Washington— La Corte Suprema aceptó el jueves revisar una política de la administración Trump que niega audiencias de fianza a los inmigrantes, mientras el gobierno lleva a cabo una amplia ofensiva migratoria.
Los jueces considerarán si los inmigrantes que han vivido en Estados Unidos tienen derecho a una audiencia para determinar si deben permanecer detenidos mientras impugnan su posible deportación.
El caso pondrá a prueba uno de los pilares clave de la agenda migratoria de línea dura de la administración Trump.
La mayoría de las cortes de apelaciones que han examinado el tema han determinado que detener a inmigrantes —incluidos quienes se encuentran de manera ilegal en Estados Unidos— sin una audiencia de fianza viola la ley federal.
Esas decisiones entran en conflicto con fallos del Quinto y el Octavo Circuito, los cuales determinaron que los inmigrantes acusados de entrar y permanecer de manera ilegal en Estados Unidos deben permanecer detenidos mientras sus casos de deportación están pendientes.
El Paso y todo Texas caen bajo la jurisdicción de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito.
La Corte Suprema aceptó escuchar el caso de Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha, ciudadano de Brasil. Las autoridades dicen que entró a Estados Unidos de manera ilegal hace dos décadas y solicitó asilo en 2016. Solicitó una audiencia de fianza después de que un juez de inmigración determinara que su detención era obligatoria, tras su arresto en septiembre de 2025.
Nunca ha sido acusado ni condenado por ningún delito, dijeron sus abogados. Se espera que la Corte escuche el caso en los próximos meses.
La administración del presidente Donald Trump había exhortado a la Corte Suprema a tomar un caso distinto, pero relacionado, que aborda las implicaciones constitucionales más amplias de la nueva política.
Abogados de la administración republicana argumentan que la división entre los circuitos "está alterando la administración ordenada de la ley de inmigración".
Dicen que las cortes del país han sido inundadas con miles de peticiones presentadas por inmigrantes que impugnan la interpretación legal del gobierno.
"El resultado es un mosaico inviable de aplicación inconsistente de la ley migratoria, donde los extranjeros presentes sin admisión están sujetos a detención obligatoria en algunos circuitos, pero tienen derecho a audiencias de fianza y a menudo son liberados en otros", escribieron los abogados de la administración.
Los demandantes son inmigrantes representados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la cual dice que cientos de jueces de cortes de distrito se han sumado a la mayoría de los circuitos al rechazar la nueva interpretación de la administración Trump sobre los estatutos.
Los abogados de los demandantes dicen que la administración está intentando negar audiencias de fianza a los inmigrantes detenidos en cualquier parte de Estados Unidos —sin importar cuánto tiempo hayan vivido en el país—, en lugar de limitar la restricción a personas no ciudadanas detenidas en la frontera.
"Millones de personas no ciudadanas podrían verse afectadas por la nueva interpretación del gobierno", escribieron los abogados de la ACLU.
La administración Trump dice que su nueva política de detención obligatoria es legal, conforme a una ley de inmigración de 1996. El cambio de política se aparta de las prácticas de administraciones anteriores, las cuales por lo general permitían que la mayoría de las personas no ciudadanas sin antecedentes penales solicitaran una audiencia de fianza, si eran arrestadas lejos de la frontera.
