El PSOE ha dejado transcurrir las 48 horas concedidas por Santiago Pedraz sin entregar la documentación que el magistrado había reclamado sobre los contratos de abogados, despachos y consultoras vinculados a la formación. Ferraz no ha optado, al menos de momento, por facilitar íntegramente la información solicitada, sino por presentar alegaciones ante el juez y reclamar que se tenga en cuenta el secreto profesional y la confidencialidad entre abogados y clientes.
La maniobra sitúa al partido ante un nuevo pulso con el instructor del caso Leire Díez. Pedraz había reiterado el pasado martes un requerimiento que ya había formulado el 6 de octubre y para el que, según la propia resolución judicial, no había recibido “contestación alguna”. En aquella segunda providencia concedió al PSOE un plazo de dos días para aportar la documentación.
Ahora, el partido sostiene que sí ha respondido, aunque no en los términos materiales que reclamaba el juez. Su secretaria de Organización, Rebeca Torró, ha defendido que Ferraz ha comunicado sus objeciones y ha pedido tiempo para determinar cómo puede facilitar la información sin vulnerar derechos fundamentales.
“Queremos decírselo al juez porque nosotros no queremos vulnerar ningún derecho fundamental de los abogados”, ha explicado Torró. La dirigente socialista ha convertido así la protección del secreto profesional en el principal argumento de la respuesta de Ferraz.
Cinco años de contratos bajo la lupa
La petición de Pedraz tiene un alcance considerable. El magistrado no solicitó únicamente información sobre los abogados que ya aparecen mencionados en la investigación. Reclama una relación completa de los letrados, despachos de abogacía y consultoras contratados por el PSOE entre 2021 y 2025, tanto por sus órganos centrales como territoriales.
Además, el juez quiere acceder a la documentación que permitió autorizar esas contrataciones y comprobar los servicios prestados: contratos, notas de encargo, expedientes y justificantes. La diligencia pretende ampliar el foco de la investigación y determinar si varios encargos profesionales y supuestas “facturas mendaces” respondieron efectivamente a servicios jurídicos o si pudieron utilizarse para canalizar pagos relacionados con la presunta trama investigada por Pedraz.
El origen de esta línea de investigación se encuentra en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La unidad de élite sostiene que la actual gerente federal del PSOE, Ana María Fuentes, habría participado, con la intermediación de Leire Díez y bajo las directrices atribuidas a Santos Cerdán, en la elaboración de dos notas de encargo profesional que los investigadores consideran presuntamente instrumentales. Una estaba relacionada con el despacho vinculado al abogado Ismael Oliver y otra con Jacobo Teijelo, letrado de Cerdán, ambos investigados en la causa. Es precisamente esa documentación la que Pedraz quiere contextualizar dentro del conjunto de contrataciones del PSOE.
Ferraz pide anonimizar los datos y limitar el acceso
El PSOE sostiene que entregar de forma indiscriminada todos los contratos podría revelar información que no tiene relación directa con la investigación. Según el escrito remitido al juez, la identificación de los profesionales y del objeto de sus encargos podría permitir conocer estrategias jurídicas, asuntos confiados a determinados letrados y datos de personas que no son investigadas.
Torró ha equiparado la entrega indiscriminada de los expedientes a una hipotética petición de los historiales médicos de todos los pacientes de un centro sanitario. El argumento de Ferraz es que la existencia de una investigación judicial no elimina automáticamente la protección de la información confiada a un abogado.
La formación asegura, además, que el PSOE no siempre es el cliente de los profesionales cuyos contratos reclama Pedraz. En algunos casos, según Torró, los clientes serían directamente militantes del partido, lo que a juicio de Ferraz implica mantener otra capa de protección a la información.
Por ello, la propuesta socialista pasa por facilitar inicialmente información económica agregada y anonimizada, con datos sobre importes, periodos y unidades de contratación, pero sin identificar a los abogados ni revelar el contenido de los asesoramientos. Si el juez considera imprescindible acceder a contratos concretos, el PSOE plantea que esa documentación sea reclamada de forma individualizada y mediante una resolución motivada, dentro de una pieza reservada y con garantías específicas para proteger la información amparada por el secreto profesional.
La Abogacía, llamada a pronunciarse
Ferraz ha acudido también al Consejo General de la Abogacía Española para buscar respaldo a su interpretación. El partido asegura que ha solicitado a esta institución criterios sobre cómo proceder ante el requerimiento judicial sin comprometer la confidencialidad de las relaciones entre abogados y clientes. El PSOE sostiene que está dispuesto a colaborar con la investigación, pero pretende que esa colaboración tenga límites cuando la documentación pueda afectar a derechos de terceros o a información protegida por el secreto profesional.
El partido afirma que ya estaba recopilando la información cuando recibió el segundo requerimiento y niega que su estrategia tenga como objetivo retrasar la instrucción. Ferraz argumenta que reunir cinco años de contratos de los órganos centrales y territoriales requiere consultar documentación dispersa entre distintas federaciones y estructuras internas, una tarea que además se desarrolla en plena campaña electoral. La dirección socialista sostiene que no pretende “ni dilatar ni eludir” el cumplimiento de lo acordado por el juzgado, sino establecer una fórmula jurídicamente segura para hacerlo.
El conflicto adquiere especial relevancia porque la contratación de determinados abogados constituye una de las líneas de investigación del procedimiento. Pedraz trata de esclarecer si algunos servicios jurídicos pudieron ser utilizados como cobertura para canalizar pagos relacionados con las actividades atribuidas a Leire Díez y a personas de su entorno. La UCO ha señalado posibles irregularidades en las notas de encargo vinculadas a Oliver y Teijelo. Según los investigadores, esos documentos podrían haber servido para aparentar relaciones profesionales destinadas a facilitar determinados pagos.
El PSOE rechaza esa interpretación. Torró ha defendido que las contrataciones cuestionadas correspondían a servicios jurídicos ordinarios y ha negado que la organización tuviera conocimiento de pagos destinados a financiar las actividades de la presunta trama. La posición oficial de Ferraz pasa por separar la actuación del partido de las responsabilidades que puedan corresponder a antiguos dirigentes o militantes. La secretaria de Organización ha apuntado expresamente hacia quienes formaron parte del PSOE en el pasado, entre ellos Cerdán, y ha sostenido que la organización no está implicada como tal. @mundiario
