• Ricardo Monreal presentará iniciativa para frenar el outsourcing simulado.
• Se modificará la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social.
• La propuesta define servicios especializados como aquellos con recursos propios del contratista.
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados anunció que presentará una iniciativa para impedir que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas.ARCHIVO VANGUARDIA
La propuesta propone cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, anunció que presentará una iniciativa para impedir que la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas sean utilizados como un mecanismo para eludir la prohibición del outsourcing.
La propuesta que está terminando y presentará en el actual periodo ordinario de sesiones, dijo, propone cambios a diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social.
Entre ellos, define el concepto de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas como aquellos que impliquen conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa que las personas físicas o morales no posean y sean aportados por el contratista con sus recursos y medios propios.
Prohíbe que los beneficiarios dispongan u ordenen al personal del contratista la realización de actividades que formen parte de su objeto social o actividad económica preponderante.
Además, les prohíbe ejercer funciones reales de mando u organización sobre el personal del contratista y les ordena incorporar en los contratos un anexo técnico mediante el cual se justifique y acredite que carecen de los conocimientos técnicos, equipo, infraestructura o capacidad operativa necesarios para desarrollar por sí misma las actividades subcontratadas.
“Dicho anexo deberá contener, al menos, la descripción de las actividades contratadas, la identificación de los recursos técnicos, materiales y humanos necesarios para su ejecución, así como una declaración de los recursos con los que cuenta la beneficiaria y las razones objetivas que justifican la contratación”, señala.
La propuesta indica que la acreditación deberá sustentarse en documentación verificable, que quedará sujeta a la inspección y vigilancia de la Secretaría del Trabajo.
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