TOLUCA, Edomex., 22 de abril de 2026.— Con el objetivo de reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y consolidar un frente contra la corrupción, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura, avaló tipificar el nepotismo como una falta grave. El proyecto, impulsado por el Grupo Parlamentario de Morena, establece sanciones severas que incluyen la destitución y la inhabilitación para ejercer cargos públicos por un periodo de hasta dos décadas.
Durante el análisis de la reforma, el legislador Carlos Zurita Trejo destacó que esta iniciativa responde de manera directa a la demanda ciudadana actual. El parlamentario subrayó que la sociedad mexiquense ya no acepta que familiares de los servidores públicos ocupen posiciones dentro de los ayuntamientos o entes públicos, señalando que estas conductas, además de ser inmorales, contravienen los principios de legalidad que deben regir a la entidad.
Rigor contra el influyentismo en la contratación
La propuesta aprobada prohíbe estrictamente la contratación, intervención o nombramiento de personal con parentesco consanguíneo, incluyendo padres, hijos, hermanos, sobrinos, nietos y abuelos. Asimismo, la restricción se extiende a vínculos por matrimonio o concubinato, afectando a suegros, yernos, nueras, cuñados, tíos y primos. Carlos Zurita hizo énfasis en que esta mala conducta debe ser castigada con la inhabilitación, asegurando que el servicio público no sea utilizado como una vía de beneficio familiar.
La medida es de alcance general, ya que se aplicará para contrataciones bajo cualquier modalidad, abarcando desde personal de confianza y de estructura, hasta plazas de base o contratos por honorarios. Al ser catalogada como una falta administrativa grave, el Tribunal de Justicia Administrativa tendrá la facultad de imponer suspensiones del cargo sin goce de sueldo e incluso multas económicas que podrían duplicar el beneficio obtenido indebidamente.
Sanciones económicas y reparación del daño
El proyecto legislativo puntualiza un esquema de castigos basado en la gravedad de la afectación patrimonial. La inhabilitación será de uno a diez años si el daño no excede las 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), pero se elevará al rango de diez a veinte años cuando se supere dicho monto o exista un perjuicio considerable a la Hacienda Pública.
Finalmente, la reforma establece mecanismos de responsabilidad solidaria para reparar la totalidad de los daños causados al patrimonio estatal o municipal. En caso de detectarse beneficios indebidos, los responsables estarán obligados al pago de indemnizaciones, garantizando que el combate al nepotismo en el Estado de México (EMX) no se limite a una sanción administrativa, sino que asegure la recuperación de los recursos públicos.
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