paso especialmente significativo. Bruselas pretende trasladar a la infraestructura digital una regulación concebida inicialmente para controlar el poder de intermediación de las grandes plataformas. Sin embargo, aplicar ese modelo a la nube plantea dificultades. No se trata simplemente de plataformas que conectan usuarios y anunciantes, sino de mercados empresariales complejos, con servicios integrados y contratos de larga duración. Las obligaciones deben adaptarse a esa realidad para evitar incertidumbre jurídica o intervenciones que terminen perjudicando la innovación.
Existe, además, un problema especialmente relevante: las licencias de software. Determinadas condiciones contractuales pueden encarecer el traslado de aplicaciones a proveedores competidores, aunque el cliente tenga formalmente libertad para cambiar de nube. La regulación de la portabilidad pierde eficacia si persisten barreras económicas y técnicas que dificultan ejercerla.
La política de competencia necesita, por ello, actuar sobre los obstáculos reales que impiden elegir proveedor, no limitarse a multiplicar obligaciones regulatorias. Paralelamente, Bruselas impulsa una política industrial orientada a reforzar la soberanía digital. El Marco de Soberanía de la Nube y la propuesta de Reglamento de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial buscan aumentar la capacidad tecnológica europea y reducir su exposición a decisiones de terceros países.
El problema aparece cuando esos objetivos se traducen en requisitos de contratación pública que excluyen a determinadas empresas por su estructura de propiedad o por el origen de su matriz, incluso cuando operan mediante sociedades establecidas en la Unión Europea.
El precio de confundir soberanía con exclusión
La contratación pública constituye una herramienta poderosa de política económica. Los gobiernos pueden utilizar su capacidad de compra para estimular sectores estratégicos, promover estándares de seguridad y favorecer la aparición de nuevas empresas. No existe razón para exigir que las administraciones renuncien por completo a esos objetivos y se limiten a elegir siempre la oferta más barata. Sin embargo, utilizar estratégicamente el presupuesto público exige evaluar los costes y beneficios de cada decisión. Los regímenes comparables examinados en el análisis de Elcano muestran que determinadas restricciones excluyentes pueden provocar sobrecostes de entre el 20% y el 30%.
La cifra merece atención porque afecta a recursos públicos que podrían destinarse a otros servicios o inversiones. Si una administración paga más por una infraestructura tecnológica sin obtener una mejora proporcional en seguridad, resiliencia o autonomía, el resultado no constituye necesariamente una victoria industrial.
La exclusión de proveedores también puede reducir el número de licitadores en mercados donde la competencia ya resulta insuficiente. Menos ofertas suelen significar menor presión sobre los precios y menos incentivos para mejorar la calidad del servicio. A ello se añaden posibles conflictos jurídicos cuando las restricciones alcanzan a filiales europeas de compañías extranjeras. La libertad de establecimiento y las reglas del mercado interior obligan a justificar cuidadosamente cualquier limitación que pueda discriminar a empresas legalmente implantadas en la Unión.
No todas las necesidades de soberanía son iguales. La información especialmente sensible de defensa, seguridad nacional o infraestructuras críticas puede requerir garantías adicionales que no resultan necesarias para servicios administrativos ordinarios. Aplicar idénticas exigencias a todos los contratos conduciría a una regulación desproporcionada.
La autonomía estratégica debe medirse por la capacidad efectiva de controlar riesgos, mantener servicios esenciales y disponer de alternativas, no exclusivamente por la nacionalidad de los accionistas de una compañía.
Una política industrial abierta puede ser más eficaz
La alternativa consiste en favorecer una estrategia de desarrollo tecnológico que permita participar a empresas internacionales bajo condiciones exigentes de seguridad, control y colaboración con el ecosistema europeo. Es el planteamiento que el análisis identifica como Hecho con Europa, frente a una concepción estrictamente excluyente de la soberanía digital. Su lógica consiste en utilizar la demanda pública para desarrollar capacidades dentro de la Unión, impulsar inversiones y fortalecer proveedores locales sin cerrar automáticamente el mercado a compañías de otros países.
Este enfoque puede exigir compromisos de localización de infraestructuras, interoperabilidad, protección de datos, transferencia de conocimiento o cooperación empresarial, siempre que las condiciones sean proporcionadas y compatibles con el Derecho europeo. También permitiría aprovechar la inversión de los grandes operadores internacionales para reforzar centros de datos, redes y servicios digitales europeos. La presencia de capital extranjero no impide necesariamente desarrollar capacidades propias; lo decisivo es determinar quién controla los elementos críticos, qué garantías existen y cómo se distribuyen los beneficios económicos.
La experiencia industrial europea demuestra que las cadenas internacionales de valor pueden contribuir a construir sectores competitivos. La industria del automóvil, por ejemplo, combina fabricantes europeos y extranjeros, proveedores locales y redes de producción transnacionales. Su fortaleza no depende únicamente del origen del capital, sino de la capacidad de generar empleo, tecnología e innovación.
En la nube, sin embargo, la comparación tiene límites. La concentración de conocimientos, datos y servicios puede crear dependencias mucho más difíciles de sustituir que las existentes en determinadas actividades manufactureras. Por eso, una estrategia abierta debe acompañarse de políticas específicas para desarrollar alternativas europeas.
La inteligencia artificial eleva las apuestas
La importancia de resolver esta contradicción aumenta con la expansión de la inteligencia artificial. Los modelos avanzados requieren enormes capacidades de procesamiento, centros de datos especializados, energía y redes de comunicación de alta velocidad.
Europa necesita ampliar esas infraestructuras si pretende evitar que sus empresas dependan completamente de plataformas extranjeras para desarrollar productos y servicios de inteligencia artificial. Pero construirlas exige inversiones cuantiosas y plazos prolongados, precisamente cuando la competencia internacional avanza a gran velocidad.
Las restricciones indiscriminadas podrían retrasar proyectos empresariales y elevar los costes de acceso a la tecnología. Una regulación insuficiente, por el contrario, podría consolidar dependencias que después resultarían muy difíciles de corregir. El equilibrio exige combinar competencia, inversión, seguridad y desarrollo de capacidades propias. La política industrial no puede convertirse en una excepción permanente a las reglas del mercado, pero tampoco cabe confiar exclusivamente en que la competencia resolverá por sí sola las vulnerabilidades estratégicas.
Para España, este debate tiene una dimensión especialmente relevante. El país dispone de oportunidades para atraer centros de datos, desarrollar infraestructuras digitales y aprovechar su potencial renovable, aunque deberá resolver los problemas relacionados con la disponibilidad de electricidad, las redes, el agua y la planificación territorial. Una política europea coherente podría facilitar esas inversiones y favorecer la participación de empresas españolas en nuevas cadenas de valor tecnológico. Una regulación fragmentada o excesivamente restrictiva, en cambio, introduciría incertidumbre y podría restar atractivo a los proyectos.
Europa necesita una estrategia, no una acumulación de reglamentos
El diagnóstico más significativo del trabajo de Elcano es que la política europea de nube dispone de numerosos instrumentos, pero carece de una dirección suficientemente coordinada.
Las normas de competencia, las obligaciones de portabilidad, la regulación de los grandes proveedores y los requisitos de soberanía avanzan mediante procedimientos diferentes, impulsados por objetivos que no siempre se evalúan conjuntamente. El resultado puede ser paradójico: una institución europea trabaja para facilitar la entrada de nuevos competidores mientras otra reduce el número de empresas autorizadas a participar en determinadas licitaciones. Ambas decisiones pueden justificarse individualmente, pero sus efectos combinados terminan perjudicando a los compradores y a las empresas europeas.
La solución no consiste en abandonar la soberanía tecnológica ni en renunciar a controlar el poder de las grandes plataformas. Consiste en establecer criterios comunes, evaluar las consecuencias económicas y justificar las excepciones. La Comisión Europea debería asumir una responsabilidad más clara en la coordinación de estas políticas. Cada instrumento debe cumplir su función, las restricciones deben responder a riesgos demostrables y las decisiones de contratación pública han de incorporar una evaluación transparente de sus costes.
El primer semestre de 2027 será una prueba importante. La aplicación plena de determinadas obligaciones del Reglamento de Datos, las decisiones británicas sobre el ecosistema de software de Microsoft y la posible extensión de las exigencias del DMA coincidirán con el avance de la legislación europea sobre nube e inteligencia artificial. Será entonces cuando se compruebe si Bruselas ha aprendido a tratar estas iniciativas como partes de una misma estrategia o si continúa gestionándolas como expedientes regulatorios independientes.
Europa tiene razones legítimas para preocuparse por su dependencia tecnológica. La experiencia de las crisis energéticas, las tensiones comerciales y los conflictos geopolíticos demuestra que la seguridad económica requiere diversificar suministros y desarrollar capacidades propias. Pero también ha enseñado que el proteccionismo mal diseñado puede resultar costoso y terminar debilitando a quienes pretende proteger. La soberanía digital no debería medirse por el número de empresas extranjeras excluidas, sino por la capacidad europea para elegir proveedores, negociar condiciones, proteger sus datos y garantizar la continuidad de sus servicios.
La gran paradoja de la nube europea es que una política concebida para aumentar la autonomía puede terminar reduciendo la competencia y encareciendo la innovación. Evitarlo exige algo más difícil que aprobar nuevos reglamentos: decidir qué objetivos son prioritarios, coordinar los instrumentos y asumir los costes de cada elección.
La Unión Europea necesita una nube más competitiva, segura y europea. Pero no conseguirá construirla confundiendo independencia con aislamiento. Su verdadero desafío consiste en convertir la apertura económica en una fuente de fortaleza estratégica, en lugar de presentar ambas aspiraciones como si fueran necesariamente incompatibles. @mundiario
