Junts ha despejado finalmente la incógnita que durante toda la jornada había mantenido en vilo al Gobierno. La dirección del partido ha acordado rechazar los dos reales decretos de vivienda que el Consejo de Ministros aprobó esta semana y que serán sometidos a convalidación este viernes en el Congreso de los Diputados.
La decisión llega después de una reunión extraordinaria de la ejecutiva de Junts, convocada de urgencia por el secretario general de la formación, Jordi Turull. Hasta prácticamente el final del día, el partido había evitado adelantar cuál sería el sentido de sus votos, consciente de que sus diputados podían resultar determinantes para el futuro de las iniciativas.
El rechazo supone un importante obstáculo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que había depositado buena parte de sus expectativas en conseguir apoyos suficientes entre sus socios parlamentarios. Podemos había anunciado su respaldo a ambos decretos y el PNV había confirmado que apoyaría el primero, aunque rechazaría el segundo. Con Junts situado finalmente en el 'no', el escenario parlamentario se complica considerablemente.
La formación independentista catalana ha justificado su posición por sus discrepancias con el contenido de los decretos. Junts sostiene que las medidas planteadas por el Gobierno no atacan las causas estructurales de la crisis de vivienda y considera que algunas de las propuestas pueden terminar teniendo efectos contraproducentes sobre el mercado.
Uno de los principales argumentos del partido es el posible impacto sobre la oferta de viviendas. Junts teme que determinadas medidas de intervención puedan desincentivar a propietarios y reducir el número de inmuebles disponibles para el alquiler, con el consiguiente riesgo de que los precios continúen aumentando. Estas son las razones que la formación ha situado en el centro de su rechazo.
La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ya había expresado el miércoles su "decepción" y "preocupación" por los textos aprobados por el Gobierno. Según explicó entonces, las propuestas no respondían a dos de las prioridades que Junts había planteado: proteger a las familias y actuar contra las operaciones de los grandes fondos de inversión inmobiliaria.
El partido también ha defendido durante las últimas horas la necesidad de proteger al pequeño propietario. Esta cuestión ocupa un lugar central en su argumentación, especialmente ante las medidas destinadas a reforzar la protección de los inquilinos y modificar determinadas condiciones de los contratos de arrendamiento.
Dos decretos diferentes, un problema parlamentario común
El Congreso debatirá este viernes dos textos distintos. El primero, el Real Decreto-ley 26/2026, incluye un amplio paquete de medidas para proteger la función social de la vivienda y aumentar la oferta de vivienda asequible.
Entre sus disposiciones aparecen limitaciones temporales a determinadas adquisiciones de vivienda, medidas de protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables, refuerzo de la protección de los arrendatarios, regulación de la figura del gran tenedor y distintas modificaciones fiscales.
El segundo decreto, el Real Decreto-ley 27/2026, está centrado en reforzar la estabilidad de los contratos de alquiler de vivienda habitual. Es precisamente esta iniciativa la que cuenta con una oposición más amplia, ya que el PNV también ha anunciado su rechazo.
La posición de Junts afecta, por tanto, a dos votaciones diferentes, aunque el escenario parlamentario no es idéntico en cada una de ellas. El primer decreto había logrado reunir apoyos de Podemos, PNV y otros grupos, mientras que el segundo afrontaba mayores dificultades incluso antes de conocerse la decisión definitiva de los independentistas catalanes.
La decisión de Junts llega después de una jornada en la que Pedro Sánchez había reclamado públicamente el respaldo de los grupos parlamentarios. El presidente del Gobierno ha presentado las medidas como una respuesta a una demanda social vinculada a las dificultades de acceso a la vivienda y ha reclamado a los diputados que definan su posición ante los decretos.
El Ejecutivo había asumido desde el principio que la convalidación de los textos requeriría una compleja negociación parlamentaria. La aritmética del Congreso deja poco margen para que el Gobierno pueda permitirse perder apoyos entre sus socios habituales.
El anuncio de Podemos había supuesto un alivio parcial para el Ejecutivo. La formación de Ione Belarra confirmó que sus cuatro diputados votarían a favor de ambos decretos después de reunirse con la Confederación de Sindicatos de Inquilinas. El PNV, por su parte, decidió apoyar el primer texto y rechazar el segundo.
Pero la negativa de Junts vuelve a colocar la votación en un escenario especialmente complicado. La formación catalana había mantenido hasta última hora la posibilidad de apoyar, abstenerse o rechazar los decretos, y finalmente ha optado por el voto contrario.
La vivienda vuelve a convertirse en un pulso político
La votación de este viernes llega en un momento de fuerte presión política y social alrededor del acceso a la vivienda. El Gobierno ha intentado presentar los decretos como una respuesta inmediata a una problemática que afecta especialmente a los hogares con dificultades para asumir los costes del alquiler y de la compra.
Junts, sin embargo, considera que la respuesta planteada no ofrece garantías suficientes y que algunas de las medidas pueden terminar agravando el problema que pretenden solucionar. El partido ha insistido en que cualquier reforma debe tener en cuenta también los efectos sobre quienes poseen una vivienda y sobre la disponibilidad de inmuebles en el mercado.
Con la decisión de Junts ya confirmada, el debate parlamentario del viernes se presenta como una prueba especialmente relevante para el Gobierno. Los diputados tendrán que pronunciarse sobre dos paquetes legislativos diferentes, en una votación en la que los apoyos ya anunciados muestran importantes diferencias entre los grupos.
El Congreso iniciará el debate a partir de las 11.00 horas. El resultado determinará si las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros entran definitivamente en vigor o quedan sin convalidar. @mundiario
