El voto de más de 160.000 españoles residentes en el extranjero vuelve al Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional ha rechazado este miércoles, por una mayoría de diez magistrados frente a dos, el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para intentar levantar la suspensión cautelar del derecho al sufragio acordada por el alto tribunal para los nacionalizados al amparo de la denominada Ley de Nietos.
La decisión no supone que el Constitucional haya declarado legítima la exclusión del censo ni que haya resuelto el fondo de la controversia, sino que se basa en argumentos estrictamente procesales. La mayoría de los 12 magistrados entiende que el procedimiento iniciado en el Supremo sigue abierto y, por tanto, no se han agotado todas las vías de la jurisdicción ordinaria que exige el recurso de amparo.
El resultado deja una situación especialmente delicada a poco más de un mes de las elecciones generales del 29 de noviembre. El Supremo mantiene la suspensión y todavía debe valorar las alegaciones de los afectados. Mientras tanto, el calendario electoral avanza y el margen para corregir una eventual exclusión del censo se reduce cada día.
El auto del Constitucional, cuyo ponente ha sido el magistrado Enrique Arnaldo, sostiene que el recurso de Gabilondo es prematuro porque el Tribunal Supremo aún no ha cerrado el procedimiento. Los afectados pueden personarse y presentar alegaciones hasta este viernes, 23 de octubre.
El Constitucional considera “prematuro” el amparo
La mayoría considera relevante precisamente ese trámite. El Supremo podría modificar o incluso levantar las medidas cautelares después de estudiar los argumentos de quienes se vean afectados por ellas. Por ello, según el razonamiento asumido por el Pleno, no corresponde todavía al Constitucional intervenir mediante un recurso de amparo. El propio Defensor del Pueblo reconocía en su recurso que las alegaciones de los afectados podían llegar a provocar una modificación o el alzamiento de las medidas cautelares. Esa circunstancia ha sido determinante para la mayoría del tribunal de garantías.
No obstante, la resolución no ha sido unánime. Los magistrados del sector progresista Juan Carlos Campo y Ramón Sáez votaron en contra de la inadmisión y prepararán sendos votos particulares en los cuales defenderán la naturaleza del derecho afectado. El recurso del Defensor del Pueblo denunciaba que el sufragio de miles de ciudadanos españoles había quedado restringido mediante una medida cautelar, sin una intervención específica del legislador y sin que existiera un comportamiento individual atribuible a los afectados.
La discusión, por tanto, enfrenta dos principios constitucionales: por un lado, la subsidiariedad del recurso de amparo, que exige acudir primero a los tribunales ordinarios; y la protección de un derecho fundamental cuyo perjuicio puede resultar irreversible si las elecciones se celebran antes de que exista una resolución definitiva, aún si esta termina siendo favorable para los afectados.
El problema temporal es precisamente uno de los elementos más complejos del caso. Si los ciudadanos no pueden votar el 29-N, una decisión posterior favorable no podría devolverles ese derecho para unas elecciones ya celebradas. El propio Defensor del Pueblo advirtió de los efectos prácticos que puede tener la suspensión debido a la proximidad del proceso electoral.
El Supremo tiene ahora la última palabra
El origen de la controversia está en una decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que suspendió cautelarmente la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados afectados por una determinada interpretación de la Ley de Memoria Democrática, en particular en su disposición adicional octava. El alto tribunal no cuestionó su nacionalidad española. La controversia se circunscribe a su inscripción electoral y al derecho a participar en los próximos comicios.
El conflicto surgió alrededor de una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022 que establecía una presunción según la cual determinados emigrantes españoles entre 1939 y 1955 podían ser considerados exiliados a efectos de acogerse a la Ley de Memoria Democrática. La aplicación de esa interpretación permitió la nacionalización de cientos de miles de descendientes de españoles residentes fuera del país.
Iustitia Europa y Vox recurrieron ante el Supremo y cuestionaron que esa interpretación pudiera alterar de ese modo el censo electoral. El Supremo asumió cautelarmente parte de esos argumentos y consideró necesario suspender los efectos electorales de la inscripción de los afectados mientras se resuelve el litigio. Ahora, tras el rechazo del amparo, será nuevamente el Supremo quien tenga que valorar las alegaciones que presenten los afectados y decidir si mantiene, modifica o levanta la suspensión.
La nacionalidad no está en discusión
Una de las claves jurídicas para comprender el caso es que nadie está discutiendo que estas personas sean españolas. La controversia se refiere a las consecuencias electorales de una determinada inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). El Supremo ha separado la nacionalidad española del derecho al sufragio, toda vez que tener reconocida la ciudadanía española no ha sido puesta en duda.
La medida cautelar afecta a los nacionalizados que viven fuera de España y cuya inscripción en el censo se encuentra vinculada a la interpretación que extiende la suposición de descendiente de exiliado al solicitante. Los residentes en España no quedan afectados de la misma manera ya que no figuran en el CERA, sino que votan en un centro electoral cualquiera en territorio español.
Además, existe una vía para determinados afectados: acreditar mediante certificación consular que su nacionalización se produjo por su condición de descendientes de exiliados en los términos exigidos. Esa certificación permitiría recuperar la posibilidad de votar. El problema es el tiempo disponible para revisar miles de situaciones individuales antes del 29-N.
La resolución del Constitucional llega cuando el calendario electoral ya está en marcha. El Supremo debe escuchar primero a los afectados y después decidir sobre las medidas cautelares. El Defensor del Pueblo había recurrido precisamente por considerar que los efectos prácticos de la suspensión podían resultar irreversibles. Ángel Gabilondo ha respetado la decisión del máximo órgano de garantías, pero ha reiterado su preocupación por los españoles que puedan quedarse sin ejercer el derecho fundamental al voto.
La institución recuerda que este ha sido el único recurso de amparo presentado por Gabilondo durante sus cinco años como Defensor del Pueblo. Su intervención se produjo después de recibir peticiones de particulares y organizaciones preocupadas por la suspensión acordada por el Supremo. El Constitucional, sin embargo, ha optado por no anticiparse a la jurisdicción ordinaria. @mundiario
