El Senado suele quedar eclipsado por el Congreso durante las elecciones generales. La Cámara Baja decide la investidura y concentra buena parte de la iniciativa política de las Cortes, pero el 29 de noviembre la elección de la Cámara Alta tendrá una importancia excepcional. La razón está en una combinación poco habitual: un sistema electoral que premia la concentración del voto y una legislatura en la que la mayoría absoluta del PP convirtió el Senado en uno de los principales escenarios de confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez y una plataforma para nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional.
De ahí la carrera por la unidad de bloque. El PSOE y el Frente Amplio llegaron sobre la bocina a un acuerdo para presentar candidaturas conjuntas al Senado en 47 de 52 circunscripciones, con el propósito de impedir que el PP pueda reeditar la mayoría absoluta que ha disfrutado durante la legislatura. La reacción de los populares y de Vox ha sido extemporánea, pero ya se ven movimientos soterrados. Ambas formaciones negocian ahora fórmulas para evitar que la división de sus votos facilite una mayoría de la izquierda, que estaría sustentada en la nueva coalición Senado de Progreso.
La primera clave está en la propia papeleta. En el Congreso, el elector escoge una candidatura cerrada y los escaños se distribuyen entre las listas en función de los votos obtenidos, de manera proporcional, según la Ley D’Hont. En el Senado ocurre algo diferente, se vota directamente a candidatos individuales en listas abiertas bajo un sistema de voto mayoritario.
En las provincias peninsulares se eligen cuatro senadores y cada elector puede marcar hasta tres nombres. En Gran Canaria, Mallorca y Tenerife se eligen tres y se pueden seleccionar dos candidatos; en Ceuta y Melilla se eligen dos y también pueden marcarse dos nombres. En el resto de circunscripciones insulares se elige un senador.
Un elector puede repartir sus votos entre candidatos de distintas fuerzas, pero cuando los concentra en los tres candidatos de un mismo bloque, el sistema favorece de manera muy acusada a la candidatura que consigue situarse en cabeza. En una provincia peninsular, por ejemplo, el resultado habitual puede traducirse en tres senadores para el bloque más votado y uno para el segundo, dejando fuera al tercero, aunque la diferencia de votos entre ambos sea relativamente pequeña. Por eso, en esta elección, ser primero o segundo no tiene las mismas consecuencias que en un reparto proporcional convencional.
Dividir el voto de un mismo espacio político puede transformar una diferencia relativamente pequeña de votos en una diferencia mucho mayor de escaños. Y esa es precisamente la razón por la que PSOE y Frente Amplio han optado por agrupar candidaturas y por la que PP y Vox estudian hacer lo mismo, aunque mediante una fórmula diferente después de que se cerrara el plazo de registro de coaliciones el 16 de octubre.
PP y Vox se enfrentan al mismo dilema
La derecha se encuentra ahora ante el espejo de la misma aritmética de casi toda la izquierda. El PP parte de una posición dominante en el Senado después de la pasada legislatura, pero Vox nunca ha conseguido convertir su presencia electoral en una representación equivalente de senadores elegidos directamente. De ahí que Santiago Abascal haya abierto la puerta a “sacrificios” para impedir que la izquierda pueda hacerse con el control de la Cámara.
Como el plazo para registrar coaliciones electorales ya terminó, las opciones son más limitadas. Una de las fórmulas que se estudian es que Vox renuncie a concurrir en determinadas circunscripciones o reduzca su presencia para evitar que sus votos terminen favoreciendo indirectamente a candidatos del bloque progresista. También se ha planteado la posibilidad de algún tipo de coordinación con el PP.
La decisión es especialmente delicada para Vox porque retirarse de una provincia puede favorecer al PP y, por tanto, modificar la correlación de fuerzas dentro de la derecha. Pero concurrir por separado puede dividir el voto y dificultar que los candidatos conservadores alcancen las primeras posiciones.
Es decir, el Senado obliga a PP y Vox a resolver antes del 29-N una cuestión que en el Congreso pueden dejar para después de las elecciones: hasta qué punto están dispuestos a colaborar los dos principales partidos conservadores españoles. De hecho, ambas formaciones parecen haber llegado a una tregua tácita, después de que la confrontación en la oposición y la naturaleza de su relación de llegar a La Moncloa lastrara las opciones de desalojar a Pedro Sánchez.
¿Por qué importa tanto tener la mayoría?
La importancia del Senado no se limita al número de escaños. La Constitución le atribuye funciones legislativas, de control y territoriales que pueden tener consecuencias políticas de calado. Cuando el Congreso aprueba una ley, el Senado dispone, con carácter general, de dos meses para introducir enmiendas o formular un veto. El veto exige mayoría absoluta, aunque el Congreso puede levantarlo posteriormente en las condiciones previstas por la Constitución. En los procedimientos declarados urgentes, el plazo se reduce a 20 días.
Eso significa que una mayoría absoluta en la Cámara Alta no permite bloquear indefinidamente la legislación aprobada por el Congreso, pero sí puede retrasar su entrada en vigor, modificar su tramitación y elevar considerablemente el coste parlamentario y político de determinadas iniciativas.
La legislatura que acaba de terminar ha demostrado hasta qué punto esa capacidad puede convertirse en una herramienta de oposición. El PP utilizó su mayoría para impulsar reformas del Reglamento del Senado, promover comisiones de investigación y aprobar proposiciones de ley que después quedaron pendientes en el Congreso. El Constitucional anuló en 2025 una de las reformas reglamentarias impulsadas por los populares para dificultar la tramitación de la ley de amnistía, mientras que otras iniciativas posteriores quedaron igualmente sometidas al debate constitucional.
El Senado como ariete de la oposición
La transformación del Senado en uno de los principales escenarios de confrontación institucional ha sido uno de los rasgos de la legislatura. El PP promovió siete comisiones de investigación sobre asuntos como el caso Koldo, el CIS, la SEPI, el accidente ferroviario de Adamuz, RTVE, la DANA y el apagón de abril de 2025. Por ellas pasaron miembros del Gobierno, dirigentes socialistas y protagonistas de algunas de las investigaciones políticas y judiciales más relevantes de estos años.
Para el PSOE, esta utilización de la Cámara Alta demuestra que una mayoría absoluta de 160 escaños del principal partido de la oposición puede condicionar de manera significativa la agenda política aunque ese partido no gobierne. Para el PP, en cambio, la legislatura ha servido para reivindicar precisamente esa capacidad de control parlamentario frente al Ejecutivo. Ambas lecturas explican por qué el Senado ha adquirido un protagonismo que tradicionalmente no tenía en unas elecciones generales.
No obstante, el Senado no está compuesto exclusivamente por los senadores elegidos directamente en las urnas. Las comunidades autónomas designan un senador y otro adicional por cada millón de habitantes. Por eso el número total de miembros de la Cámara Alta puede variar con la población y con la composición de los parlamentos autonómicos.
La aritmética de la mayoría absoluta, por tanto, no depende únicamente del resultado de las 59 circunscripciones electorales del Senado, sino también de los senadores autonómicos que se incorporarán después de las elecciones. Controlar las instituciones autonómicas puede acabar teniendo consecuencias directas sobre la composición de la Cámara Alta. @mundiario
