La controversia no gira únicamente en torno al importe del alquiler. El punto central es la titularidad del edificio y, sobre todo, qué Administración debe asumir los costes derivados de su utilización.
El inmueble de la calle General Castaños, en pleno distrito de Justicia de Madrid, continúa siendo considerado por el Estado un bien de dominio público estatal. Sin embargo, desde hace años sus dependencias son utilizadas por el TSJM, un órgano cuya infraestructura material debe proporcionar la Comunidad de Madrid tras la transferencia de las competencias en materia de Justicia.
Según el Ministerio de Justicia, el edificio no formó parte de aquel traspaso y tampoco existe actualmente un título jurídico que permita a la Comunidad utilizarlo sin contraprestación. Esa interpretación lleva al Ejecutivo central a plantear una regularización que afecta a una situación mantenida durante más de veinte años.
La cantidad reclamada asciende exactamente a 1.754.315,16 euros al año. Madrid dispone de dos meses para comunicar si acepta esa fórmula o si renuncia al inmueble.
El conflicto puede afectar al funcionamiento del TSJM
La cuestión adquiere una dimensión mayor porque no se trata de un edificio administrativo cualquiera. Allí desarrolla su actividad el principal tribunal de la jurisdicción madrileña, por lo que cualquier cambio de ubicación tendría consecuencias organizativas y económicas.
El requerimiento establece que, si la Comunidad no acepta las condiciones planteadas, el edificio debería quedar libre antes del 31 de diciembre. El Estado incluso contempla recuperar directamente la posesión del inmueble si Madrid no regulariza su situación.
El Ministerio también ha dejado sobre la mesa un posible destino alternativo para el complejo: acoger dependencias vinculadas al Tribunal Supremo. De esta manera, el enfrentamiento entre ambas administraciones no se limita a una discusión económica, sino que puede terminar provocando una redistribución de espacios judiciales en una de las zonas con mayor concentración de instituciones jurídicas de la capital.
La Ciudad de la Justicia añade otra pieza al problema
El momento elegido para reclamar el alquiler resulta especialmente relevante porque la Comunidad de Madrid mantiene en marcha su proyecto para concentrar buena parte de sus órganos judiciales en la futura Ciudad de la Justicia de Valdebebas.
El plan contempla una inversión de 653 millones de euros y una superficie superior a los 470.000 metros cuadrados. La previsión regional es que las obras concluyan en 2029 y que el nuevo complejo permita reunir en un mismo espacio los órganos que actualmente están repartidos por 26 sedes.
Ahí aparece una de las principales consecuencias de la disputa. Madrid podría tener que asumir ahora un coste anual por un edificio cuya utilización podría quedar condicionada por el traslado futuro de los tribunales. Al mismo tiempo, el Estado sostiene que no tiene sentido mantener indefinidamente una ocupación gratuita de un inmueble que jurídicamente sigue bajo su titularidad.
La disputa, por tanto, enfrenta dos cuestiones distintas pero conectadas: quién debe pagar por el edificio que utiliza actualmente la Justicia madrileña y cómo encaja ese gasto con una transformación mucho más amplia del mapa judicial de la Comunidad.
Más allá de la cifra, el caso pone sobre la mesa las consecuencias que pueden tener los antiguos traspasos de competencias cuando quedaron fuera determinados inmuebles o recursos materiales. Dos décadas después, aquella situación vuelve a convertirse en un asunto de primer nivel entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid. @mundiario
