Guanajuato.- Para hacer visible la lucha y los retos que enfrenta la comunidad de la diversidad sexual en Guanajuato, se publicó la guía “Guanajuato abraza la diversidad”.

“Esta guía es el primer documento publicado en materia de diversidad sexual y de género de la administración pública estatal para orientar el entendimiento y el conocimiento desde el enfoque de derechos humanos respecto a las personas de la diversidad sexual y de género”, destacó el subsecretario de Diversidad Sexual y de Género del Gobierno de Guanajuato, Héctor Ricardo García Frausto.

En entrevista para AM habló sobre la importancia de este documento para concientizar a funcionarios y sociedad en general sobre el respeto a la diversidad.

“Porque la discriminación está presente y no lo puedo negar. Y me atrevo a decir que la discriminación, cuando por primera vez en el Estado hay unidades municipales de atención a la diversidad sexual y de género y una subsecretaría, no iba a ser que pronto se redujeran los índices de discriminación, solo los detona porque despierta las resistencias y las violencias”, opinó el funcionario estatal.

La guía aborda temas como: glosario de términos de la diversidad, adversidad que enfrentan, consecuencias de la discriminación, discursos de odio, acontecimientos históricos y línea de tiempo de la diversidad en lo internacional, nacional y local, instrumentos normativos para la protección de los derechos humanos LGBTI+, etc.

En febrero de 2024 se publicó en Guanajuato la Ley para las Personas de la Diversidad Sexual y de Género del Estado de Guanajuato y sus Municipios. En su artículo 25 hace referencia a contar con una “Unidad Responsable” dentro de la Secretaría de Gobierno, sin embargo en el gobierno de Libia García Muñoz Ledo se elevó el rango y se creó la Subsecretaría de la Diversidad Sexual y de Género (primera en el país) integrada a la recién creada Secretaría de Derechos Humanos.

Protocolos en puerta

Ricardo García anunció que lo viene ahora es la publicación y puesta en marcha este año de tres protocolos que fortalezcan la atención a las personas LGBT+.

El primero es especializado en materia de salud para los servidores públicos del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato (Isapeg). Es conocido como “protocolo arcoiris”, mismo que fue una iniciativa del colectivo “Seres” en la anterior administración estatal y concretado por la nueva Subsecretaría con la contribución de la sociedad civil, el Isapeg, y la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos.

“Tiene que publicarse este año porque el Congreso del Estado nos asignó 1 millón de pesos para que una instancia externa nos pueda ayudar a capacitar, con base en este documento, a 4 mil personas de la Secretaría de Salud”, indicó.

Otro protocolo que dijo está listo es el manual para instaurar las unidades municipales de atención a la diversidad, que es una guía para orientar a los ayuntamientos sobre cómo deben operar estas instancias obligadas por la ley.

Hoy son 20 unidades municipales las que están operando y sus titulares tienen nombramiento formal, y son: Tierra Blanca, Cortazar, Romita, Salvatierra, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Valle de Santiago, Acámbaro, Jerécuaro, Dolores Hidalgo, Coroneo, Moroleón, Apaseo el Grande, Comonfort, Santiago Maravatío, San Miguel, San Felipe, León.

En el caso de Irapuato y Pénjamo ya están en operación, sin embargo no están contabilizados pues sus titulares no tienen aún un nombramiento oficial del cargo.

La Ley para la Diversidad Sexual fue publicada el 8 de junio del 2024 y el transitorio marcaba 90 días para instalar estas unidades, aunque no hay sanción por incumplir.

“Es importante que los municipios atiendan directamente a la ciudadanía. En mi subsecretaría hay dos direcciones: una de ellas es la Dirección de Atención Ciudadana y Orientación Social, brindamos atención directa a toda la ciudadanía de la diversidad sexual que nos lo requiera. Sin embargo, el Estado no se va a dar abasto si los municipios no toman su responsabilidad precisada en ley”, opinó.

El tercero será un manual de atención a personas trans en la administración pública estatal y municipal, que es otra guía para llevar de la mano a todo funcionario, desde cómo preguntar sensiblemente el pronombre y evitar la revictimización.

Todo este trabajo de la guía y de los protocolos fue elaborado por el personal de la Subsecretaría de Diversidad Sexual y de Género con apoyo de las organizaciones sociales y bajo la revisión de la Consejería Jurídica de la Gobernadora del Estado.

El dato

En Guanajuato, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (2020), el total de la población residente en el estado es de 6,166,934 guanajuatenses, de estas se estima que hay 227,957 personas de la diversidad sexual y de género de 15 años en adelante, lo que equivale al 4.9 % de la población total (ENDISEG, 2021).

Justicia tras la muerte: Urgen reconocimiento legal a redes de apoyo de la comunidad LGBTI

Organizaciones civiles han puesto sobre la mesa la necesidad de legislar para que las redes de apoyo afectivo tengan validez jurídica tras la muerte de un integrante de la comunidad LGBTI. El objetivo es garantizar que quienes acompañaron en vida a la persona puedan tomar decisiones sobre sus servicios fúnebres.

Actualmente, el vacío legal permite que familiares biológicos que estuvieron ausentes o fueron hostiles asuman el control total de los trámites. Los activistas buscan garantizar dignidad en el destino final de los restos, respetando la identidad y los deseos que la persona manifestó en vida.

La propuesta surge de casos documentados donde familias biológicas niegan el acceso a funerales a las parejas de años o deciden sepultar a personas trans bajo identidades que ellos mismos habían rechazado. Estas situaciones se consideran una forma de violencia post-mortem y una vulneración al derecho al duelo.

Se plantea la creación de un registro o documento de voluntad anticipada simplificado que otorgue facultades a la “familia elegida”. Esto permitiría a amigos cercanos o convivientes gestionar actas de defunción y traslados sin los obstáculos administrativos que hoy enfrentan.

Abogados especialistas señalan que el parentesco civil o consanguíneo no debería ser el único criterio para la entrega de cuerpos en fiscalías o funerarias. Argumentan que el concepto de familia ha evolucionado y la ley debe proteger los vínculos afectivos reales por encima de los biológicos.

La iniciativa también contempla sensibilizar al personal de agencias funerarias y registros civiles. Se han reportado casos de discriminación donde se impide a la pareja sobreviviente realizar los trámites básicos, agravando el impacto emocional de la pérdida.

Legisladores locales han recibido el proyecto para su análisis técnico. El debate se centrará en cómo integrar estas redes de apoyo en el Código Civil sin entrar en contradicciones con los derechos sucesorios ya establecidos, priorizando siempre la voluntad expresa del fallecido.

Finalmente, los colectivos esperan que esta reforma sea un paso hacia la justicia social. Consideran que el reconocimiento de la familia elegida es una deuda histórica que permitiría cerrar ciclos de vida con el respeto y la compañía de quienes realmente formaron parte del entorno íntimo de la persona.

AAK