El documento, elaborado por Cívica Querétaro, indica que la violencia familiar ha incrementado el número de niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado
El apartado “Violencia laboral, escolar e institucional” de los hallazgos del “Laboratorio sobre las otras violencias de Querétaro” refiere que, en el estado, prevalece una deficiencia en los sistemas públicos de cuidados de las infancias y las personas adultas mayores.
El documento, elaborado por Cívica Querétaro (Confederación de Organizaciones de la Sociedad Civil) y que también incluye testimonios, señala que, aunque la “Ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes” mandata que el acogimiento residencial debe ser una medida excepcional y temporal, “la violencia familiar ha incrementado el número de niñas, niños y adolescentes bajo resguardo del Estado, sin que existan las condiciones suficientes para garantizar su protección integral”.
Los hallazgos indican que, según datos del 2024 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 53 mil 862 niñas, niños y adolescentes vivían en alojamientos de asistencia social en México. En el caso de Querétaro, mencionan que existían 31 casas hogar organizadas en una red que registra un total de mil 52 personas usuarias, de las cuales, 569 son niñas, niños y adolescentes (NNA).
Asimismo, el documento precisa que durante 2021, en el estado se registraron 239 atenciones hospitalarias por violencia familiar y sexual contra NNA.
“A ello se suman testimonios que evidencian deficiencias en algunos Centros de Asistencia Social, como maltrato, omisión de cuidados, abuso entre residentes, falta de atención especializada y ausencia de planes individualizados”, dicen los hallazgos.
Como propuesta, Cívica Querétaro refiere la creación de un comité conformado por diversas instituciones que supervise los centros asistenciales. Además, propuso modificar los modelos de atención a Niñas Niños y Adolescentes en centros asistenciales para garantizar su bienestar y proporcionarles un plan individualizado.
También considera que es necesario que se sancione y boletine a personas funcionarias públicas en casos de maltrato infantil, omisión o negligencia, para prevenir que continúen como servidoras públicas en instituciones con NNA.
