La decisión de la Audiencia Nacional de imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra ha provocado un terremoto político de enorme alcance. Sin embargo, lejos de marcar distancias, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por cerrar filas alrededor de quien sigue siendo una de las figuras más influyentes del socialismo español.
Desde Moncloa se insiste en que Zapatero es una persona “honorable” y que el auto del juez José Luis Calama no contiene “pruebas documentales” concluyentes que comprometan ni al expresidente ni al Ejecutivo. La estrategia del Gobierno pasa por transmitir normalidad institucional y evitar que el caso se convierta en una crisis política que fracture la mayoría parlamentaria.
El núcleo del procedimiento judicial gira en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia. El magistrado sospecha que pudo existir una red de intermediación política destinada a favorecer determinados intereses económicos a cambio de contraprestaciones.
Aun así, en el Ejecutivo sostienen que la ayuda pública concedida a la compañía aérea se ajustó a los procedimientos legales establecidos en aquel momento y recuerdan que investigaciones previas relacionadas con el rescate ya fueron archivadas en otras instancias judiciales.
La posición del Gobierno refleja también un cálculo político evidente. Sánchez considera que reconocer desgaste o abrir dudas internas sobre Zapatero equivaldría a alimentar el discurso de la oposición y debilitar la cohesión de la legislatura. Por eso, la línea oficial es clara: esperar a que avance la investigación, defender la presunción de inocencia y evitar cualquier gesto que pueda interpretarse como una rectificación política anticipada.
La moción de censura vuelve al centro del debate político
En paralelo, la imputación de Zapatero ha servido para reactivar el debate sobre una eventual moción de censura contra Pedro Sánchez. Vox, a través de su líder Santiago Abascal, ha vuelto a exigir al Partido Popular que impulse esa vía parlamentaria para “retratar ante los españoles toda la extensión de la mafia y la posición de todos los diputados respecto a ella”.
Sin embargo, el PP mantiene enormes reservas. La razón principal es matemática. La Constitución española exige que una moción de censura sea constructiva, es decir, que incluya un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno. Además, necesita mayoría absoluta en el Congreso: al menos 176 votos favorables.
Actualmente, el Partido Popular y Vox no alcanzan esa cifra. Según reconoció la portavoz popular Ester Muñoz, “nos faltan cuatro votos”. Esa carencia convierte cualquier iniciativa de este tipo en una operación extremadamente arriesgada.
Desde el punto de vista técnico, el PP sí puede registrar una moción de censura. Para ello solo necesita el respaldo de una décima parte del Congreso, es decir, 35 diputados, una cifra que supera ampliamente con sus propios escaños.
El verdadero problema aparece en la votación final. Para desalojar a Sánchez de La Moncloa, Alberto Núñez Feijóo necesitaría atraer a partidos que actualmente sostienen al Ejecutivo o que, al menos, estén dispuestos a facilitar una mayoría alternativa. Ahí entran actores decisivos como Aitor Esteban, Míriam Nogueras o formaciones como PNV y Junts, cuyos movimientos se observan con enorme atención en Madrid.
El precedente de 2018 sigue muy presente. Entonces, esos mismos sectores facilitaron la caída de Mariano Rajoy mediante la moción presentada por Pedro Sánchez. Pero el contexto político actual es diferente y ninguno de esos socios ha mostrado, por ahora, disposición clara a respaldar una alternativa encabezada por Feijóo.
Moncloa reta a la oposición sabiendo que no tiene los números
Precisamente por esa falta de mayoría, el Gobierno se siente relativamente cómodo desafiando públicamente al PP y a Vox. “El que quiera presentar una moción de censura que lo haga”, señalan desde Moncloa, convencidos de que la oposición no dispone de los apoyos necesarios.
La estrategia del Ejecutivo consiste en trasladar la presión a la oposición y presentar cualquier intento fallido como una demostración de debilidad parlamentaria de Feijóo. En el entorno de Sánchez consideran incluso que una moción perdida reforzaría políticamente al presidente, permitiéndole aparecer como un dirigente capaz de resistir otra ofensiva parlamentaria.
Ese análisis explica también la prudencia del PP. En Génova consideran que presentar una moción condenada al fracaso podría convertirse en una victoria táctica para Sánchez. Algunos dirigentes populares llegan a describirla como “la última bala”, una herramienta que solo debería utilizarse cuando existan garantías reales de éxito.
Aunque Moncloa insiste en que la mayoría parlamentaria continúa intacta, en privado existe preocupación por la evolución del clima político entre los aliados de investidura.
Partidos como ERC, Compromís o sectores de Sumar ya han reclamado explicaciones al PSOE y han comenzado a alejarse del discurso inicial que atribuía la investigación judicial a un supuesto “lawfare”.
Especial atención genera la posición del PNV. La formación vasca mantiene oficialmente la prudencia, pero admite seguir la situación “día a día” con “tensión y preocupación”. El partido gobierna en Euskadi junto al PSE y evita movimientos bruscos, aunque internamente reconoce que el deterioro político podría acabar afectando a la estabilidad de la legislatura si aparecen pruebas directas contra el PSOE o si la comparecencia de Zapatero del próximo 2 de junio complica aún más el escenario.
Junts también incrementa la presión. Los independentistas catalanes llevan semanas denunciando la falta de iniciativa legislativa del Gobierno y el bloqueo parlamentario. Aunque evitan alinearse con el PP, su malestar evidencia que la mayoría que sostiene a Sánchez es mucho más frágil de lo que aparenta públicamente.
Todas las miradas políticas apuntan ahora hacia el 2 de junio, fecha en la que Zapatero deberá comparecer ante la Audiencia Nacional como investigado. Esa declaración puede convertirse en un momento clave tanto judicial como políticamente.
El Gobierno espera conocer además el contenido completo del informe elaborado por la UDEF, documento sobre el que el juez sustenta buena parte de las sospechas recogidas en el auto. En Moncloa insisten en que, si realmente existen pruebas concluyentes, deberán aparecer reflejadas en esos informes policiales. @mundiario