El Cabildo de El Paso puso fin al controvertido programa de cámaras Flock Safety al aprobar por unanimidad la retirada de los lectores automáticos de matrículas instalados en distintos puntos de la ciudad y cerrar la puerta a nuevos contratos de vigilancia vehicular fija.
Con una votación de 8-0, los representantes instruyeron a la administradora municipal, Dionne Mack, a garantizar que las cámaras y el equipo relacionado fueran retirados de propiedades, derechos de vía y espacios controlados por la Ciudad en un plazo máximo de 60 días.
La orden se aplicaría independientemente de quién fuera propietario del equipo. La Ciudad podría desmontarlo directamente o coordinar los trabajos con Flock Safety u otra empresa.
El representante Chris Canales incorporó una medida adicional: si al vencer el plazo todavía quedaban dispositivos instalados, éstos tendrían que cubrirse con bolsas opacas durante los siguientes 30 días, mientras se completaba su remoción.
Aunque las cámaras ya se encontraban fuera de servicio, los funcionarios consideraron necesario retirarlas físicamente ante las preocupaciones expresadas por residentes y organizaciones defensoras de la privacidad.
En una segunda decisión unánime, el Cabildo ordenó que la administración municipal se abstuviera de firmar, renovar o ampliar contratos con Flock Safety u otros proveedores de lectores automáticos de matrículas –conocidos como ALPR–, salvo que los propios representantes autorizaran nuevamente el uso de esta tecnología.
La medida buscó impedir que el sistema suspendido fuera reemplazado por otra compañía o por una red de vigilancia fija con características similares sin un nuevo debate público.
La instrucción no incluyó los lectores portátiles o instalados en patrullas, ni los sistemas utilizados específicamente para estacionamientos, control de acceso o cobro de peajes.
La abogada municipal, Karla Nieman, deberá preparar y presentar en un plazo de 30 días una resolución para formalizar la disposición. El costo que tendría retirar los aparatos todavía se encontraba bajo análisis.
La iniciativa fue presentada por Canales y Josh Acevedo, representantes de los distritos 8 y 2, respectivamente. Ambos habían cuestionado el alcance de la red y la posibilidad de que la información recopilada fuera utilizada con fines distintos a las investigaciones criminales.
“Existen muchas preocupaciones sobre la privacidad, por lo que debemos asegurarnos de retirarlas”, manifestó Acevedo.
El representante explicó que lo más conveniente sería que Flock Safety desmontara sus propios equipos. Sin embargo, advirtió que la ciudad podría recurrir a otra compañía y buscar posteriormente el reembolso de los gastos si la empresa no cumplía.
Canales había señalado que los sistemas de la compañía eran susceptibles al uso indebido y celebró previamente la suspensión del programa al considerar concluido el “experimento” de vigilancia en El Paso.
La Policía de El Paso defendió la utilidad operativa de los lectores para localizar vehículos robados, personas desaparecidas y automóviles vinculados con delitos. El jefe Peter Pacillas incluso advirtió que la suspensión podría retrasar algunas respuestas policiales. No obstante, los representantes municipales optaron por colocar las garantías de privacidad y supervisión pública en el centro de su decisión.
El Paso contaba con alrededor de 150 cámaras Flock, adquiridas mediante recursos de la Autoridad para la Prevención de Delitos relacionados con Vehículos Motorizados de Texas.
A diferencia de una cámara tradicional, estos dispositivos podían registrar matrículas, ubicación y hora de paso, además de características como marca, modelo, color, calcomanías o daños visibles en los vehículos. La información podía integrarse en redes consultadas por agencias policiales de diferentes lugares.
El Departamento de Policía suspendió el uso del sistema a principios de septiembre, después de que el gobernador Greg Abbott ordenara a las agencias estatales detener el financiamiento destinado a las cámaras Flock.
La decisión estatal ocurrió luego de conocerse que Texas había destinado por lo menos 30 millones de dólares al desarrollo de esa red. Desde 2023, la autoridad estatal había apoyado la instalación de al menos 3 mil 200 cámaras para dependencias estatales y corporaciones locales. Parte del dinero provenía de un cargo de un dólar agregado a las pólizas de seguros de automóviles para combatir delitos como el robo de convertidores catalíticos.
Abbott justificó el freno ante los casos de presunto uso indebido y la creciente inquietud entre legisladores republicanos y demócratas. En Texas, agentes de diversas corporaciones habían sido suspendidos, investigados o acusados por posibles abusos relacionados con las consultas de las bases de datos.
El debate no se limitó a El Paso. En distintas ciudades estadounidenses surgieron cuestionamientos sobre la capacidad de estas redes para reconstruir los desplazamientos de una persona, compartir información entre jurisdicciones y almacenar datos de conductores que no eran sospechosos de ningún delito.
Quienes respaldaban los sistemas argumentaron que ayudaban a recuperar vehículos robados, encontrar personas desaparecidas y resolver delitos graves. Los opositores, en cambio, advirtieron que la falta de controles uniformes podía convertir una herramienta policial en un mecanismo de vigilancia masiva.
La preocupación aumentó después de documentarse casos de uso no autorizado. En California, por ejemplo, un policía de San José fue despedido tras utilizar presuntamente la base de datos para localizar a una mujer relacionada con un caso de violencia doméstica y compartir su ubicación con el supuesto agresor.
La controversia también llegó al Congreso, donde legisladores de ambos partidos impulsaron propuestas para restringir el uso de lectores automáticos de matrículas y exigir mayores garantías de privacidad. Al menos una veintena de ciudades y condados de Texas ya había cancelado contratos, suspendido o rechazado programas.
