El Congreso del Estado de Yucatán aprobó ayer por unanimidad la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XI, inciso A, de la Constitución Política Federal, en materia de feminicidio, la cual fue enviada por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
En su calidad de Constituyente Permanente, el Poder Legislativo local sesionó para que exista una ley general en la materia que permita homologar los tipos penales, sanciones y criterios de investigación en todo el país.
Las diputadas Clara Rosales Montiel (Morena), Zhazil Méndez Hernández (PAN) y Larissa Acosta Escalante (MC) hablaron a favor de la minuta, cuya iniciativa fue enviada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al Senado de la República, a fin de que el Congreso de la Unión emita una ley general para combatir este delito.
“En México el feminicidio no es un hecho aislado, es la expresión más extrema y violenta de un sinfín de violencias, que durante años ha sido de manera integral; sin embargo, hay obstáculos”, dijo Clara Rosales al hacer uso de la palabra.
La morenista manifestó que el problema no comienza con el asesinato, sino con el primer acoso que nadie sancionó, la primera denuncia que no avanzó y la primera carpeta que se archivó, “y cuando el Estado falla, lo que sigue en ese momento no es casualidad, es impunidad”.
La legisladora señaló que actualmente el feminicidio se investiga en forma distinta, dependiendo de la entidad, se sanciona distinto según el código penal local y, en algunos casos, ni siquiera se acredita correctamente.
Zhazil Méndez indicó que nombrar, sancionar y tipificar el feminicidio significa aceptar una realidad que durante mucho tiempo ha sido inmoral.
“Hay mujeres que son asesinadas por el hecho de ser mujeres en contexto de violencia, discriminación y desigualdad”.
“El problema no es solo la ausencia de castigo, sino la falta de prevención, de atención integral para las mujeres que viven violencia todos los días. Muchas mujeres denuncian y no reciben protección oportuna, o buscan ayuda y se encuentran con instituciones saturadas e indiferentes y poco preparadas”, expresó.
Luego agregó que hablar de justicia no se puede limitar a castigar después, sino a actuar antes, “prevenir, proteger y acompañar”.
Para ello, recalcó que se necesitan políticas públicas que funcionen, espacios seguros, atención psicológica y legal accesible, medidas de protección y autoridades que escuchen y actúen con perspectiva de género.
“32 versiones de feminicidio”
Larissa Acosta subrayó que nunca se debió permitir que el feminicidio se fragmentara en 32 versiones distintas de justicia, pues cada entidad atiende y sanciona de manera diferente ese tipo de delito.
La diputada de Movimiento Ciudadano enfatizó que como joven, abogada y, sobre todo, como mujer, se niega a aceptar que su vida valga distinto dependiendo del estado en el que esté.
“Esta reforma sí importa, porque permite construir una ley general de feminicidio que ponga un piso mínimo, uno donde no haya excusas técnicas para no actuar, uno donde la justicia no dependa del código postal, pero también lo digo con toda claridad. Voto a favor, pero no voto tranquila, porque ese voto no va a salvar a nadie hoy”.
En otros puntos, durante la sesión se dio entrada a una serie de iniciativas que buscan reformar el marco jurídico local en materia de salud, seguridad y derechos humanos, destacando propuestas orientadas a la protección de menores, adultos mayores y la salvaguarda de la salud pública.
Entre los puntos más relevantes, las fuerzas políticas presentaron proyectos de decreto destinados a endurecer las medidas contra la cohabitación forzada de menores, así como propuestas para garantizar la trazabilidad de medicamentos, buscando frenar la falsificación de fármacos y fortalecer el control sanitario.
Asimismo, se puso sobre la mesa temas de inclusión con la iniciativa que busca la creación obligatoria de Comisiones de Asuntos Indígenas en los 106 municipios, garantizando así un espacio de atención directa a las comunidades originarias en la toma de decisiones locales.
El Poder Legislativo también turnó a las comisiones correspondientes iniciativas para ampliar los derechos de niñas, niños y adolescentes, además de reformas a la ley de adultos mayores, bajo el enfoque de promover un envejecimiento activo y saludable en la entidad.
Además de las reformas legales, se dio cuenta de la solicitud del Ejecutivo Estatal para la donación de bienes muebles a los ayuntamientos de Mérida (906 artículos) y Chemax (182 artículos), con el fin de fortalecer la operatividad de dichas administraciones municipales. De igual manera, se presentó el informe trimestral sobre la distribución de las participaciones federales del Ramo 33, correspondiente al periodo del 1 de enero al 31 de marzo de 2026
En la misma sesión, el Congreso también recibió en comparecencia al titular de la Agencia de Transporte de Yucatán, Jacinto Sosa Novelo, para evaluar el estado del servicio de movilidad estatal, de lo que informamos en nota aparte.
En la parte de asuntos generales, el diputado Javier Renán Osante Solís (MC) propuso una reforma en materia de pensiones para servidores públicos; mientras que la diputada Sayda Melina Rodríguez Gómez (PAN) presentó una propuesta sobre optimización de recursos y reciclaje.
A su vez, la diputada Larissa Acosta Escalante presentó un punto de acuerdo para garantizar el derecho a una alimentación digna y que la tortilla tenga un precio justo, el cual no fue aprobado por mayoría de los legisladores.
También hicieron uso de la tribuna los diputados morenistas José Julián Bustillos Medina, Mario Alejandro Cuevas Mena y Wilmer Manuel Monforte Marfil, y el diputado Álvaro Cetina Puerto, del PAN.— IVÁN CANUL EK
Congreso de Yucatán | Iniciativas
En la sesión plenaria de ayer en el Congreso se presentaron diversas iniciativas de ley.
Propuestas
Se presentaron proyectos para endurecer las medidas contra la cohabitación forzada de menores y garantizar la trazabilidad de medicamentos para frenar la falsificación de fármacos y fortalecer el control sanitario.