Madres afectadas por el caso de violencia sexual de infantes en guardería Gussi buscan apoyo legislativo.
Un grupo de cuatro madres expusieron detalles de la carpeta de investigación a la diputada local por Morena, María Antonieta Pérez Reyes.
Tras 18 meses de que se denunciaron públicamente los posibles casos de violencia sexual contra niñas en la guardería Gussi, las madres siguen esperando respuestas. Cuatro de ellas se reunieron con la legisladora para exponer, de manera privada, el estado de sus casos y una preocupación que comparten: los expedientes no avanzan y, en algunos aspectos, sienten que la investigación ha retrocedido.
Las madres relataron que sus hijas, algunas de apenas uno, dos y tres años, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando ocurrieron los hechos denunciados. Hoy, además del dolor de lo sucedido, enfrentan la incertidumbre de un proceso que, aseguran, no les ha dado la certeza de que las autoridades estén investigando con la misma seriedad con la que ellas han tenido que insistir durante meses.
Particularmente grave, señaló la diputada, es el señalamiento de las madres respecto a que desde la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) se estaría planteando la posibilidad de que las agresiones hubieran ocurrido fuera de la guardería, sin que —según refieren— se les hayan presentado elementos suficientes que sustenten esa hipótesis.
“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, sostuvo.
La legisladora informó que ya trabaja con su equipo jurídico en la revisión del estado que guardan los expedientes y que buscará sumar a organizaciones especializadas, como Casa Amiga, para acompañar a las familias y definir una estrategia jurídica que permita exigir resultados a las autoridades.
