¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de México y el mundo!¡Sigue a Publimetro en Google!Seguir en GoogleCuando un juez ordena desocupar una vivienda, el Gobierno de la ciudad no puede mirar a otro lado y decir que el asunto es entre particulares. Tampoco le corresponde modificar lo que resolvió un tribunal. Pero respetar una decisión judicial no nos exime de atender sus consecuencias sociales. Ahí es donde la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, nos ha pedido estar.
La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México propone crear un Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, coordinado por la Secretaría de Gobierno. Su propósito es acompañar a las personas que enfrentan una orden judicial de desocupación de vivienda, identificar riesgos sociales o humanitarios y procurar que la diligencia transcurra en paz.
La propuesta reúne a la Consejería Jurídica, Metrópolis, Vivienda, Bienestar, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, DIF, C5, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México y la Defensoría de Relaciones Inquilinarias. Prevé como invitados permanentes a la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y el Copred. Esta coordinación busca que las necesidades de una familia encuentren respuesta en las instituciones responsables.
La tarea será coordinar a las instituciones para acercar los apoyos disponibles y buscar alternativas habitacionales para quienes lo necesiten, con especial atención a las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
Identificar el riesgo social o humanitario permite reconocer necesidades que no se resuelven con la sola ejecución de una orden judicial. Hay familias que requieren orientación, acceso a programas sociales o apoyo para encontrar dónde vivir. El acompañamiento debe traducirse en atención concreta, especialmente cuando salir de una vivienda significa quedarse sin una red de apoyo.
Conviene dejarlo claro: acompañar no significa frenar una resolución ni intervenir en las decisiones judiciales. La ejecución corresponde a la autoridad judicial. Cuando se requiera el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, su actuación debe proteger la integridad de las personas y sus bienes, con apego a la ley y a los derechos humanos.
También importa cómo se tratan las pertenencias. Quienes realizan labores de traslado, carga y resguardo tienen contacto directo con las familias en un momento difícil. La capacitación en derechos humanos e igualdad sustantiva que contempla la propuesta busca que actúen con cuidado y respeto. Quien ha visto un desalojo de cerca sabe que esto no es un detalle menor.
La propuesta prevé, además, que la Secretaría de Vivienda apoye el traslado y almacenaje de enseres de personas de grupos de atención prioritaria en condiciones de vulnerabilidad económica, conforme a su disponibilidad presupuestal.
No queremos desalojos violentos ni violaciones a los derechos humanos. Tampoco familias en situación de vulnerabilidad desprotegidas, enseres abandonados en la vía pública ni personas pasando la noche en la calle. Para evitar estas situaciones, la propuesta plantea un acompañamiento institucional que permita coordinar apoyos y atender a las familias afectadas.
El cumplimiento de una resolución judicial debe ir acompañado de atención social. Nuestra responsabilidad es estar presentes, proteger los derechos humanos y buscar alternativas para que las familias no queden desamparadas.
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