Por años, quienes participamos en la construcción de Morena hemos sostenido que la transformación de México no puede limitarse a cambios en la esfera económica o social. Nuestro movimiento nació con una vocación mucho más profunda: contribuir a transformar la vida pública nacional, democratizar las instituciones y promover una nueva cultura política basada en la participación ciudadana, la honestidad y el respeto a la voluntad popular. Ese compromiso no puede exigirse solamente a los gobiernos; también debe reflejarse en la vida interna de nuestro propio partido.
Desde que la dirigencia nacional de Morena decidió designar a la persona que ocupará la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía en Chihuahua, he tenido oportunidad de conversar con numerosos militantes, simpatizantes y ciudadanos interesados en el futuro político de nuestro estado. En prácticamente todas esas conversaciones aparece una preocupación común: la manera en que se condujo el proceso de selección y la distancia existente entre lo que Morena prometió hacer y lo que finalmente ocurrió.
La relevancia de este tema no debe subestimarse. La definición de quienes representarán a Morena en los próximos procesos electorales constituye una de las decisiones más importantes para el futuro de nuestro movimiento. De la calidad moral, política y profesional de esos perfiles dependerá, en gran medida, la posibilidad de consolidar la transformación que millones de mexicanos respaldan desde hace años. Por ello resulta indispensable que los procedimientos internos estén a la altura de los principios que decimos defender.
Cuando el Consejo Nacional de Elecciones emitió la convocatoria correspondiente, muchos consideramos que existían condiciones inmejorables para dar un paso decisivo hacia la democratización interna de Morena. La convocatoria distinguía claramente dos momentos complementarios. En primer lugar, la valoración de la trayectoria personal, profesional y política de los aspirantes, así como su identificación efectiva con los principios y valores del movimiento. Posteriormente, la aplicación de una encuesta de opinión destinada a conocer las percepciones y preferencias ciudadanas respecto de quienes aspiraban a representar a Morena.
El procedimiento parecía razonable. Más aún, permitía armonizar dos elementos esenciales: la calidad del perfil político y la opinión de la ciudadanía. Se trataba de una fórmula que, bien aplicada, hubiera fortalecido la legitimidad de las decisiones y enviado una señal inequívoca de que Morena está dispuesto a practicar internamente los valores democráticos que promueve hacia el exterior.
Sin embargo, en Chihuahua comenzaron a surgir dudas desde etapas tempranas. Muchos militantes percibieron una evidente sobreexposición mediática y política de uno de los aspirantes, identificado con sectores influyentes de la dirigencia nacional. A pesar de ello, prevaleció la confianza en las declaraciones públicas realizadas por las responsables del proceso. Una y otra vez se aseguró que la voluntad expresada en las encuestas sería respetada y que la decisión final tendría sustento objetivo y transparente.
La incertidumbre fue creciendo conforme transcurrieron las semanas. Mientras en otras entidades se anunciaban resultados, Chihuahua permanecía sin definición. Resultaba difícil comprender las razones de una demora tan prolongada cuando, aparentemente, toda la información necesaria para resolver ya se encontraba disponible. Sin embargo, la militancia mantuvo la expectativa de que la decisión final respondería a criterios verificables y congruentes con la convocatoria.
Lamentablemente, lo ocurrido al final del proceso generó más interrogantes que certezas. Cuando finalmente se dio a conocer la designación, la dirigencia presentó los resultados de una encuesta que evaluaba ocho atributos diferentes. Al revisar dicha información surgió un dato particularmente relevante: en seis de esos ocho atributos, precisamente aquellos relacionados con aspectos sustantivos de una candidatura, la diferencia entre los dos aspirantes mejor posicionados era tan reducida que difícilmente podía sostenerse la existencia de una ventaja estadísticamente significativa.
Los rubros relativos a opinión positiva, honestidad, cercanía con la gente, conocimiento de Chihuahua, valoración favorable del aspirante e idoneidad para la candidatura reflejaban niveles de apoyo extraordinariamente semejantes. Dicho de otra forma, en los aspectos más importantes evaluados por la encuesta existía, en términos prácticos, un empate técnico.
Sólo en dos variables se observaba una ventaja claramente identificable para uno de los participantes: el nivel de conocimiento público y la preferencia electoral. Sin embargo, aun reconociendo la importancia de esos indicadores, resulta difícil sostener que por sí solos debían anular el peso de los otros seis atributos considerados por el propio estudio.
Por ello muchos militantes esperábamos una evaluación integral y equilibrada de los resultados. Lo razonable habría sido reconocer que la encuesta no arrojaba un ganador concluyente o, cuando menos, explicar con absoluta transparencia los criterios utilizados para adoptar una decisión definitiva. Eso no ocurrió.
Por el contrario, la dirigencia incorporó un sistema de ponderaciones que no había sido anunciado previamente en la convocatoria ni explicado con anticipación a los participantes. A través de dicho mecanismo se asignaron valores diferenciados a cada atributo evaluado, alterando sustancialmente el resultado final. Desde la perspectiva de numerosos observadores, esta decisión terminó por desfigurar el sentido original de la encuesta y produjo una ventaja artificial que no se desprendía de la lectura directa de los datos.
Más allá de los nombres involucrados, el problema de fondo es institucional. Cuando las reglas cambian al final de un proceso o cuando los criterios decisivos no son conocidos previamente por quienes participan, la confianza inevitablemente se deteriora. Y cuando ello ocurre en un partido que ha hecho de la democracia y de la participación ciudadana una de sus principales banderas, el daño puede ser aún mayor.
La consecuencia más lamentable es que se perdió una oportunidad histórica para demostrar que Morena puede construir mecanismos internos más democráticos, transparentes y confiables que aquellos que durante décadas caracterizaron a los partidos tradicionales. En lugar de fortalecer la confianza ciudadana, la decisión alimentó percepciones de parcialidad, arbitrariedad y favoritismo.
A ello se suma una preocupación adicional. Quienes cuestionamos esta designación consideramos que la persona finalmente favorecida no representa de manera consistente los valores fundamentales que dieron origen a Morena. Existen además señalamientos públicos sobre el manejo de recursos durante su desempeño gubernamental que merecen una valoración rigurosa y transparente. Precisamente por ello resultaba tan importante que la evaluación de trayectorias fuera exhaustiva y que la decisión final estuviera respaldada por elementos incontrovertibles.
Sin embargo, la política democrática nunca debe concebirse como un espacio de decisiones irreversibles. Rectificar también es una forma de gobernar. Corregir cuando existen dudas razonables sobre la legitimidad de un procedimiento no constituye una muestra de debilidad, sino una demostración de compromiso con los principios que se afirman defender.
Por ello considero que la dirigencia nacional de Morena todavía está a tiempo de actuar. Debe anular la designación realizada en Chihuahua y reponer el proceso con estricto apego a reglas previamente conocidas, transparentes y verificables. Si la encuesta continúa siendo el instrumento elegido para conocer la voluntad ciudadana, entonces su metodología debe aplicarse con rigor científico y respetarse íntegramente en sus resultados. No puede haber modificaciones posteriores ni criterios discrecionales que alteren su sentido original.
La transformación de Chihuahua exige gobernantes y representantes plenamente identificados con los valores que dieron origen a nuestro movimiento: justicia para las personas trabajadoras, solidaridad con los sectores más vulnerables, gobiernos honestos y una democracia real que no sea sólo discurso, sino práctica cotidiana. Esos principios deben regir tanto la acción gubernamental como la vida interna del partido.
Morena ha demostrado capacidad para transformar al país. Lo que está por demostrarse es que también puede transformarse a sí mismo. Y hoy, más que nunca, Chihuahua necesita esa demostración.
