Meta, la compañía matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, afronta una de las mayores sanciones económicas impuestas a una empresa tecnológica en Estados Unidos. Un juez de Nuevo México ha ordenado que pague 25.000 millones de dólares tras un proceso en el que un jurado concluyó que Facebook engañó a los consumidores sobre la protección de sus datos personales y sus políticas para controlar contenidos dañinos en la plataforma.
La resolución, dictada por el juez Francis Mathew, supone un golpe para la empresa dirigida por Mark Zuckerberg y devuelve al primer plano un escándalo que sacudió a Facebook en 2018: el acceso indebido a información de millones de usuarios por parte de Cambridge Analytica, una consultora política que trabajó para la campaña presidencial de Donald Trump en 2016.
La cuantía de la sanción no responde únicamente al volumen de información comprometida en aquel episodio. El tribunal tuvo en cuenta la reiteración de las infracciones, su duración, el alcance de las declaraciones consideradas engañosas y la implicación de altos cargos de la compañía. Según el jurado, Meta incurrió en más de 43 millones de infracciones de la legislación de protección al consumidor de Nuevo México.
La ley estatal permite imponer hasta 5.000 dólares por infracción. El juez consideró que ese máximo estaba justificado por la gravedad y la sistematicidad de la conducta, aunque redujo sustancialmente la cantidad que podía resultar del cálculo inicial. El documento judicial reflejó una cifra de 219.500 millones de dólares antes de fijar finalmente la sanción en 25.000 millones.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, había solicitado una multa de entre 35.000 y 40.000 millones, mientras que Meta defendió que la penalización no debía superar aproximadamente los 3.450 millones. La diferencia entre ambas posiciones revela el alcance de la disputa: no se trata solo de determinar qué ocurrió, sino de establecer qué consecuencias económicas corresponden a una conducta que el jurado consideró contraria a la legislación estatal.
Por qué se ha condenado a Facebook: las claves del caso
La demanda de Nuevo México se presentó en 2021, después de que salieran a la luz nuevos detalles sobre Cambridge Analytica. El caso se convirtió en un símbolo de los riesgos asociados a la recopilación masiva de datos y a la falta de transparencia sobre su utilización.
La consultora obtuvo información de hasta 87 millones de perfiles de Facebook a través de una aplicación de test de personalidad desarrollada por el investigador Aleksandr Kogan. Cerca de 300.000 personas utilizaron la aplicación, pero las condiciones técnicas de la plataforma permitían acceder también a determinados datos de sus amigos. La información terminó en manos de Cambridge Analytica sin el consentimiento de los usuarios afectados.
La consultora empleó esos datos para elaborar perfiles y segmentar mensajes políticos. Su trabajo para la campaña de Trump en 2016 convirtió el episodio en una controversia internacional sobre privacidad, propaganda digital y posible influencia electoral. Cambridge Analytica acabó cerrando en 2018, pero las consecuencias legales para Facebook continuaron durante años.
Nuevo México sostuvo que la empresa había transmitido una imagen engañosa de sus medidas de protección y de la forma en que terceros podían acceder a los datos. La acusación también se centró en las políticas de moderación de contenidos y en la respuesta interna de Facebook a las advertencias sobre sus prácticas.
El juez Mathew escribió que Facebook no realizó la investigación exhaustiva que había prometido después de las revelaciones. Según la resolución, la presión de los altos ejecutivos para contener los costes, la insuficiencia de recursos y el interés por evitar precedentes contribuyeron a una investigación interna que calificó de "intencionadamente ineficaz".
Meta rechazó las acusaciones y sostuvo durante el proceso que no se había demostrado que los consumidores hubieran sido engañados de la forma alegada por el Estado. También defendió que no vende los datos personales de sus usuarios y cuestionó que las declaraciones examinadas justificaran una sanción de semejante magnitud. La compañía anunció que recurrirá la decisión.
Uno de los elementos más relevantes de la sentencia es la forma de calcular la responsabilidad. El jurado determinó que 26 de las 29 declaraciones examinadas eran engañosas y atribuyó a Meta más de 43 millones de infracciones. El juez aplicó el máximo de 5.000 dólares por cada infracción reconocida, pero la sanción final quedó muy por debajo del importe teórico que podía resultar de multiplicar todas las infracciones por esa cantidad.
La resolución contempla, además, intereses del 15% anual hasta que se pague íntegramente la sanción. Si la decisión se mantiene y el proceso de apelación se prolonga, ese componente podría elevar la obligación económica. Sin embargo, el resultado definitivo dependerá de la evolución judicial y de las posibles modificaciones que se produzcan en las siguientes instancias.
Meta ha advertido de que la sanción amenaza su capacidad para operar en Nuevo México y ha cuestionado su compatibilidad con las garantías constitucionales contra las multas excesivas. La empresa también sostiene que el caso puede afectar a la libertad de expresión en internet, porque considera que las reclamaciones estatales pretenden imponer nuevas reglas sobre los contenidos publicados en sus servicios.
El Estado responde que el proceso no penaliza opiniones concretas, sino declaraciones empresariales que el jurado consideró engañosas sobre la privacidad y la gestión de sus plataformas. Esa distinción será importante en la apelación: los tribunales deberán examinar hasta dónde puede llegar un Estado al sancionar prácticas comerciales de una compañía digital y cómo se aplica el principio de proporcionalidad cuando se contabilizan millones de infracciones.
Una nueva condena en un año complicado para Meta
La multa por privacidad se suma a otros procesos que han aumentado la presión sobre la compañía. En marzo de 2026, un jurado de Nuevo México declaró a Meta responsable de infracciones relacionadas con la seguridad de los menores y le impuso 375 millones de dólares en sanciones civiles. En una fase posterior, un juez ordenó destinar otros 567 millones a un fondo para abordar los daños relacionados con la salud mental de adolescentes y exigió medidas de protección para los usuarios jóvenes.
Son procedimientos diferentes, con fundamentos jurídicos distintos. El caso de los 25.000 millones se centra en las prácticas comerciales, la privacidad y las declaraciones dirigidas a los consumidores; los otros procesos examinan cuestiones relacionadas con la protección de menores y los efectos de las plataformas. En conjunto, no obstante, muestran cómo las autoridades han pasado de discutir de forma general los riesgos de las redes sociales a someter prácticas concretas a revisión judicial.
En agosto, Meta también alcanzó un acuerdo de miles de millones de dólares para resolver reclamaciones presentadas por una coalición de fiscales generales estatales en otro litigio relacionado con la salud mental de menores. Nuevo México no se incorporó a ese pacto y mantuvo su propia demanda sobre Cambridge Analytica. Por ello, aquel acuerdo no cerró el caso que ha desembocado en la sanción actual.
El antecedente económico más conocido continúa siendo la multa de 5.000 millones de dólares que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso a Facebook en 2019 por incumplir compromisos anteriores sobre privacidad. En 2022, Meta también aceptó pagar 725 millones de dólares para resolver una demanda colectiva relacionada con Cambridge Analytica. La nueva resolución de Nuevo México supera ampliamente esos importes, aunque todavía está sujeta a la batalla judicial anunciada por la empresa.
El caso plantea una cuestión que afecta al conjunto del sector: qué responsabilidad deben asumir las plataformas cuando las prácticas de recopilación de datos, las declaraciones públicas sobre privacidad o los mecanismos de moderación no se ajustan a las obligaciones legales. Las redes sociales operan a una escala que permite alcanzar a millones de personas con una sola decisión de diseño o una política corporativa. Por eso, las autoridades buscan determinar si las sanciones tradicionales resultan suficientes para corregir conductas que afectan a audiencias masivas.
Para Nuevo México, la sentencia constituye una victoria jurídica y un instrumento de financiación pública. Torrez ha afirmado que el dinero se destinará a un fondo para la educación del Estado, de acuerdo con la legislación aplicable. La cuantía final, sin embargo, no debe confundirse con una cantidad ya cobrada: Meta prevé apelar y el procedimiento puede prolongarse. @mundiario
