La relación entre Estados Unidos y la Unión Europea ha abierto un nuevo frente de discusión en torno a la defensa: quién paga, quién fabrica y quién decide qué armas compra Europa. El embajador estadounidense ante la UE, Andrew Puzder, ha calificado de “egoísta” el impulso europeo para favorecer a la industria de defensa del continente y ha advertido de que una política de preferencias geográficas puede fragmentar la base industrial transatlántica. Sus declaraciones, realizadas en la Euronews Defence & Space Summit de Bruselas, condensan una tensión que va mucho más allá de un contrato concreto.
Puzder sostuvo que “cuando hay vidas en juego, deben ser la capacidad y la disponibilidad las que determinen la solución, no la geografía”. También afirmó que solo los adversarios se benefician cuando los aliados dejan de concentrarse en disponer de las armas más eficaces. Su argumento parte de una premisa estrictamente militar: si un sistema estadounidense está disponible antes, ofrece mejores prestaciones o puede integrarse más fácilmente en las estructuras existentes de la OTAN, su procedencia no debería ser un criterio determinante.
El problema para Europa es que la dependencia de proveedores extranjeros también tiene una dimensión estratégica. La guerra de Ucrania ha demostrado que disponer de armamento no consiste únicamente en adquirir plataformas terminadas. También implica garantizar munición, repuestos, mantenimiento, capacidad industrial, cadenas de suministro, tecnología y posibilidad de aumentar rápidamente la producción durante una crisis. La Comisión Europea ha convertido precisamente esa cuestión en uno de los pilares de su estrategia Readiness 2030.
Bruselas pretende que los Estados miembros aumenten la contratación conjunta y que una proporción creciente de las inversiones de defensa se dirija hacia la base tecnológica e industrial europea. La hoja de ruta plantea que la contratación conjunta alcance al menos el 40% y que la inversión adquirida a la industria europea de defensa llegue al 55% del total, dentro de los objetivos políticos fijados para la década. No significa cerrar el mercado europeo a Estados Unidos, pero sí reducir una dependencia considerada estratégica.
Ahí aparece la principal contradicción política de la discusión. Washington lleva meses reclamando que Europa gaste más en defensa y asuma una parte mayor de la seguridad del continente. En la cumbre de La Haya de 2025, los aliados acordaron elevar la inversión en defensa y seguridad hasta el 5% del PIB en 2035. En 2026, la OTAN ha subrayado que los aliados europeos y Canadá ya han incrementado sustancialmente sus inversiones y que están asumiendo mayor responsabilidad.
Pero gastar más no significa necesariamente comprar más armamento estadounidense. Si Europa incrementa de forma considerable sus presupuestos militares y utiliza una parte de ese dinero para desarrollar fábricas, tecnologías y sistemas propios, está creando una capacidad industrial que puede reducir futuras importaciones. Desde la perspectiva europea, esa es precisamente una de las finalidades naturales de la reindustrialización de la defensa.
Desde Washington, en cambio, existe otra preocupación: que la autonomía industrial europea termine debilitando la interoperabilidad y reduciendo el acceso de las empresas estadounidenses a uno de los mayores mercados de defensa del mundo. Puzder ha insistido en que la prioridad debe ser la eficacia militar y ha señalado que la Comisión Europea le ha trasladado que no pretende impedir que los Estados miembros utilicen fondos nacionales para comprar sistemas estadounidenses.
La discusión sobre la autonomía estratégica de la industria militar trasciende las fronteras de Estados Unidos. El general estadounidense Alexus Grynkewich, Comandante Supremo Aliado en Europa (SACEUR) de la OTAN, lidera actualmente el despliegue aliado en un contexto de alta tensión donde la Alianza Atlántica ha enfatizado la urgencia de acelerar la producción de defensa colectiva. Esta postura da continuidad a las firmes advertencias que su predecesor en el cargo, el general Christopher Cavoli, manifestó contra la tendencia de codificar preferencias geográficas estrictas respecto al lugar de fabricación del material bélico. La comandancia militar de la Alianza argumenta de forma constante que imponer restricciones de contenido local rígidas frente a las políticas del "Made in Europe" solo ralentiza la interoperabilidad y la capacidad de respuesta inmediata del bloque frente a amenazas emergentes en el continente.
En el seno de la Unión Europea, la brecha de opiniones es evidente en torno a propuestas proteccionistas como la Estrategia Industrial de Defensa Europea (EDIS). El eurodiputado estonio y excomandante de las Fuerzas de Defensa de su país, Riho Terras, ha liderado la postura pragmática dentro del Parlamento Europeo. Terras defiende de forma abierta que la base industrial europea todavía no produce con la rapidez, el volumen y los estándares tecnológicos necesarios para cubrir de forma autónoma las necesidades urgentes del continente. Por ello, insiste en que la UE debe mantener abierta y sin penalizaciones la vía de compras a proveedores externos estratégicos (como EE UU, el Reino Unido o Corea del Sur) para evitar brechas operativas críticas en el flanco oriental.
Esto explica por qué el debate sobre “Buy European” no puede reducirse a proteccionismo frente a libre mercado. Hay una cuestión de seguridad inmediata y otra de autonomía estratégica a largo plazo. Si Europa necesita urgentemente determinado sistema de defensa y la industria europea no puede entregarlo, excluir a proveedores estadounidenses puede retrasar capacidades militares. Pero si Europa compra sistemáticamente fuera, puede mantener una dependencia que precisamente intenta corregir.
Además, conviene diferenciar las iniciativas. La Comisión ha propuesto nuevas reglas generales de contratación pública destinadas a facilitar las compras dentro del mercado único, reducir burocracia y permitir determinadas preferencias por contenido europeo. Reuters señaló que las propuestas podrían permitir excluir ofertas con menos de un 50% de contenido europeo en determinadas circunstancias y favorecer empresas de la UE en sectores estratégicos. Sin embargo, esas reglas generales excluyen la defensa, que dispone de instrumentos y objetivos específicos.
La cuestión industrial, por tanto, forma parte de una transformación mucho más amplia. Europa quiere aumentar su producción de munición, drones, defensa aérea, misiles, capacidades espaciales y sistemas de guerra electrónica. El programa EDIP, por ejemplo, está destinado a ampliar la capacidad productiva de la industria europea, mientras la hoja de ruta comunitaria plantea una auténtica cadena industrial de defensa a escala continental.
"Unfortunately, new EU instruments to fund its rearmament cap non-European content. Does this strengthen European security or alienate allies?"
— euronews (@euronews) September 30, 2026
US Ambassador to the EU Andrew Puzder (@USAmbEU) at the #EuronewsDefenceSpace2026. pic.twitter.com/ndY4E7bQ7t
La paradoja se hace más evidente al observar la política económica estadounidense. La Administración Trump también está utilizando el mercado, los aranceles y la política industrial para favorecer la producción estadounidense y reducir determinadas dependencias exteriores. La Casa Blanca presenta esa estrategia como parte de “America First”, vinculándola a la reconstrucción de la base industrial estadounidense, la reciprocidad comercial y la seguridad de las cadenas de suministro.
Por eso el desacuerdo sobre las armas tiene una dimensión política que supera la cuestión militar. Estados Unidos defiende que sus aliados europeos sean más fuertes y gasten más, pero considera problemático que una parte de ese esfuerzo termine creando competidores industriales europeos o reduciendo el mercado para los fabricantes estadounidenses. Washington quiere que se gaste más, pero que sea en ellos. Europa, por su parte, busca gastar más precisamente para dejar de depender tanto de proveedores externos en sectores que considera críticos.
La alianza transatlántica se encuentra así ante una negociación de fondo. La cuestión ya no es solamente cuánto debe gastar Europa en defensa, sino dónde se fabrica esa defensa, quién controla las tecnologías y qué grado de dependencia resulta aceptable. La OTAN necesita interoperabilidad y acceso a capacidades estadounidenses, mientras la UE intenta construir una base industrial capaz de responder por sí misma ante una crisis prolongada.
El resultado probablemente dependerá menos de una prohibición absoluta de comprar armas estadounidenses que de cómo se diseñen los incentivos europeos. La propia Comisión mantiene la cooperación con la OTAN como principio de su estrategia y busca aumentar la producción europea sin plantear un aislamiento tecnológico del continente.
La disputa entre Washington y Bruselas, en definitiva, revela una tensión difícil de resolver: Estados Unidos quiere una Europa militarmente más responsable, pero no necesariamente una Europa industrialmente independiente de Estados Unidos. Y la UE empieza a entender que asumir una mayor responsabilidad en su defensa no consiste únicamente en elevar los presupuestos, sino también en disponer de fábricas, tecnología y cadenas de suministro capaces de sostener ese esfuerzo. Ahí es donde el debate sobre el “Buy European” adquiere su verdadero alcance estratégico. @mundiario
