El gobierno de Morelos enfrenta ahora un conflicto que no estalla de improviso, sino que lleva años latiendo bajo la superficie: el de los transportistas, en particular los concesionarios del transporte público con itinerario fijo, los llamados ruteros. En Morelos, como en buena parte del país, el transporte público no es solo un servicio: es un instrumento político. Y cuando un servicio público se convierte en moneda de cambio, la ciudadanía termina pagando el costo más alto.
El problema no es nuevo, pero hoy vuelve a colocarse en el centro de la agenda.
Un servicio atrapado en una paradoja
La paradoja del transporte en Morelos es evidente:
- mala calidad,
- vehículos en condiciones deplorables,
- inseguridad cotidiana,
- y, aun así, una de las tarifas más altas del país.
Los datos son contundentes: de mil unidades revisadas mecánicamente, solo una pasó sin observaciones. El resto presentó fallas, muchas de ellas graves. Es decir, el sistema opera sobre una base de riesgo permanente para los usuarios.
A pesar de ello, el costo actual —10 pesos— ya es de los más altos del país. Y aun así, los ruteros pretenden un incremento a 15 pesos, un golpe del 50 por ciento de un día para otro.
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede un servicio tan malo aspirar a ser tan caro?
Concesionarios y choferes: dos mundos distintos
El conflicto suele presentarse como “los transportistas” contra el gobierno. Pero esa categoría es engañosa. En realidad, hay dos actores con intereses muy distintos:
- Los concesionarios, quienes presionan políticamente, negocian directamente con el gobierno y obtienen los beneficios.
- Los choferes, quienes trabajan sin prestaciones, con jornadas inhumanas y bajo condiciones laborales que rozan la explotación.
Los primeros son los que deciden. Los segundos son los que cargan con el desgaste. Y la ciudadanía es la que paga.
La presión como método
Ayer por la noche, los ruteros lograron lo que buscaban: que el gobierno abriera una mesa de diálogo para hoy. La estrategia fue la de siempre:
- amenazas de paro,
- suspensión del servicio,
- protestas coordinadas.
El gobierno no sabemos si ya cedió. No porque haya argumentos técnicos, pero puede ser si los ruteros ejercieron de nueva cuenta la presión que coloca siempre a los usuarios como rehénes.
La mesa que se instalará hoy no estamos seguros qué discutirá, si como dicen cuándo y de cuánto será el alza. ¿Qué podrían poner sobre la mesa para cambiar las cosas? Hay una nueva ley, pero parece que los concesionarios están empeñados en que nada detenga su obstinación por subir la tarifa.
La discusión de nueva cuenta parece ser no es sobre la calidad del servicio, la seguridad o la renovación del parque vehicular. La discusión parece ser sobre el precio. Otra vez.
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